Las medidas que el Presidente Piñera anunció la semana pasada para la reconstrucción y recuperación de Calama, virtualmente paralizada por las lluvias más intensas en 47 años, deberían constituir una oportunidad para mejorar el estándar de la ciudad. Como han expresado autoridades y especialistas, la ciudad no ha podido traducir la inversión minera que concentra —en especial gracias a Chuquicamata— en un desarrollo urbano sustentable. Según el Índice de Calidad de Vida Urbana 2018, elaborado por la Cámara de la Construcción y la UC, Calama se encuentra en el puesto 29 (rango medio) por debajo de urbes como Los Andes, Curicó o Concón.

A la falta de infraestructura pública (el año pasado se inauguró el hospital, con cinco años de retraso respecto a lo programado) y áreas verdes (2 m² por habitante, versus los 9,5 m² de comunas como Las Condes) se han sumado, en los últimos años, complejidades derivadas del cierre definitivo del campamento de Chuquicamata, a 15 kilómetros de distancia, y que obligó a albergar en la ciudad a cerca de 15 mil personas, cuatro mil nuevas viviendas y siete mil autos. Según autoridades locales, el parque automotor de Calama bordea los 45 mil vehículos, aunque la configuración vial está programada sólo para 30 mil.

Parece necesario, por lo mismo, reactivar cuanto antes algunas iniciativas que apuntaban a la renovación urbana de la ciudad. La principal es el consorcio público-privado «Calama Plus», lanzado en 2012 y que pretendía invertir 600 millones de dólares en 25 obras discutidas y aprobadas en consultas ciudadanas. Sin embargo, la falta de presupuesto para iniciar ciertos trabajos, como el retiro de la zona urbana de la línea del tren que une Antofagasta y Bolivia; la demora en la entrega de otros, como el parque al borde del río Loa, que debió haber sido terminado el primer trimestre del año pasado; y el largo período concebido para la ejecución de los proyectos (14 años), han hecho que la iniciativa original haya quedado reducida a siete obras prioritarias, principalmente equipamiento educacional y recreativo.

Lo mismo cabe para el proyecto «Plan Calama» de 2015, con $90 mil millones en inversiones, que según las actuales autoridades está paralizado porque el Gobierno anterior no habría asegurado los recursos para ejecutarlo. Aunque las urgencias actuales sean restablecer los servicios básicos, reconstruir las casas destruidas y reparar los daños en la conectividad que dejó el mal tiempo, ello debería ser sólo el primer paso de un trabajo más extenso, liderado por el Gobierno y en cooperación con la empresa privada, que programe y ejecute obras de importancia, desde el diseño urbano hasta su proyección como polo turístico y de servicios, y permitan a Calama disponer de infraestructura y servicios a la altura de su condición de polo minero.

En los últimos meses, al menos seis políticos de centroizquierda (Lagos Weber, Pacheco, Rincón, Muñoz, Insulza y Tarud) se han autoproclamado candidatos presidenciales o han “sincerado sus aspiraciones” de competir en 2021. Supongo que en su momento habrá que sumarles a Montes, quizás a Goic o Huenchumilla, y algún otro que se vaya entusiasmando en el camino. Desconozco si se trata de una estrategia coordinada; si es sólo una ocurrencia veraniega, producto de la falta de noticias políticas durante febrero, el sol inclemente y el exceso de tiempo libre, o si habrá, detrás de este insólito florecimiento, algún estratega siguiendo la célebre invitación de Mao en el verano de 1956: «Que cien flores florezcan, que cien escuelas de pensamiento disputen». Sólo se me ocurre recordar que todavía no se cumple el primer aniversario del gobierno y que, en mi experiencia como floricultor, los que broten ahora en un par de años probablemente estarán marchitos.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

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Señor Director:

El aumento en las infecciones por VIH, dado a conocer por el Ministerio de Salud, nos convoca a redoblar los esfuerzos de todos los actores, en especial de las organizaciones que asumimos el compromiso de brindar una mejor calidad de vida a las personas que viven con esta enfermedad.

