La Modernización Tributaria que impulsa el Gobierno avanza a un ritmo diferente a la que se aprobó en 2014, cuando en la famosa cocina del ex senador Andrés Zaldívar se consiguieron los acuerdos para aprobarla. Ahora, está a fuego lento.

Esta semana se inicia una serie de reuniones entre los líderes de los equipos técnicos de la oposición y el Gobierno. El manifiesto de ocho puntos que presentó la oposición se tomará el debate en esta nueva “cocina técnica”, donde se definirá la votación de la idea de legislar. El plato principal: la recaudación.

Una primera reunión, más protocolar, se dio la semana pasada. Participaron los técnicos de la oposición —Jorge Rodríguez (DC), Hernán Frigolett (PS), Reinaldo Monardes (PPD), Fabián Duarte (PR), Fernando Carmona (PC) y Maite Gambardella (RD)— y los representantes del Gobierno —Hermann González, coordinador macroeconómico de Hacienda; Manuel Alcalde, asesor tributario; Mauricio Villena, subdirector de Presupuestos, y José Riquelme, coordinador legislativo.

En esa reunión, la oposición presentó los ocho puntos que demandan para llegar a acuerdo: desde preservar la recaudación y progresividad, hasta no debilitar la norma antielusión. También, se acordó una metodología: cuatro reuniones de tres horas, dos este jueves y viernes (se discutirán cuatro puntos cada día) y las otras dos a finales de febrero. La idea, explican, es que se pueda tener un informe del Gobierno antes de marzo, con el que los parlamentarios de oposición evalúen si hay cambios sobre los puntos planteados.

Esta semana, además, el Gobierno entregaría la información que la oposición solicitó en septiembre. Los datos que maneja Hacienda, la Dipres y el SII van desde una evaluación de la reforma de 2014, estadísticas de la ley antielusión y cálculos sobre la evasión del IVA.

La discusión no se ve fácil. La mayoría de los puntos levantados por la oposición, el Ejecutivo asegura que los tiene en su proyecto. “Mucho es materia de interpretación de qué cosas son progresivas (que los que tienen más, paguen más) o regresivas”, dice Fabián Duarte.

“El Gobierno debe demostrar que los principios están incorporados en el proyecto o, en su defecto, que los va a incorporar. Si no lo logra, lo más probable es que se vote en contra de la idea de legislar”, agrega Fernando Carmona.

Los ocho puntos son la posición medular, explica Hernán Frigolett. Pero admite que lo clave es “evitar que la modernización vaya a terminar en un modelo regresivo de recaudación”.

La propuesta del Gobierno de reintegrar el sistema implica una baja en la recaudación de US$ 800 millones. Esta merma, según el proyecto, se va a solventar con la implementación de la boleta electrónica, con la que esperan recaudar más de US$ 1.100 millones que actualmente se pierden en elusión del IVA.

En la oposición dudan que se alcance ese monto y critican que esta forma de compensar no respetaría la neutralidad tributaria. “El ministro Larraín dijo que la reforma iba a ser neutra. Eso significa dejar la misma base tributaria, lo que no hace el proyecto. Al destruir impuestos hay que crear nuevos”, dice Carmona.

“Se deberían instalar nuevos impuestos. El proyecto solo tiene un incremento en la eficiencia tributaria (a través del IVA)”, dice Frigolett. “Tenemos una situación regresiva”, agrega. Y explica que la ganancia en eficiencia, que se obtendría con la boleta electrónica, debería quedar para financiar otras políticas públicas.

Carmona añade que, desde la oposición, ponen una segunda condición: los impuestos nuevos no deben alterar la progresividad, es decir, “como la reintegración le rebaja los impuestos al 1% más rico, la compensación debe ser con ese mismo grupo”. “El Gobierno tiene que abrirse y decir qué impuestos va a crear para tener una reforma neutra”. Y nombra cuatro opciones que, a su juicio, cumplirían las exigencias de recaudación y progresividad: nuevos impuestos a transacciones financieras, IVA diferenciado para productos de lujo, un impuesto verde a empresas que contaminan o un nuevo royalty a la minería.

Por ahora, el Gobierno se ha limitado a presentar la boleta electrónica como su única forma de compensar. Sin embargo, fuentes en el Ejecutivo aseguran que se ha evaluado la posibilidad de crear un nuevo tramo del Impuesto Global Complementario, por sobre el 35% actual, para las personas de mayores ingresos. Y, así, buscar una compensación más progresiva.

Desde la oposición creen que puede ser una señal política importante, pero advierten que en términos de recaudación no sería significativo. “Nuevos tramos no son relevantes, el impuesto que más recauda no es el de las personas. Podría ser parte de la propuesta, pero es bastante marginal”, advierte Duarte.

“Elevar la tasa marginal sin ningún cambio es volver a lo que teníamos antes de 2014 y ahí no se recaudaba con la progresividad que se debía”, dice Frigolett. “Hacer solo un aumento del tramo no garantiza que se mantenga la recaudación y que se evite, por la vía de la integración, devolver US$ 800 millones a las personas de mayores ingresos”, agrega.