En 4 minutos y 37 segundos de conferencia de prensa, el ministro de Economía, José Ramón Valente, agradeció cinco veces que una delegación de más de 500 personas, que viajaron ayer desde Concepción a Santiago para manifestarse en contra del proyecto que restringe la pesca industrial de la jibia, no haya realizado destrozos en las inmediaciones de La Moneda.

Los trabajadores y sus compañías piden que el Gobierno realice una presentación ante el Tribunal Constitucional para que declare improcedente el proyecto de ley tramitado durante la administración Bachelet, que sólo permite que el recurso sea extraído por los artesanales.

El Presidente Piñera introdujo un veto aditivo, permitiendo a los industriales trabajar su cuota de 20% (los artesanales tienen el otro 80%) a través del método de “cerco”. Pero ello dejó insatisfechas las pretensiones de las empresas, porque, según explicó el jueves a La Segunda el experto de la U. de Cádiz, Dante Queirolo, el mecanismo de cerco daña a la jibia, imposibilitando su comercialización.

Por otra parte, los artesanales, que pretenden mantener el 100% que les da el proyecto, también son un potencial foco de conflicto.

Por ello, Valente dijo que la administración Piñera está dispuesta a explorar nuevas soluciones.

“El lunes hay una reunión fijada en Concepción con los trabajadores de la pesca artesanal, el subsecretario (Eduardo Riquelme) va a concurrir y esperamos seguir en ese diálogo, esperamos encontrar la mayor cantidad de puntos de encuentro”, sostuvo.

En la conferencia de prensa, Valente dijo que “el Gobierno ha realizado un diálogo con los pesqueros del sector industrial y artesanal y queremos valorar que hoy hubo una manifestación de los trabajadores del sector industrial, que fue en los términos que habíamos conversado, en los términos en que la intendenta les aprobó la manifestación. Entregaron una carta en muy buen tono con demandas importantes y el Gobierno valora que ésa sea la forma de entenderse y no con violencia en las calles”.

—Pero el gremio industrial dijo que si el Gobierno no lleva las reformas al TC radicalizarán las movilizaciones.

—Vinieron unas 500 personas a Santiago y ustedes han visto cómo en otras oportunidades, en manifestaciones masivas, hay desórdenes, rayados, problemas, y no los hubo. Y, obviamente, uno tiene que valorar que ése haya sido el caso… Obviamente, de nada sirve que conversemos una vez y salgamos a quemar neumáticos al día siguiente.

—¿Hay posibilidad de incluir otro método de pesca o de dar un paso atrás?

—La sociedad siempre tiene que estar abierta a buscar las mejores soluciones… El día de mañana podemos acordar otras situaciones y uno tiene que tener la flexibilidad para que eso ocurra. Nada está escrito en piedra.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios perdió la paciencia ayer, luego que en el aeródromo de Tobalaba se registrara un nuevo accidente aéreo. Una avioneta que intentaba despegar terminó incendiándose pasadas las 9 de la mañana, dejando a sus dos ocupantes heridos —uno de ellos de gravedad—, siendo derivados a la Posta Central y la Clínica Las Condes.

“Nuevamente las escuelas de vuelo ponen en riesgo la vida de tripulantes y vecinos”, aseguró el edil, quien propuso “sacar a las empresas que están prestando instrucción, sobre todo en este caso, que lo hacían de forma irregular”, acusó.

No obstante, la jefa del aeródromo de Tobalaba Diana Gachón, descartó más tarde que el vuelo accidentado correspondiera a uno de instrucción. La aeronave pertenece a la empresa Aeromet, pero su plan de vuelo era hacia Los Andes y con una duración de dos horas, según describió Gachón a distintos medios.

El accidente de ayer es el primero de este año ligado al aeródromo, pero en 2018 hubo por lo menos otros dos. El 14 de julio una avioneta capotó a 300 metros de la pista y provocó la muerte de una mujer de 79 años, mientras que el 21 de noviembre, una avioneta se estrelló en la zona cordillerana de Rancagua tras despegar desde Tobalaba con destino a la mina El Teniente, falleciendo dos personas.

La investigación sobre el accidente de ayer quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Dirección General de Aeroática Civil (DGAC) deberá aportar antecedentes sobre las condiciones en las que se originó el accidente.