En 2014, los gobiernos, las agencias de ONU y las organizaciones de la sociedad civil acordamos avanzar hacia un “2030 sin Sida”, para lo cual debemos alcanzar las metas “90-90-90”. El primer pilar de estas metas establece que el 90% de las personas que viven con VIH deben conocer su situación serológica lo más temprano posible.

Esto significa que los países tendrán un aumento de las nuevas infecciones, por cuanto se estima que un 25% de todas las personas que viven con VIH desconoce su situación. En Chile, de acuerdo a estas estimaciones, cerca de 25 mil personas viven con VIH y aún no han sido notificadas. Por lo tanto, las cifras de nuevas infecciones tendrán que aumentar durante algunos años, para luego empezar a decaer.

Por ello, los esfuerzos deben estar concentrados en diseñar e implementar estrategias focalizadas a las comunidades más afectadas, especialmente hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero.

Estamos frente a una nueva realidad y debemos actuar rápido. Nuevas notificaciones por VIH requieren de un aumento en el presupuesto para la compra de antirretrovirales, contar con más centros de atención de VIH en el sistema hospitalario y fortalecer el trabajo de las ONG que trabajan con las poblaciones más vulnerables a nivel país.

Leonardo Arenas O.

Coordinador nacional AHF Chile

Señor Director:

La asociatividad público-privada y las donaciones para nuestras áreas protegidas sin duda son deseables, como señala el director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia en este diario. Sin embargo, el aporte privado debe entenderse como un complemento y no un reemplazo del financiamiento estatal. Se requiere un presupuesto mínimo anual, proveniente de rentas generales, que asegure la gestión de conservación a largo plazo de estas áreas. Nuestra crítica es que los montos actuales que aporta el Estado están muy por debajo de ese mínimo requerido. Estimamos que el aporte estatal en la actualidad representa menos del 20% del presupuesto ideal que deberían tener estas áreas. Un déficit de tal magnitud no puede enfrentarse con aportes privados y donaciones. No corresponde.

El riesgo de crecer en financiamiento a partir de donaciones, como también de concesiones de servicios turísticos dentro de áreas protegidas, de las que el ministro Felipe Ward parece ser un entusiasta defensor, es que se va diluyendo gradualmente la natural responsabilidad pública en la función de conservación. El rol público es el que garantiza de mejor manera la conservación de la diversidad biológica en el largo plazo, sin perjuicio de las iniciativas privadas que deben ser entendidas como complementarias.

Julio Torres C.

Secretario ejecutivo Colegio

de Ingenieros Forestales

Señor Director:

El miércoles pasado, en el artículo sobre la discriminación que ha sufrido una funcionaria en el Senado (p. 2), el periodista le pregunta si seguirá tirando licencias médicas. Quisiera referirme a este expresión —“tirar una licencia médica”—, puesto que la escucho casi a diario y, sin embargo, en el diccionario de la RAE, ninguno de los más de treinta usos del verbo tirar se ajusta a dicha expresión. En el mismo artículo, el periodista utiliza la expresión “presentar una licencia” que sí me parece adecuada al contexto. Pero ninguna de las dos expresiones pone de manifiesto que hay un profesional que indica el reposo.

La licencia médica no es por mera voluntad del paciente; es una prescripción médica para que el enfermo pueda mejorar. Al oír o leer la expresión “tirar licencia” afloran en nuestra mente las primeras acepciones del verbo: 1) dejar caer intencionadamente algo, 2) arrojar o lanzar en dirección determinada. De esta manera, la expresión termina siendo peyorativa para el uso que se le está dando, haciendo énfasis quizá en que es el paciente (único) quien “tira”, omitiendo la acción del profesional, y quien se ausenta a voluntad, dejándose caer fuera del trabajo.

Deberíamos evitar referirnos con esta expresión, considerando tanto lo delicado y personal del asunto —como en el caso de la funcionaria del Senado— como que vulgarizar esta indicación médica en nada ayuda a hacer un adecuado uso de este reposo.

Ignacio de Solminihac Levy

Médico psiquiatra