Paso a paso

El mecanismo cuestionado

El fiscal José Morales está centrado en las agencias y los ejecutivos que entre 2009 y 2016 colaboraron con el Ejército en estas maniobras.

Las diligencias —trabajadas con la Brigada de Delitos Funcionarios, Bridef—reconstruyeron el mecanismo en que se trabajaba:

1Ejército pedía al Ministerio de Defensa autorización para que un militar saliera del país. Sólo quienes excedían los ocho meses podían viajar con cónyuge y cargas legales.

2 Ejército emitía orden fiscal que detallaba el itinerario.

3 Agencia emitía cotización, siempre por servicio one way (los más caros de la oferta aérea y ultra flexibles).

4 Militar retiraba pasajes en sección de Pasajes y Fletes del Ejército.

5 Militar acudía a la agencia y ésta le daba alternativas para hacer rendir el alto pasaje pagado: escalas en otras ciudades; prolongar estadía; hoteles, tours y autos. A veces alcanzaba hasta para viajar acompañado.

6 Agencia efectuaba ficha del viaje, detallando el itinerario real, pero al facturar al Ejército se remitía a la solicitud original de esta institución.

7 Institución pagaba a la agencia.

Es en este punto donde se evalúa la figura de fraude al fisco. El lavado de dinero estaría dado porque las agencias, mediante maniobras falsas, colaboraban para que los militares se apropiaran de dinero del Estado.

El fiscal José Morales no ha dicho aún a los abogados que representan a las agencias de viajes -y a los ejecutivos a cargo de atender al Ejército- cuándo podría concretar una formalización, pero sí les adelantó que la figura que podría imputarles es fraude al fisco y que evalúa dos derivadas de éste como delito base: lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona jurídica.

Son ya más de 20 tomos los que acumula la causa que Morales investiga desde junio: la de los civiles presuntamente involucrados en la arista “viajes” que descubrió la ministra en visita Romy Rutherforth. En enero ella comenzó a procesar a oficiales que aprovechaban los pasajes mas flexibles que la institución les compraba para cometidos funcionarios, y con ellos aprovechaban ciertos “beneficios”: hacer viajes de turismo o pedir devoluciones de dinero.

“Los civiles van para formalización”, dicen personas que siguen los pasos de la causa. De acuerdo al ritmo que se están visualizando, esa acción podría concretarse en enero.

Pasajes como

“patrimonio” del oficial

La investigación de Morales proyecta que cerca del 70% de los militares que viajaba al extranjero en comisiones de servicio hacía uso de estos “beneficios”. Pero no cualquiera tenía derecho a viajar: sólo los más cercanos a los altos mandos.

Las escalas más comunes eran Punta Cana y Miami. Por ahí habrían pasado no sólo el coronel (r) Sergio Vásquez, procesado por la ministra, sino también una veintena de oficiales que son investigados. Otros destinos eran Venecia y Roma.

Un informe anexado a la investigación da cuenta de que el procedimiento estaba naturalizado en el Ejército. Fue entregado a Morales hace cerca de dos meses por un militar. Decía que una vez que el pasaje era girado por la agencia en favor de un uniformado, éste pasaba a formar parte de su “patrimonio” y podía hacer con él lo que le pareciera conveniente, siempre y cuando se respetara el destino final.

El informe lo pidió el general de Comando de Personal, René Palavecino, en retiro desde el 9 de noviembre, y firmado por el entonces coronel Alejandro Villagra, ahora ascendido a general.

La Segunda preguntó al Ejército sobre el sentido del documento y si su contenido era una postura oficial. Desde Comunicaciones de la institución se respondió que no podían referirse al tema pues la información es de “carácter reservada, en cuanto a su forma y fondo, y es parte integrante del proceso judicial”, que lleva tanto Rutherford como Morales.

Agencias con vínculos familiares

El fiscal Morales constató que de las muchas agencias de viaje que atendieron al Ejército en el período, las más importantes por monto y frecuencia en el tiempo fueron Latrach, Tupper, Turavión.

En la lista que está siendo investigada figuran también Turismo Costanera y Turismo Cocha.

Cruzando los datos, dicen personas que están enteradas de la investigación, el fiscal supo que (además de gestionar los viajes del general (r) John Griffiths, quien debió renunciar a la jefatura del Estado Mayor del Ejército al ser procesado por la ministra Rutherford) la agencia Latrach atendió preferentemente a los oficiales más altos y a algunos comandantes en Jefe. El contacto ahí era Victoria Latrach, una de sus socias directoras, quien se habría encargado personalmente viajes realizados por el general (r) José Miguel Fuente Alba.

En el caso de Turavión (la tercera agencia más contratada por el Estado, según informó La Segunda el mes pasado; Latrach era la quinta), el contacto era Annie Stange, esposa de Arturo Contreras Polgatti, un coronel en retiro que este año aparece en el Registro Público de Lobbystas con audiencias sobre “cyber guerra y cyber seguridad”. Para Turavión, Annie Stange actuaba desde el 2002 como comisionista, trabajaba desde su casa y los trámites en la agencia se los hacía su asistente, Ximena Moraga.

También se investiga si en otras agencias de viajes, como Turismo Costanera y Tupper, quienes atendían a los militares tenían vínculos cercanos con la institución.

Aunque se calcula que la comisión para los agentes de viajes era entre 5 y 7%, aún no se realizan tablas comparativas para evaluar el monto total defraudado.

El fiscal José Morales.

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