Quizás Rodrigo Peñailillo no haría nada como lo hizo en 2014. Era la estrella del gabinete de Michelle Bachelet. Ella había optado por poner en el cargo político más importante a alguien de su confianza, desechando los nombres de los partidos que sí había acogido en su gobierno anterior (…).

En la campaña había asumido la interlocución con los partidos políticos y en el Ejecutivo manejaba los hilos del poder a través de su Generación 90 (G-90), conformada por muchos compañeros de trayecto en Concepción o en las juventudes del PPD, que él presidió en 2001. Era un hombre comprometido con la mirada flagelante de la Mandataria y con las reformas estructurales que haría esta coalición más amplia, que incluía al Partido Comunista (…).

A fines de ese primer año 2014, Peñailillo tampoco oyó otras voces que le advirtieron que tuviera cuidado con la investigación, que él aplaudía, sobre las platas políticas que llevaba adelante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. Algunos aseguran que supieron de reuniones donde el ministro fue advertido por autoridades del SII de lo que se venía y que él mismo había influido en que el ente tributario sólo accionara contra el grupo Penta, un financista de la derecha. Un error, sentencian ahora, porque era vox populi que en todo el arco político había financiamiento de las empresas (…).

Terminado el primer gobierno de la Presidenta socialista, ella partió a dirigir la ONU Mujeres y quien fuera su jefe del gabinete viajó a España para cursar un master en Análisis Político. A su regreso a Chile, junto a Jorge Rosemblut y Alberto Arenas, comenzó a visitar empresarios solicitando aportes para financiar la candidatura de Bachelet; era recién 2011 (…).

Para los grandes empresarios podía ser un buen negocio apostar a caballo ganador. De hecho, las peticiones de recursos tenían muy buena recepción. Pero no en todos. Uno de ellos asegura que le dio al trío una negativa, porque su empresa iba a aportar, pero en el período legal de campaña y a través del Servel, en 2013. Le pidieron un millón de dólares, recuerda el alto ejecutivo, y le ofrecieron además juntarse con Bachelet en Nueva York si así lo deseaba.

El mismo trío habría contactado al Grupo Copec, que sí accedió al requerimiento de financiar la campaña fuera del período normado (…). Según artículos de la época, los recaudadores habrían encontrado una buena recepción porque tenían como objetivo obtener cinco millones de dólares y “cinco compañías respondieron afirmativamente, aunque no todas contribuyeron con el tope”, reporteaba El Mostrador esos días.

Y el trío no era el único recaudador. Un empresario recibió la misma petición de un millón de dólares de Peñailillo, pero a él lo visitó junto a Giorgio Martelli (…). Accedió a darle los $ 400 millones de la época (…).

Peñailillo, que era el eje recaudatorio, le preparaba asimismo reuniones a la candidata con cabezas de grupos económicos o de transnacionales en las que, sin embargo, el tema plata no se abordaba delante de ella. En una comida con Bachelet en un elegante hotel de Avenida Apoquindo, un grupo de empresarios le señaló a la entonces candidata que querían darle un aporte directamente a ella en lo que equivalía a una segunda ronda de “pasada del platillo”, en 2013. Pero la aludida, recuerdan testigos, les señaló incómoda, “hablen con Rodrigo” (…).

Los recaudadores Peñailillo y Arenas se convertirían en los futuros ministros de Interior y Hacienda (…). Su objetivo era encontrar recursos para financiar durante 2012 y parte de 2013 a quienes estando cesantes participarían en la campaña propiamente legal ese último año porque, a diferencia de las ocasiones anteriores y después de 20 años, la coalición de centroizquierda había perdido el gobierno y la fuente de ingresos que significa estar en el Estado.

