Un efecto colateral e inesperado podría tener el proyecto de ley que busca sancionar el negacionismo, que aún está en proceso de elaboración en el Congreso.

La iniciativa, inspirada en normas europeas contra el nazismo y pensada para afrontar el resurgimiento del “pinochetismo”, podría terminar castigando paradójicamente a quienes reivindiquen el atentado a Augusto Pinochet en septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo.

La última redacción, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara (con 7 votos a favor de la oposición y 5 en contra de la derecha), fija un presidio de hasta 3 años y un día, además de una multa máxima de $3,4 millones, a quien “justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos, cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (presidida por Raúl Rettig)”, además de otras comisiones sobre víctimas y presos políticos.

Ese texto, de autoría de la diputada PC Carmen Hertz, sin embargo, podría ser interpretado en tribunales en un sentido amplio, ya que la Comisión Rettig calificó como “víctimas de violaciones a los derechos humanos” no sólo a los asesinados o desparecidos a manos de “agentes del Estado” (vale decir, militares o policías), también aplica ese concepto a muertos por violencia política, ejercida por particulares, es decir, grupos subversivos como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Mapu-Lautaro.

De hecho, el decreto presidencial, firmado por Patricio Aylwin y sus ministros, que creó la Comisión Rettig, establece como marco que “se entenderá como grave violación a los derechos humanos” la acción de personeros estatales, “como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”.

El informe, dentro de los 2.296 casos consignados, al final calificó como víctimas a 168 militares, carabineros y civiles, que fallecieron, en ciertos casos, por actos del MIR o el FPMR. Incluso, figuran en la nómina los cuatro escoltas de Pinochet, muertos en el atentado en el Cajón del Maipo, que ha sido reivindicado en el pasado, entre otros, por el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien lo definió como un acto de “justicia”, y por el senador RD Juan Ignacio Latorre, quien dijo que fue “un intento de tiranicidio legítimo”.

Consultada por un efecto sobre los actos del MIR y el FPMR, la diputada Hertz, quien preside la Comisión de DD.HH., dice que “los que hacen las interpretaciones de las normas legales son los tribunales, eso lo interpreta el juez”.

La diputada dice que no le complican las interpretaciones amplias de la norma y cree que causa más bien un problema entre quienes “enaltecen a Pinochet”. Explica que la norma debe tener una base objetiva y fundarse “en violaciones a los DD.HH. consignadas en alguna parte”. “La indicación mía es concordante con el derecho internacional y las buenas prácticas legislativas. Es una falacia decir que limita la libertad de expresión”.

Dos profesionales, que trabajaron con la Comisión Rettig y que pidieron anonimato, creen que la norma antinegacionismo tal como está redactada genera una interpretación sobre los crímenes cometidos por grupos subversivos.

El abogado Alberto Espinoza, quien ha defendido a ex frentistas, discrepa con la Comisión Rettig en el uso del concepto de “violaciones a los DD.HH.” para casos de violencia política, que a su juicio, fueron “acciones legítimas para combatir una dictadura”. Explica que la jurisprudencia no considera los hechos del MIR o el FPMR como casos de DD.HH. “Remitirse al Informe Rettig es un error”, dice.