Un total de 15 denuncias contra jueces chilenos intenta llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el abogado Maximiliano Murath, quien representa a uniformados condenados por delitos de lesa humanidad.

Entre los reos que Murath defiende están: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA; Eugenio Covarrubias, ex director de la DINE y condenado por caso Berríos; Manuel Carevic, quien fue agente de la DINA, CNI, DINE; Patricio Jeldres Rodríguez, general (r) de Carabineros condenados por casos en Chillán; y Klaudio Kossiel Horning, teniente coronel (r) de Ejercito, sentenciado por muertes y torturas en Tejas Verdes.

Murath explica que el objetivo es evitar que los procesos por casos de DD.HH. sean tramitados en la justicia antigua, ya que “atentan contra el debido proceso, contra la imparcialidad de un tribunal y contra el derecho a la defensa”. Sostiene que “no puede ser que el mismo juez que investigó, procesó y acusó, termine condenando a la misma persona; eso es absolutamente contrario a todos los estándares internacionales”.

“Esto no implica cambiar el sistema antiguo sino aplicarle las garantías mínimas del sistema nuevo, porque ahora los juicios no tienen esas garantías”, argumenta. Y enumera: “Que al menos los jueces que sentencian sean distintos a los que investigan, que el abogado defensor pueda estar presente cuando se interroga a un testigo o al propio imputado. Si esto no se cumple, se pone en duda la verdad procesal o la sentencia, el juicio completo”.

Las denuncias las presentó la primera quincena de noviembre vía página web en la página de la Comisión de la Corte, que tiene sede en Washington y es el paso previo a la CIDH. Ahora está a la espera de que esta instancia declare la admisibilidad de cada una de las acciones.

Sin embargo, el abogado experto en DD.HH. y quien ha alegado casos en la CIDH, Nelson Caucoto, explica que estos juicios “demoran mínimo cinco años. La Comisión recibe la denuncia, define si es admisible; si accede a esto, inicia un proceso; le pide un informe al Estado y con eso pide réplica y dúplica a los litigantes. Si la Comisión encuentra que un caso es viable, puede llevar a las partes a una etapa de solución amistosa; si eso falla se hacen alegatos y con todo eso resuelto, si el caso amerita llegar a la Corte, finalmente se envía y así se abre un juicio contra el Estado de Chile en la sede de la Corte en Costa Rica”.

Caucoto afirma que no es la primera vez que militares acuden a este organismo: “Está lleno de denuncias formuladas por los presos de Punta Peuco y militares violadores de los Derechos Humanos, y no han tenido ninguna resolución feliz para ellos”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), afirma que “la Corte lo va a tomar como una anécdota. Ellos están en su derecho de hacer lo que quieran, pero me resulta irónico que estén apelando a lo que le negaron a los chilenos y chilenas que ya no están, que fueron ejecutados o son detenidos desaparecidos”.