Rosemblut, si bien aseguró que su participación en la última campaña de Bachelet había sido “marginal” (…). El ex subsecretario de gobierno colaboró en la campaña de la líder socialista como presidente de Endesa, cargo en el que se desempeñó entre fines de 2009 y de 2014. También estaba en ese puesto cuando cooperó para la campaña de Eduardo Frei en 2009, y antes había trabajado para la elección de Bachelet en 2005. En las tres su contribución era recaudar y en todas tuvo contacto con Giorgio Martelli, su brazo ejecutivo y con quien cultivó una relación de amistad, dicen quienes los vieron compartir (…).

Cuando fue interrogado como imputado el 10 de julio de 2015, Rosemblut reconoce haberse reunido con Patricio Contesse, que distribuía los dineros transversales ilegales de SQM a la política, y con José Tomás Guzmán, el abogado representante del Grupo Copec, que repartía las contribuciones de Angelini, pero relativizó que estuviera buscando aportes a una “campaña de centroizquierda” y la forma en que se hicieron esas entregas, que “pudo ser”, dijo, a través del Servel (…). Y toma distancia total de Asesorías y Negocios, que fue creada a instancias suyas y de Peñailillo, según declaró Martelli, y que fue la sociedad que financió al corazón del bacheletismo y al equipo de campaña entre fines de 2011 y comienzos de 2013 (…).

El escándalo estalló cuando The Clinic da a conocer el 15 de abril que Peñailillo estuvo financiado por Asesorías y Negocios entre 2011 y 2013, y también lo había estado el director del SII (…). Salar, de SQM, le aportó millones de pesos a Asesorías y Negocios, que además recibió de las empresas del grupo Copec (Celulosa Arauco, Copec y Cruz del Sur) otros 218 millones de pesos. Sumando todo, tuvo ingresos por 484 millones de pesos, de los cuales destinó 328 millones de pesos a pagar a 26 personas que estaban en el círculo más cercano de Bachelet.

El ministro del Interior de Bachelet había entregado cinco boletas a Asesoría y Negocios entre enero y mayo de 2012, cada una por cuatro millones de pesos. Pero las sorpresas continuaban, porque Peñailillo también fue financiado desde diciembre de 2011 por otra empresa de características similares, la que crearon sus amigos Harold Correa, descrito como operador político del PPD, y Alex Matute, ambos G-90, la cual le pagó contra 12 boletas, otros 44 millones de pesos.

Entre los favorecidos por este financiamiento a la sociedad de Martelli estaban los colaboradores de Bachelet en su propia fundación Dialoga, como su amiga Estela Ortíz, presidenta del Consejo Nacional de la Infancia, y su prima Alicia Galdames, que se desempeñaba como agregada de prensa en Perú. Pero también hombres claves de Hacienda, como el coordinador general Enrique Paris, el asesor Fidel Miranda y el director del SII, Michel Jorratt.

Pero el grupo más numeroso era el de los cercanos al titular de Interior, que fue quien distribuyó las platas. Los favorecidos entonces pertenecían a su generación de recambio del PPD, la G-90 (…).

Pronto se supo que Harold & Jones, también creada en 2011, había recibido de Cruz del Sur, de empresas Copec, 110 millones de pesos.

Cuestionamientos internos

Algo empezaba a oler mal en Palacio, pero al ministro del Interior no le entraban balas y reiteraba que sus boletas a las dos empresas constituidas en 2011 no tenían nada que ver con la campaña electoral.

En esos mismos días (el martes 21 abril), Bachelet habla en el salón O'Higgins por 70 minutos con la prensa (…). La mayoría de las preguntas se enfocan a la entrega de boletas de sus autoridades (…): “No hay ninguna pre campaña. Yo tomé la decisión de ser candidata en marzo 2013” (…).

No debe haber sido fácil para la Presidenta enfrentar a la prensa, porque, efectivamente, aseguran quienes estaban cerca de ella en esa crisis, nunca supo del financiamiento que habían montado y liderado Peñailillo, Rosemblut y Arenas fuera del período no regulado (…).

