En agosto, un reportaje publicado por El Desconcierto reveló que seis adolescentes —entre 13 y 17 años— viven en un tribunal abandonado en Pudahuel. Según sus relatos, dejaron el hogar por su clima de violencia: el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Pudahuel.

Según cifras que el Sename entregó vía Ley de Transparencia al Observatorio para la Confianza —que depende de la Fundación del mismo nombre que lidera José Andrés Murillo—, entre enero de 2017 y agosto de este año, 302 niños, niñas y adolescentes dejaron este hogar de Pudahuel. Su rastro se perdió, ya que aunque su ingreso es determinado por un tribunal, no hay herramientas en el sistema para buscarlos. Es decir, su paradero será conocido sólo si ellos desean volver.

En este caso, el abandono del sistema se traduce a un promedio de 15 adolescentes que dejaron el Cread Pudahuel por cada mes. Según esos mismos registros, este hogar tiene un promedio mensual de 147 menores que aparecen como ingresados (vigentes) y que, por lo tanto, debieran vivir en el lugar.

Si bien el Observatorio pidió la información de los 12 centros que componen la red de Cread en el país, el Sename sólo informó sobre cuatro: Pudahuel, Playa Ancha, Capullo y Alborada, que totalizan 459 abandonos (ver infografía). Los dos primeros lideran las cifras.

Debido esta situación, hoy inspeccionó el hogar de Pudahuel la directora ejecutiva de Unicef Henrietta H. Fore.

“Es complejo ayudarlos”

Gabriel Guzmán, director del Observatorio, dice que la alta cifra de abandonos es “una alerta de que algo pasa en el Cread Pudahuel. Como Fundación hicimos una denuncia en su contra por lo niños que viven en el tribunal desocupado”.

En tanto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dice que “he tenido conversaciones directas con los adolescentes que se han fugado de ese centro (Pudahuel) y, efectivamente, lo que ellos me dicen es que huyen del lugar por las situaciones de abuso y maltrato”.

Muñoz añade que se debe trabajar en medidas de fondo, para evitar que estos adolescentes sigan dejando los hogares. “Tenemos que velar por que el Estado responda a sus necesidades, porque ellos requieren protección especializada, la que no se está dando hoy en los centros de atención directa y tampoco en los organismos colaboradores (del Sename)”.

En esa línea, Guzmán dice que es imperativo intervenir el hogar de Pudahuel tal como se hizo en Playa Ancha, donde en 18 meses 152 adolescentes dejaron el lugar. Esto, además de denuncias de maltrato que culminaron en octubre con formalización de funcionarios por torturas. Además, se decretó el cierre y comenzó el traslado de niños a otras residencias.

Sobre los menores que no quieren volver a los centros, la defensora de la niñez explica que el trabajo debiera enfocarse en recuperar su confianza: “Es complejo ayudarlos, porque no le podemos imputar a ese niño su comportamiento, porque ellos ya tienen experiencias de vulneración sistémica y permanente”.

Otro punto que llamó la atención de Guzmán es la cifra de cumplimiento en los centros del Sename con régimen semicerrado, es decir, aquellos donde un adolescente que cometió un delito debe cumplir una pena alternativa a la internación cerrada. La información revela que el promedio mensual de cumplimiento a nivel nacional es sólo del 22%: “Hay centros como en Punta Arenas que alcanzan un 10% de asistencia. En Concepción asisten en promedio (mensual) 4 niños de 15 y en Arica, 4 de 21. Eso da cuenta de que tal vez la calidad de esa sanción no es la adecuada, no se cumple la pernoctación nocturna, ni los programas o las redes en medio libre que pudieran contribuir a la finalidad que tiene el régimen semicerrado, que es la reinserción social de los jóvenes. Pero este tipo de sanción tiene el mayor porcentaje de reincidencia”.

Un conductor de la aplicación Uber que trabajaba esta madrugada en Cerro Navia está con riesgo vital internado en la Posta 3 luego que fuera atacado con un arma blanca a la altura del tórax.

Los hechos se habrían producido cuando tomó como pasajeros a una pareja en el centro de Santiago con dirección a Cerro Navia. La PDI investiga las pistas para dar con los responsables, los que podrían eventualmente ser el hombre y la mujer que abordaron el automóvil.

Según subinspector de la Brigada de Homicidios, Benjamin Porras, testigos indicaron que la víctima fue bajada del auto y le quitaron las llaves del vehículo. El conductor intentó quitárselas y durante el forcejeo resultó herido.

Radio Bío Bío publicó ayer una minuta que la U. del Pacífico entregó al Ministerio de Educación en la que asegura que entre 2016 y 2017 el plantel ha perdido más de $3.500 millones, una merma que, dicen, se debe a cuatro razones: caída de la matrícula de alumnos de casi el 50%; un “fuerte” aumento en la morosidad de los estudiantes (el 54% está atrasado en el pago de su mensualidad); la “creciente competencia de universidades con financiamiento del Estado”; y no contar con recursos estatales “por pérdida de acreditación”. Cifra a la que se suma la estimación del perjuicio monetario para este año, que sería de $1.500 millones, totalizando pérdidas por más de$5 mil millones en los últimos tres años.