El sistema presidencial chileno contiene una figura altamente reconocida e importante para la estabilidad política. El ministro del Interior ha sido y es, en efecto, un pilar del régimen representativo, tanto por su responsabilidad negociadora como por su labor en materias de orden público y seguridad interna. Hoy, que —injustamente— se pide la renuncia de Andrés Chadwick, no está de más recordar algunos ministros del Interior en la historia de Chile y, a partir de ahí, sacar algunas conclusiones para el presente.

El primero de ellos que se viene a la cabeza es Francisco Antonio Pinto, uno de los políticos más diestros de la década del periodo post-independencia y quien, en 1824, comenzó las negociaciones con los delegados del Vaticano para conseguir que el nuevo Estado republicano heredara el derecho de patronato (mediante el cual la Iglesia quedaba supeditada al gobierno civil). Otro tanto puede decirse de Diego Portales, Manuel Montt o Antonio Varas. Si bien el primero es más reconocido por su presencia en el Ministerio de Guerra y Marina, no cabe duda de que su influencia política se hizo sentir en la reformulación de la cartera de Interior. Montt, en tanto, fue ministro de Manuel Bulnes, gracias en parte a lo cual consiguió el apoyo presidencial para las elecciones de 1851. Varas, finalmente, es reconocido como el prototipo del ministro del Interior: trabajador, republicano hasta la médula y con una muñeca envidiable para llegar a acuerdos estructurales.

En el siglo XX sobresalen algunos casos relevantes: Pedro Aguirre Cerda fue ministro del Interior del primer gobierno de Arturo Alessandri, Bernardo Leighton del de Eduardo Frei Montalva y José Tohá del de Salvador Allende. No todos, por supuesto, corrieron la misma suerte. Sin embargo, su rol articulador destaca en gobiernos cuya función administrativa muchas veces chocaba con la voracidad o poca experiencia de sus presidentes. En el siglo XXI resalta el ejemplo de José Miguel Insulza como ministro de Ricardo Lagos, una posición que le valió el reconocimiento no sólo de sus correligionarios, sino también de la oposición.

El de Chadwick es también un caso destacable. Podrá haber cometido errores de apreciación en estos últimos meses debido al asesinato de Camilo Catrillanca; podrá incluso haberse apresurado en transmitir conclusiones equivocadas. No obstante, su talante político es incuestionable. Aun cuando este columnista no comulgue con algunas de sus intervenciones durante la dictadura, Chadwick ha sido un negociador de primer orden. Además, no parece tener aspiraciones presidenciales, por lo que puede dedicarse por completo a sostener la proa del Gobierno. Hay muchos que quisieran reemplazarlo, pero muy pocos que podrían hacerlo mejor. Dejemos que haga la pega y que demuestre sus capacidades ahí donde las papas queman. No creo que nos arrepintamos.

Todos hemos sido víctimas de la expresión más recurrente y molesta de la falta de protección de datos personales en nuestro país: las insistentes llamadas que recibimos para ofrecernos créditos, productos y planes. La pregunta que surge al recibir estos llamados siempre es ¿de dónde sacan mis datos si yo nunca se los entregué?

Nuestra actual ley de datos establece que para tratar los datos personales de alguien se requiere su consentimiento expreso, informado y por escrito. Cosa que la mayoría de nosotros no hemos entregado a las empresas que insisten en llamarnos para ofrecernos sus productos. El problema es que la ley contiene una excepción especial para el márketing directo. Las empresas que realizan comunicaciones comerciales tienen una regla hecha a medida que les permite recolectar y transar libremente nuestros datos. El objetivo del proyecto de ley ingresado a comienzos del año 2017 era el de reformar completamente nuestro sistema de protección de datos personales, para evitar que las personas quedaran desprotegidas ante este tipo de situaciones.

Siguiendo el modelo europeo, la iniciativa establece que un tercero puede recolectar y tratar los datos personales de otro cuando cuente con su consentimiento o cuando exista un “interés legítimo” en dicho tratamiento. Distintos expertos le recomendaron al Gobierno que el texto estableciera expresamente qué actividades se consideran de interés legítimo, de tal forma de otorgar certeza jurídica y evitar que se transformara en una excepción amplia y difícil de fiscalizar. El Gobierno accedió a definir taxativamente qué actividades se entenderían como de interés legítimo, pero paradójicamente la regla quedó peor. En el listado cerrado se encuentran actividades que sin duda todos consideramos nobles, como la prevención del fraude, la seguridad informática, la investigación con fines históricos, estadísticos, y científicos, etc. Al final de la lista, sin embargo, está el invitado de piedra… ¡el márketing directo! Las empresas seguirán teniendo manga ancha para contactarnos sin nuestro consentimiento.

Urge que el Gobierno reconsidere esta inclusión o la nueva ley de datos personales se transformará en otro ejemplo de «El gatopardo»: que todo cambie para que todo siga igual.

La semana pasada, en la Universidad Católica, se realizaron las VIII Jornadas Interamericanas de Dirección y Liderazgo Escolar, en el contexto del Summit Internacional de Educación. Esta iniciativa busca aportar al debate y reflexión en torno a la gestión, dirección y liderazgo en la educación escolar, la que reúne a profesionales, investigadores, académicos y a estudiantes. Este año, las palabras claves fueron “colaborar, confiar, e influir en la práctica”. Contamos con figuras internacionales, que han dedicado gran parte de su trayectoria a cultivar las capacidades de los equipos escolares, de los líderes pedagógicos y educadores, para hacer de la organización escolar un buen lugar para crecer en comunidad. Además, destaco la participación de académicos nacionales, que han generado evidencia local en los últimos años, quienes aportan desde varias universidades proyectos de alcance nacional. Se incorporó también la experiencia de directores, directivos y profesores de escuelas y organismos públicos de Chile y Latinoamérica. Al final de la última sesión pudimos escuchar iniciativas de liderazgo y mejora educativa en diversos casos y contextos.

Actualmente existe una convergencia global respecto al impacto que la dirección y el liderazgo escolar tienen en los procesos de enseñanza y en los resultados de aprendizajes de los estudiantes. La investigación internacional ha mostrado cómo directores y directivos, a través de sus diversas funciones, pueden asegurar condiciones para entregar a los profesores y a sus estudiantes múltiples oportunidades de desarrollo y logro en los aprendizajes.

Nuestro sistema educativo tiene una dimensión de amplia escala que requiere dirección y herramientas de gestión, pero al mismo tiempo su principal activo son las personas, lo que implica liderazgo y herramientas de coordinación interpersonal. Nuestros ejes centrales en el área de la dirección y el liderazgo escolar han sido la formación continua de profesionales, la investigación independiente y conectada con la evidencia global, y la transferencia de modelos y prácticas efectivas que aporten a los esfuerzos de mejora educacional en el país.

A futuro, una de las aspiraciones es expandir el enfoque del liderazgo educacional a diferentes agentes del sistema educativo, aportando evidencia y nuevas posibilidades de desarrollo profesional, basados en investigación y experiencia entre pares. Esta mejora debiera reflejarse en una respuesta efectiva de lo que las personas esperan de la educación, creando ambientes escolares que fomenten el crecimiento y sean más sustentables; con programas enfocados a lograr altos niveles de excelencia académica y con un involucramiento de directores y profesores que mejoren el desempeño estudiantil.