Hasta ahora el representante del empresario Raúl Schüler Gatica (74) era Sergio Bellemans, un abogado de Rancagua que aparece en la página del Poder Judicial actuando más frecuentemente en temas civiles. Pero eso cambió. El empresario de San Francisco de Mostazal, a quien la PDI le halló en su fundo 21 esculturas robadas, decidió contratar a Carlos Cortés. Su nuevo representante es un criminalista que tiene oficina en Santiago y que, entre otros, defiende al ex senador Jaime Orpis en el caso Corpesca y al general (r) Gonzalo Blu en la investigación por la Operación Huracán.

Graduado en 1995 de la Universidad Católica (antes había estudiado en el Colegio Verbo Divino), Cortés ha estado en varios de los casos criminales relevantes de los últimos años. Partiendo por el caso coimas, en que defendió al ex diputado Jaime Jiménez. Respecto de este último caso hay una coincidencia: tanto coimas como el hallazgo de estatuas están en la Región de O'Higgins. El primero partió en el entonces Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua, mientras que este otro está en el Juzgado de Graneros.

Según el sitio web del estudio de Cortés, “desde 2013 a la fecha la «Guía Internacional Chambers and Partner» lo ha distinguido entre los abogados más destacados de Chile en el área de litigios penales económicos”. Sus socios en la oficina son Sergio Rodríguez Oro, Ignacio Schwerter y Fernando Palma. Fue fundada en 1996. Además de las causas de Orpis y Blu, el abogado Cortés representó al ministro Felipe Larraín en la investigación por el uso de pasajes para realizar una conferencia en Harvard al inicio de la gestión del titular de Hacienda. También fue el defensor de Laurence Golborne en Penta y de Patricio Cordero en Caval.

Ahora han aparecido también defensores públicos de Raúl Schüler. La corredora de propiedades Luz María Ferrada, hermana del ex diputado Luis Valentín Ferrada, publicó hoy una carta en «El Mercurio» en la que dice que “se trata de una persona honorable, recta, humanitaria y, sobre todo, con una gran vocación por aliviar el dolor de los más vulnerables”. Según aparece ahí, lo conoció en los antiguos campos de Maipú. Esto, porque el padre de Schüler, Raúl Schüler Giessen, fallecido en 1992, era propietario del fundo «Lo Encañado» en Rinconada.

“Su vida han sido los demás”, prosigue la carta, “su casa ha sido un espacio abierto para recibir ancianos, niños de escasos recursos, campesinos y artistas. Esta semana estaba preocupado de recibir a cientos de trabajadores de la salud que celebrarían en su campo las fiestas de fin de año. Para Navidad tiene organizada una celebración para los ancianos de escasos recursos de San Francisco de Mostazal”. Luz María Ferrada, en 2002, publicó una nota necrológica en «El Mercurio» por el fallecimiento de Josefina Gatica, madre de Schüler. Dice que Josefina Gatica fue criada en el fundo La Capilla de Quillota.

“Ama el arte y es un coleccionista conocido y reconocido de obras que ha recibido de su familia y de sus antepasados, que le han donado muchos amigos, que le han llevado anticuarios y que le han vendido intermediarios y artistas, actuando siempre con una infinita bondad, buena fe, corrección, e incluso, ingenuidad”, afirma Luz María Ferrada y luego se pregunta: “el día que demuestre su inocencia, como estoy seguro lo hará, quienes hoy lo acusan podrán reconocer el tremendo e irreparable daño que se le ha hecho sin escuchar siquiera su verdad”. Consultada por «La Segunda» la mujer se excusó de profundizar en sus dichos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Hospital Las Higueras de Talcahuano, y resolvió que debe realizar gestiones para comprar un tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal(AME), cuyo costo durante el primer año es de $500 millones, y suministrarlo a un niño de tres años que a los nueve meses fue diagnosticado con esta enfermedad degenerativa.

La familia recurrió a la justicia considerando los efectos de esta patología que “debilita los músculos más cercanos al cuerpo como hombres, muslos y pelvis, lo que permiten gatear, caminar, sentarse y controlar los movimientos de cabeza. En casos más avanzados puede llegar a afectar la respiración y deglución”.

Durante el primer año el niño necesita el suministro de seis dosis del fármaco Spinraza —tratamiento para la AME— con un valor sobre $66 millones cada una. En el segundo año las dosis disminuirían a tres y, en adelante, dependiendo de la evolución, reducir a una o dos dosis. Según argumentó durante la tramitación de este caso el médico tratante, el medicamento “no solo detendría el deterioro muscular, sino que habría demostrado científicamente que lo revierte”.

La decisión del máximo tribunal contó con los votos de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco —estuvieron en contra Arturo Prado y el abogado integrante Pedro Pierry— y confirmó la sentencia que de la Corte de Apelaciones de Concepción, el pasado 31 de agosto.

En esa oportunidad el tribunal de alzada determinó que tanto el hospital como Fonasa y los organismos del Estado deben “tener en cuenta el principio de interés superior del niño, contemplado en el artículo 3° de la Convención”.

Esta es la segunda sentencia de la Suprema, durante este mes, en la que acoge la solicitud de un paciente de AME. El 7 de noviembre también resolvió el financiamiento, por parte del Estado, del mismo medicamento para un niño de un año.