En las últimas semanas han aparecido diversos artículos de prensa conmemorando los ochenta años del Terremoto de Chillán, la mayoría de los cuales contiene una cierta ingenuidad sobre los efectos políticos que estos trastornos de la naturaleza suelen acarrear consigo. A partir de los resultados arrojados por una investigación que llevamos a cabo con mi colega Aldo Mascareño (ayudados por la historiadora Francisca Leiva), sugiero a continuación algunas precisiones que pueden enriquecer el debate. Los terremotos estudiados fueron los de 1939, 1960 y 1985.

Lo primero que decidimos fue desembarazarnos de cualquier análisis esencialista y normativo sobre los terremotos y cuáles son —o deberían ser— las reacciones de los chilenos. Ni los sismos son eventos que obedecen a razones deterministas ni la sociedad chilena está especial y esencialmente preparada para reaccionar a ellos. La idea de que Chile es un “país de terremotos” y que, por eso mismo, los chilenos actúan a partir de la solidaridad, la unidad y el “buen corazón” puede ser cierta en la superficie. Sin embargo, no explica otras cuestiones menos loables y quizás más estructurales, como el pillaje, el caos o la reacción de las autoridades.

Nuestro segundo punto se relaciona con lo anterior. Uno de los dilemas enfrentados por las autoridades durante las semanas posteriores a los tres terremotos fue decidir el papel que debían jugar los militares en las labores de reconstrucción. En 1939, Pedro Aguirre Cerda utilizó a las Fuerzas Armadas para resolver problemas materiales e incluso policiales. No muy distinto fue, por razones obvias, el caso del terremoto de 1985: los militares estuvieron en cada momento a cargo de poner orden en un país asediado no sólo por el sismo, sino también por las jornadas de protesta de los años anteriores. En 1960, en tanto, la situación fue distinta: escéptico del histórico intervencionismo de los militares en política, Jorge Alessandri se opuso una y otra vez a que las Fuerzas Armadas tuvieran un rol protagónico luego del terremoto.

Detrás de la negativa de Alessandri se aprecian cuestiones importantes para comprender la historia de la democracia chilena: ¿Hasta dónde deben los civiles ceder el control del orden social cuando arrecian los terremotos? ¿Atentan los “estados de excepción” —muy comunes después de las catástrofes— contra la democracia? No hay respuestas unívocas para ambas interrogantes. No obstante, vale la pena hacérselas y ver hasta dónde los terremotos, sismos, incendios o inundaciones son, ellos también, instancias de participación y toma de decisiones políticas. Quedarnos en los aspectos solidarios que supuestamente emergen de los terremotos podrá servir para acompañar nuestros deseos de complacencia. Pero hay mucho más que podemos sacar en limpio a la hora de analizar sus efectos de mediano y largo plazo.

Las manifestaciones convocadas para este 8 de marzo buscan recordarnos, una vez más, las múltiples caras de la violencia y la discriminación de género en la sociedad chilena. Central a estas formas de opresión es la baja presencia de mujeres en órganos de representación política. La política, entendida como una manera de canalizar el conflicto generado por la desigualdad social para producir decisiones colectivas legítimas, no puede prescindir de liderazgos femeninos. Pero no existe una conciencia compartida acerca de la necesidad de participación paritaria en instituciones como Congreso, municipios y gobiernos regionales.

La aprobación de las cuotas de género en 2015 ayudó a aumentar la presencia de parlamentarias desde un vergonzoso 16% al 23% en 2017. Pero las candidatas aún son vistas por los partidos como “arroz graneado”, puestas en las listas para cumplir la norma más que para ganar elecciones. Este y otros problemas se analizan en el libro “La política siempre ha sido cosa de mujeres” (Flacso Chile, 2018).

En EE.UU., cuna de la democracia moderna, la última elección produjo reacciones de euforia por el aumento de mujeres en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ese incremento significó pasar del 20 al 23% de legisladoras, menos de un cuarto del Legislativo.

La exclusión de un sector de la población es la falta más grave que puede cometer un sistema representativo. Es la negación misma del concepto de representación. Las mujeres tenemos opiniones políticas distintas, incluso sobre los temas considerados parte de la “agenda de género”. Todas esas ideas deberían estar representadas por hombres y mujeres. La democracia debe ofrecer igual oportunidad de que la voz de cada cual sea representada. Cuando esto no ocurre, la sospecha de que existe un bloqueo a la participación política se torna inevitable.

La representación política tiene más que ver con expresar ciertas ideas e interpretaciones de la realidad en la esfera pública que con presencia física. Pero ideas y presencia son complementarias en la medida que la exclusión física se vuelve sinónimo de un bloqueo a la participación. Garantizar que no exista tal discriminación es fundamental para reconstruir la debilitada legitimidad de nuestra democracia representativa.

Hoy se cumplen nueve años desde el terremoto magnitud 8,8 y posterior tsunami —conocido como 27F— que afectó la zona centro-sur, cobrando la vida de cientos de personas y causando graves daños materiales. Sin duda, este constituye un hito de “alerta de memoria” para conmemorar este lamentable episodio que, por sus alcances, ha pasado a ser parte de nuestra historia de resiliencia. Y que también, al igual como lo fue, en su momento, la promulgación de la norma antisísmica en Chile, constituyó un punto de inflexión para cubrir la brechas que quedaron en evidencia en materias de prevención, alertas y capacidades operativas.

Sin duda, aprendimos de ello. Bajo el concepto de desarrollo continuo basado en lecciones aprendidas se han materializado avances sustantivos en capital humano, planificación, protocolos, operaciones, prevención y tecnología. Se destaca la creación de las direcciones regionales de ONEMI, con centros de alerta temprana 24/7 con comunicaciones redundantes; el trabajo directo con las comunidades a través de diversos programas de prevención, y los protocolos con los organismos técnicos encargados de monitorear las distintas amenazas. Una muestra concreta de lo descrito es que en estos últimos años hemos enfrentado cuatro terremotos, dos de ellos con magnitudes superiores a 8,0, incluido un tsunami altamente destructivo en la bahía de Coquimbo en 2015. En todos estos casos se activaron adecuadamente los sistemas regionales de alerta temprana, reforzados por el Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE), permitiendo una evacuación oportuna y con ello salvaguardar la vida de las personas.

Lo anterior se conjuga con la creación del Centro Sismológico Nacional y la implementación de una Red Sismológica a lo largo de Chile, así como con el avance tecnológico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, lo que ha permitido que el Sistema Nacional de Alerta de Maremoto reduzca de 20 a siete minutos el tiempo para determinar si un sismo reúne o no las condiciones para generar tsunami en nuestras costas.

Este día, sin lugar a dudas, es trascendente, porque además de hacernos recordar que somos uno de los países más sísmicos del mundo, constituye un ejemplo palpable de que es factible —con el esfuerzo de todos— colocarnos a la altura de las circunstancias. Así lo hicimos también con la red de monitoreo volcánico y tendremos que hacerlo para enfrentar escenarios extremos por eventos meteorológicos generados por el cambio climático. Que este 27F nos haga entender que la reducción de riesgo de desastres debe ser primera prioridad en Chile, y ello en gran parte se logra con políticas públicas que mejoren, institucionalicen y hagan vinculante nuestro actual sistema que ha dado prueba de su efectividad.