“Llegué aquí hace 10 años y cuando llevaba a mi hijo al colegio Dunalastair era muy rápido. Hoy tengo que dejarlo una cuadra antes, porque si subo por Quilín para dejarlo en la puerta, me demoro una hora en salir del taco, más la hora que me demoro en llevarlo, y vivimos a seis cuadras del colegio. Si ese proyecto se llega a construir voy a poder salir sólo en helicóptero”. Alex Serrano vive en el condominio Parque Cousiño Macul de Peñalolén y se refiere con furia al proyecto Hijuelas Quilín, un desarrollo que pretende levantar 24 torres casi frente a su casa, en Consistorial con Quilín.

Serrano es portavoz de un grupo de comunidades vecinales ubicadas en torno al extenso paño de 163.700 metros cuadrados, donde pretenden levantar el megaproyecto. Un conflicto en ciernes que asoma como la próxima guerra inmobiliaria de Santiago, tal como ha ocurrido con el proyecto Egaña Comunidad Sustentable en Ñuñoa o Portezuelo en Vitacura.

De hecho, una veintena de personas naturales presentaron entre el 6 y el 14 de febrero ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitudes para que Inmobiliaria Universa, dueña de Hijuelas Quilín, realice un proceso de participación ciudadana, luego de que el pasado 8 de enero presentara su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Fueron acompañadas por cerca de 500 firmas de vecinos que rechazan el proyecto y que exigen que realice un Estudio de Impacto Ambiental, un análisis más profundo y que tiene más requisitos que una DIA para ser aprobado ambientalmente.

Hijuelas Quilín está concebido como una iniciativa residencial y comercial, con 15 edificios habitacionales en 24 torres, con 2.368 departamentos y 4.009 estacionamientos, acompañados por un centro comercial de dos pisos con capacidad para 22 locales comerciales. Si se calcula un promedio de tres personas por departamento, el barrio tendría 7 mil habitantes más en nueve años.

La queja de los vecinos es por la saturación vial que tiene el sector, donde al frente se construye un supermercado Tottus y un Homecenter Sodimac.

“Hay una sola vía de tránsito y los camiones que circulan por el otro proyecto ya han provocado accidentes”, comenta Rosana Ortega, en representación de los vecinos de Peñalolén Nuevo.

El desarrollo considera una inversión de US$ 150 millones y los que están dispuestos a poner ese dinero son los hermanos Araya Ugarte. Jaime Araya, ex gerente general de Colliers y hoy socio de la firma Unidad de Leasing Habitacional, es su portavoz y representante legal.

“En la evaluación ambiental se demuestra técnicamente que el impacto de este proyecto no es significativo (…). Se realizará en etapas, haciéndose cargo de no afectar significativamente a los grupos humanos presentes en el área de influencia”, asegura. Además, el proyecto cuenta con el estudio de impacto vial (EISTU) aprobado por la Seremi de Transportes. De hecho, una experta que trabajó en la DIA del proyecto señaló que habrán compensaciones viales que ampliarán a dos pistas las avenidas que circundan el terreno, por lo que terminará con la actual saturación vial.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, dice estar contra el proyecto: “No se condice con la política de planificación urbana que he promovido y defendido”. Y concuerda en que debe realizar un EIA “que dé cuenta del real impacto que tendría un proyecto de esta envergadura”. Sin embargo, la Dirección de Obras del municipio (DOM) aprobó dos veces esta iniciativa: en septiembre de 2015 visó el anteproyecto y en febrero de 2018 autorizó el permiso de edificación. La Dirección del Tránsito municipal tampoco lo vetó.

En los documentos aprobados por la DOM de Peñalolén, el propietario del terreno que suscribe no es ninguno de los hermanos Araya Ugarte: ni Alberto ni Jaime ni Rafael. Es Jorge Peña Vial.

El ex profesor de la Escuela de Periodismo de la UC y hoy decano de Filosofía de la Universidad de Los Andes, numerario del Opus Dei, es el dueño del terreno junto a su hermano Ricardo Peña Vial, abogado del estudio Larraín y Asociados, fundado por el ex presidente de Renovación Nacional Carlos Larraín Peña. Tienen un acuerdo de venta que aún no se concreta con los Araya Ugarte, con quien están emparentados. La esposa de Rafael Araya es hija de Ricardo Peña.

Si el acuerdo se concreta y estas tierras se convierten en edificios dejarán atrás una eximia historia vitivinícola, que retrató en 2016 la revista Sábado. Los hermanos Peña Vial heredaron estas tierras de su padre Jorge Peña Riesco, quien en 1970 trabajaba como fiscal del Ministerio de Obras Públicas y plantó cuatro hectáreas de parras en la esquina de Consistorial y Quilín, cuando ese sector era sólo un despoblado campo heredado por su esposa Isabel Vial Larraín, vecino al de su hermano Juan de Dios Vial Larraín, que se quedó con la zona de Las Pircas. En 1977, tras sumar siete hectáreas más, Jorge Peña murió. Hasta 1995 sus uvas fueron vendidas a otras viñas, hasta que en 1996 el enólogo Ignacio Recabarren los convenció de hacer su propio vino. Así nació Domus Aurea (“casa de oro”), el vino ícono de la Viña Quebrada de Macul, que tuvo su esplendor la década pasada. Hoy una botella cuesta hasta $150 mil.