En lo político, el distanciamiento con su ministro del Interior fue inevitable. Peñailillo le ocultó información a personas claves del comando de Bachelet, que le advirtieron que debía ser muy riguroso con el financiamiento (…) Indagaciones internas de La Moneda habían concluido que la actuación de Peñailillo era censurable. Estaba obstruyendo la Justicia, negando todo y tratando de mandar a Martelli al exterior. Los supuestos trabajos no existían en la mayor parte de los casos y prevalecía la percepción de un cierto enriquecimiento ilícito con las platas ilegales (…).

Se aludía a que Peñailillo llegó de España sin ingresos propios y cuando ya estaba boleteando a Asesorías y Negocios y Harold & Jones se le veía en una camioneta todo terreno y, como reveló The Clinic, en noviembre de 2012, comprando un terreno en Peñalolén en 375 millones de pesos (16.500 UF). La adquisición la hizo con crédito y 87 millones de pesos en efectivo con sus amigos de la G-90 Cristián Riquelme y Flavio Candia, que después se convertirían en administrador de La Moneda y en asesor de Interior, respectivamente.

Aunque nunca fue indagado ni hubo sanción al respecto, Camilo Escalona, vicepresidente del PS, también expresaba públicamente un año después la tesis del enriquecimiento ilícito de personeros de la Nueva Mayoría con la excusa de la campaña: “No creo esa teoría de que era (la plata) para los partidos políticos. Yo creo que había gente que con la excusa de las campañas se metía la plata al bolsillo” (…).

Si nadie más de Asesorías y Negocios o de Harold & Jones fue indagado, salvo Martelli, lo mismo ocurrió con sus financistas. El Grupo Angelini sólo es perseguido por Corpesca y en cuanto al UDI Jaime Orpis. En los demás aportes irregulares a la política vía boletas o facturas, todas sus empresas pudieron rectificar el financiamiento ilegal: Inversiones Siemel, Celulosa Arauco, Copec, Cruz del Sur (…).

Según información obtenida vía Transparencia, siete grandes conglomerados económicos se autodenunciaron entre el 12 de marzo y el 30 de junio de 2015, respondiendo al llamado del director del SII Michel Jorratt para evitar seguir la misma suerte que enfrentaba Penta en los tribunales. El fisco recaudó en ese procedimiento cerca de 13 millones de dólares de la época. Y no sólo las empresas del grupo Copec rectificaron. También lo hizo el grupo Said, Aguas Andinas, Endesa y Cap, además de SQM (…).

En abril de 2017, el SII anuncia el fin de la persecución penal y que mandaría todas las causas, salvo Penta y SQM contra las cuales se querelló, a los Tribunales Tributarios Aduaneros (…).

Esa solución no penal del SII, para el financiamiento ilegal de la política de todas las empresas que no fueran Penta o SQM, sin embargo, estuvo a punto de hundirse porque, así como los fiscales llegaron a la explotadora de litio y potasio desde la investigación a Penta, también quisieron indagar otras empresas en que se repetían las personas que habían dado boletas a las sociedades de Lavín y Délano (…).

La Fiscalía Oriente seguía el rastro de un grupo de financistas de la derecha a la cual había llegado a través de las declaraciones de Tomás Carrasco, quien el 4 de noviembre de 2015 confiesa a los fiscales que no sólo había dado facturas falsas de su empresa a Penta para financiar la campaña senatorial de su amigo Laurence Golborne, sino que, con igual propósito, también lo había hecho a otras nueve compañías. Y muchas de ellas no habían aparecido antes: BCI, Ripley, Watt's, CAP, Inversiones Caburgua y Santa Virginia (estas últimas dos del grupo Said), Inmobiliaria Ecomac (de Daniel Mas), GTD Advisors y, finalmente, del grupo Hurtado Vicuña, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado (…).

Los persecutores de la zona oriente empezaron a citar a los ejecutivos de las compañías para preguntarles por las sumas rectificadas (…).

