La semana pasada, el Gobierno, en la voz de dos de sus ministros, sostuvo que su objetivo era lograr acuerdos en el Congreso para sus reformas, pero que “nadie está obligado a lo imposible”, de modo que si esos consensos no son posibles utilizaran la vía administrativa para llevarlas a cabo. En resumen,“gobernar por decreto” y así eludir al Parlamento, lugar donde carece de mayoría.

Aunque éste es un incentivo perverso que tienen los sistemas presidenciales, porque realzan desmedidamente el cesarismo en un sistema democrático, es una herramienta que suelen utilizar los gobiernos. Sin embargo, la derecha tiene una extraña relación con esta forma. Durante la Unidad Popular demonizó la tesis que hoy reivindica y que en esos tiempos fue conocida como “resquicios legales”, construida por Eduardo Novoa Monreal, uno de los grandes juristas nacionales del siglo XX, y que en un libro de 1992 lo sistematizó bajo una impecable construcción lógica.

Por su parte, tras el retorno a la democracia, la derecha se opuso a que las administraciones de la Concertación, que carecían de mayorías cualificadas producto del sistema binominal, implementaran sus reformas mediante la “vía administrativa”. Para ello utilizaron las reglas de la Constitución de 1980 y como guardián al Tribunal Constitucional, precisamente para combatir el “gobernar por decreto”, porque esto era una nueva manifestación de los “resquicios legales”.

Pese a este pasado, la pretensión de hoy de la derecha puede ser considerada como justificada, especialmente dado el consenso técnico existente de que muchas políticas públicas dependen esencialmente del “Gobierno burocrático” más que del Congreso. Con todo, para que estas sean respetadas como legítimas deben cumplir con ciertos estándares: Dictar esas reglas con base en evidencia, que ésta se acredite en un procedimiento susceptible de escrutinio, que respondan preguntas elementales de calidad regulatoria y, sobre todo, que se garantice la participación de todos los interesados.

Es probable que la administración Piñera piense que “gobernar por decreto” le dará flexibilidad política, pero puede estar cometiendo un gran error. Promover políticas públicas desde el Ejecutivo, sin intervención del Congreso, en la actualidad y sobre todo bajo estándares OCDE, le imponen una gran cantidad de obligaciones, una de ellas, y quizá la más importante, es la deliberación directa en los espacios regulados de participación ciudadana.

Esto no es simple retórica. Omitir esas obligaciones transformará nuevamente en protagonista a la Contraloría. La misma que desde 1943 es reconocida en la Constitución como el cuarto poder, precisamente para controlar los excesos del cesarismo presidencial.

Aún persisten brechas de género en el mercado laboral. Algunas se manifiestan en menores posibilidades de inserción de la mujer. En 2017, la tasa de participación femenina de 15 a 64 años en Chile fue de 57%, cifra bastante menor al 77% de los hombres y al 64% promedio de la OCDE. Además, la tasa de desempleo femenina es permanentemente superior a la de los hombres, independiente de la etapa del ciclo económico. Las últimas cifras muestran que la tasa de desocupación de las mujeres fue de 7,5%, mientras que la de los hombres se ubicó en 6%. Otra de las brechas es la salarial. Perticará y Bueno (2009) muestran que, controlando por experiencia laboral efectiva y educación, las mujeres ganan entre un 11% y un 18% menos. Fuentes et al (2005) encuentra que las mujeres perciben 27% menos de salario que los hombres teniendo iguales características en términos de capital humano.

Los factores culturales juegan un rol crucial en la generación de brechas de género en el mercado laboral. Un canal a través del cual esto ocurre es por los prejuicios y elementos discriminatorios, que llevan a que distintas aristas de la vida de las personas queden predeterminadas según su género. De acuerdo a Contreras y Plaza (2010), las mujeres que han internalizado una cultura machista participan menos en el mercado laboral, relación que es estadísticamente significativa.

