Sandra Nahuelcura Villamán es el nombre de la jueza que inició, pasadas las 9:30 horas de hoy, la audiencia de formalización, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, de los cuatro carabineros dados de baja y que son imputados por los delitos de homicidio simple consumado de Camilo Catrillanca Marín; homicidio simple frustrado contra del adolescente M.A.P.C. y destrucción a la investigación y destrucción de documentos.

La diligencia se realiza 16 días después de la muerte de Catrillanca y luego que se develara que los ex policías habrían mentido en su declaración y uno de ellos habría destruido la tarjeta de video donde se grabó el procedimiento que culminó con el fallecimiento del comunero de 24 años. Al cierre de esta edición la audiencia seguía en desarrollo.

De 39 años, la jueza Nahuelcura es la única titular de un tribunal de justicia penal en La Araucanía de apellido mapuche y una de los cuatro jueces del mismo origen de Chile.

El día en que juró como jueza en Collipulli, en mayo de este año, agradeció la oportunidad y dijo que “con este nombramiento veo coronado un periodo de mucho sacrificio familiar y personal”, publicó Radio Viaducto, que cubrió el acontecimiento. A partir de esa fecha se convirtió, además, en la segunda mujer en ser titular del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Collipulli, junto a María Fernanda Lagos.

Para José Aylwin, abogado y consejero del Instituto Nacional de Derecho de Humanos (INDH), el hecho de que Nahuelcura sea una de los cuatro jueces de apellido mapuche en el país (en la justicia penal), revela “la subrepresentación indígena en el Poder Judicial y en espacios de la magistratura. Solo hay que recordar que la demografía indígena en este país, de acuerdo al último Censo, alcanza el 12%”.

Agrega que “Chile tiene un rezago importante en esa materia, incluso en relación al Convenio 169 (de la OIT) que establece que existe este derecho de resolver los asuntos internos por parte de los sistema de justicia indígena. También en la formación para la Justicia del Estado, de jueces indígenas y no indígenas en el conocimiento del derecho propio de los pueblos originarios”.

Esto implicaría incluir la cosmovisión de los pueblos a la hora de tramitar las causas, explicó a “La Segunda” el pasado 13 de noviembre, María Carolina Catepillán, y ministra de la Corte de San Miguel,otra de los cuatro jueces mapuches de Chile.

De hecho, desde 2016 la Academia de Jueces ha comenzado a impartir cursos para jueces y funcionarios para profundizar en el Convenio 169 de la OIT para que “obtengan herramientas básicas efectivas relativas a la comprensión de la cosmovisión y cultura mapuche y al desarrollo de habilidades de comunicación en lengua mapudungun” a fin de establecer diálogos funcionales.

Aylwin puso de ejemplo a Canadá donde “se ha iniciado en una universidad, en Windsor, un programa de maestría que tiene como eje el derecho indígena”.

Nahuelcura llegó a Collipulli en 2016 donde trabajó como secretaria y en algunas ocasiones dirigió audiencias en el juzgado como suplente.

En ese puesto, en enero de 2017, dictó prisión preventiva contra dos personas vinculadas a un grupo —desplegado entre las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos— que eran investigados por formación de milicias privadas. En mayo de ese mismo año, le tocó enfrentar la agresión de un grupo de comuneros al fiscal Enrique Vásquez, en el marco de un procedimiento abreviado contra Germán Melinao y Alexis Melinao, por infracción a la Ley de Bosques.

Oriunda de Los Ángeles, estudió Derecho en la Universidad de Concepción (1998). Tras graduarse trabajó por cinco años en el Ministerio Público, hasta que decidió especializarse en la Academia Judicial para ser jueza, de donde egresó en 2012. Entre 2013 y 2014 fue la secretaria de la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

No es primera vez que el abogado defensor de los cuatro ex carabineros que fueron detenidos ayer por orden de la jueza Sandra Nahuelcura, Alexander Schneider Oyanedel (49), enfrenta un juicio de este tipo, ya que fue asesor jurídico de la Intendencia de La Araucanía entre 2010 y 2014, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En ese rol, en junio de 2013 participó de la presentación de una de las primeras acusaciones en contra de Celestino Córdova, cuando fue detenido por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Una acusación que presentó en ese momento, por la muerte del matrimonio, y otra por el atentado incendiario ocurrido en diciembre de 2012, solicitando penas bajo la Ley Antiterrorista.

El cargo en mayo de 2014 le generó un conflicto con el entonces intendente Francisco Huenchumilla y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, posterior al cambio de gobierno. Contra ellos presentó un recurso de nulidad por ser desvinculado antes del término de su contrario (diciembre de ese año) —junto a otros dos abogados— que se habría efectuado luego de cumplir orden de modificar al menos seis querellas por delitos terroristas en la administración anterior.