También le tocó el turno a Ripley (…). En abril de 2015 había rectificado 104 millones de pesos, de los cuales 50 millones de pesos fueron a Asesoría Credo Limitada, una empresa directamente vinculada al comando presidencial de Bachelet. Pertenece al publicista Diego Perry y a su mujer Magdalena Velasco. En el balotaje, Credo rindió ante el Servel 15 millones de pesos por publicidad radial. Pero Perry es también dueño de Servicios y Publicidad La Clínica, que en la primera vuelta de 2013 rindió $ 175 millones en asesorías creativas a Bachelet (…).

El 18 de enero de 2016 aparece en la prensa la noticia que existían mails del ejecutivo de Ripley Miguel Núñez al gerente corporativo, Lázaro Calderón, pidiendo autorizar una orden de compra (OC) a nombre de Martelli para pagar a Credo (…). Estaba en manos de la Fiscalía Oriente continuar o no con la investigación que llevaba al corazón de la campaña de Bachelet...

Pero la aparición de los mails en El Mercurio el día 4 de febrero de 2016 cambió todo. Anunciando la noticia en la portada, el diario desplegaba en sus páginas interiores la foto de la cadena de correos entre Lázaro Calderón y el ejecutivo de Ripley, donde como asunto figura “OC (orden de compra) Giorgio Martelli”, para la adquisición de un supuesto informe de coyuntura encargado a la empresa de publicidad Credo (…).

Varios sostienen que el único momento en que el gobierno se sintió amenazado fue con Credo. “Porque si formalizabas a las empresas por sus rectificatorias era imposible no llegar a la Presidenta”, señalan. Con Martelli en el frente de SQM estaban seguros, nunca habló. Pero cuando se trató de las platas recibidas de Ripley, fue insinuante. Y si no era él, era posible que hablara el empresario de Ripley que aseguran había recibido la petición de aportar para saldar las deudas de campaña directamente de Rodrigo Peñailillo (…).

Frente a esta alarma que comenzó nuevamente como una persecución a un grupo de empresarios que habían financiado sólo a la derecha, como suponían algunos, las sirenas volvieron a tronar en La Moneda (…). Según reconstituimos con los involucrados, se activaron raudos el ministro del Interior, Jorge Burgos, y el subsecretario Aleuy, también el ministro de Justicia José Antonio Gómez, recuerdan algunos que seguían las tratativas. “Cada vez que había un peligro inminente con los fiscales tomábamos el teléfono y ellos se hacían cargo de la preocupación” (…).

Lo que, señalan, imprime un giro significativo es la instrucción que dicta el fiscal Abbott en agosto 2016, donde acota más los criterios de persecución del Ministerio Público (…) que regirá sólo para los nuevos casos, excluyendo a Penta y a SQM. La instrucción fue que sólo podían indagar un hecho si éste estaba contenido en una querella o denuncia del SII (…).

Y así llegamos a abril de 2017, cuando el SII opta por cerrar definitivamente la vía penal y perseguir por la vía administrativa todos los casos de financiamiento irregular que no fueran SQM ni Penta (…). La vocera de gobierno, Paula Narváez, aseguraba, cuando se conoció la noticia: “Soy enfática y tajante para establecer que aquí no hay ningún tipo de influencia política en las decisiones de una entidad técnica como el SII”.

El Ministerio Público tuvo que salir a defenderse (…). En su cuenta pública anual (el fiscal nacional Jorge Abbott), incluso pidió las atribuciones para poder investigar estos delitos a la Presidenta Bachelet, que lo escuchaba atenta. “Hay una conducta distinta por parte del SII en el caso Penta respecto de lo que el organismo hace cuando se empieza a investigar SQM. Ese es un hecho objetivo”, enfatiza el Fiscal Nacional.

A ello, el fiscal Manuel Guerra añade después que, en el contexto global, Penta “no es la más importante en financiamiento de la política y aún más diría, hay muchas otras de aquellas contra las cuales no se presentó querella que, probablemente, en materia de financiamiento ilegal de la política, tenían tanto o más dinero que Penta y que lamentablemente no hubo querella, pese a que insistentemente lo pedimos”.

Como era de esperar, finalmente, la Fiscalía archiva el 23 de agosto de 2018 los casos.