Un segundo canal es a través de la legislación, que replica la lógica cultural de ausencia de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Esto se manifiesta en leyes que generan derechos en forma exclusiva o muy diferenciada para que las mujeres ejerzan el rol de los cuidados en comparación con el hombre.

Los cambios culturales se han ido produciendo, pero toman tiempo. Así, es importante avanzar en una agenda legislativa que promueva la corresponsabilidad. Si bien perfectible, el proyecto de ley de sala cuna en tramitación permite hacer progresos en esta materia. Una tarea pendiente es corregir el posnatal, para que incentive la participación del padre, como se hace en diversos países de la OCDE.

Este es un problema de la sociedad y no sólo de las mujeres. Es responsabilidad de todos generar los cambios que permitan que las futuras generaciones disfruten de una sociedad libre de inequidades de género, sin tener que cargar con consecuencias negativas para su vida en función del sexo con el que nacieron.

La historia es conocida. El año 2010, el Presidente Piñera enfrentaba uno de los mejores inicios de Gobierno. Además de la consabida luna de miel con los electores, la reconstrucción posterremoto le otorgó épica y relato a un gobierno que amenazaba con ser más técnico que político. Piñera sacó a lucir a lo que, en ese entonces, era lo mejor que podía ofrecer el sector. Con políticos avezados y un par de nuevas caras, todo se veía bien para el inicio del segundo año.

Pero nadie anticipó correctamente el peso y el impacto de las movilizaciones estudiantiles del 2011. El gobierno no estaba preparado para contener las demandas de una generación que se había curtido en las movilizaciones pingüinas y que conocía de cerca el costo de confiar mucho en los partidos tradicionales. Ese año, el gobierno pasó de ignorarlos a respetarlos y, finalmente, a temerles. La agenda fue consumida por sus demandas y temas como la gratuidad universitaria fueron el eje de la campaña de la oposición y del segundo gobierno de Bachelet.

En marzo de 2015, la historia parecía repetirse. Si el Gobierno había cerrado enero celebrando una seguidilla de triunfos legislativos, todo terminó ese mismo verano con las acusaciones de corrupción contra Sebastián Dávalos. De ahí en adelante, el gobierno perdió el rumbo y la agenda. La corrupción y el financiamiento de la política se convirtieron en los temas centrales y pusieron al gobierno en niveles paupérrimos de popularidad.

Marzo de 2019 y estamos preguntándonos nuevamente lo mismo. El primer año del segundo gobierno de Piñera fue indudablemente bueno. La inexistencia de la oposición ayudó, sin duda, pero además se ha visto a un gobierno mejor aceitado, con un equipo con más experiencia y con un Presidente más cauto en sus apariciones públicas. Piñera ha reaccionado con fuerza frente a los casos de corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, a la vez que ha impulsado, exitosamente, una contrarreforma educacional.

Pero hay un par de signos que preocupan. Primero, el gobierno ha dado algunos pasos en falso en materia internacional. Si bien la formación de Prosur es una buena noticia, es poco creíble que ésta no sea la organización ideológicamente opuesta al Unasur de Chávez y Morales. No hay nada de malo en ello, pero no es bueno insistir en un punto que nadie cree. Asimismo, no tuvo el efecto esperado.

Lo segundo es la marcha del viernes. Al igual que el 2018, el gobierno no supo anticipar un movimiento que desborda su comprensión. Sin quererlo, transformó el triunfo de las mujeres en una bandera de lucha de la oposición, justo cuando ésta navega sin rumbo. Aún es temprano para saber si la agenda se le va a ir de las manos, pero la historia reciente debiera ponerlos sobre aviso.

A pesar de lo anterior, el Presidente entra sólido a este segundo año de gobierno. Si la economía y el empleo lo acompañan, el 2019 puede ser un año de consolidación política que le den tracción para entrar a un 2020 de elecciones municipales.