Luego de que la Municipalidad de Estación Central congelara 49 permisos de edificación por un dictamen de Contraloría, la lucha continúa en la Corte de Apelaciones. Producto de esta determinación, 31 empresas con autorizaciones entregadas entre 2014 y 2017, están en jaque y seis ya presentaron recursos de protección para reflotar sus obras.

En la industria reclaman por el pronunciamiento del ente contralor del pasado 12 de noviembre, donde se establece que si una zona no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, como lo dictamina el organismo.

Este sistema que une torres de hasta 38 pisos que comparten fachada, ha sido uno de los más utilizados por las iniciativas inmobiliarias de Estación Central ubicados en el eje 5 de Abril, Ecuador, Exposición y Las Rejas, donde no había un plan regulador comunal y que dio pie al término—combatido por la industria— de “guetos verticales”.

En la Comisión de Certeza Jurídica de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ya cuantificaron económicamente el frenazo inmobiliario en céntrica comuna capitalina: equivalen a una inversión detenida de US$1.150 millones de inversión. Por ello validan la vía judicial.

“El escenario es que tenemos 49 edificios, que representan 20.765 departamentos y más de US$1.000 millones de inversión. Inevitablemente las inmobiliarias se van a defender y vamos a ver qué pasa en tribunales durante los próximos años”, comenta Bernardo Echeverría, presidente de la comisión.

Según el catastro, la inversión congelada en fase de inicio de obras supera los US$514 millones, sin inicio de obras supera los US$389 millones y con recepción final, bordea los US$245 millones. El informe agrega que el número de trabajadores afectados llega a los 22.982.

En el municipio liderado por el UDI Rodrigo Delgado no se refirieron al conflicto, y sólo expresaron que los proyectos se encuentran en “fase de estudio y aún no hay una definición sobre ellos”.

En un documento entregado por Estación Central, figuran las 31 empresas dueñas de las 49 iniciativas detenidas. La inmobiliaria Eurocorp es la más afectada, con seis proyectos. La firma está ligada a los empresarios Alejandro Ruiz Bornscheuer y Jorge Cruzat Fontecilla, cuentan con proyectos en la V, VI y Región Metropolitana y figuró en las carpetas investigativas del Caso Penta por financiamiento irregular a la campaña de Pablo Zalaquett. Cruzat aportó en la investigación y posteriormente Eurocorp rectificó su declaración de impuestos, saliendo del conflicto.

La segunda en el listado es Su Ksa, ligada a Armando Ide, con cinco proyectos. La compañía es recordada luego que en 2017 el ex intendente metropolitano, Claudio Orrego, tuiteó la foto de unos departamentos construidos por la inmobiliaria en Las Rejas Norte, a los que llamó “guetos verticales”. Desde la fecha el término se masificó generando incomodidad en el gremio constructor.

“Ese término es totalmente impropio, esto es una deformación del lenguaje. Uno podrá ser crítico con respecto a estos edificios ¿pero usar el término de gueto para eso? Teniendo claro el origen de la palabra, que significa segregación, aislamiento, ciertamente no se aplica en este caso”, comenta Echeverría.

El resto de las empresas cuenta con un menor volumen de proyectos, entre ellos Deisa (2), constructora de la familia Santolaya, y Gran Mundo Inversiones, empresa liderada por los hermanos Marcel y Max Marambio. Este último incursionó en el negocio desde los años 90 con la constructora Tinguiririca, de la mano de Carlos Cardoen. Actualmente, según la web de la inmobiliaria sólo tiene un proyecto en venta en San Miguel.

En el catastro figuran otras sociedades como Absal, Paz, Pilares y figura un desarrollo inmobiliario de Santander Investment

Chile.