En el año 2016, la Contraloría Metropolitana fiscalizó el modo en que se estaban pagando los sueldos en el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin. A mediados de 2017, esa unidad envió al Sernageomin el preinforme de la auditoría con una serie de objeciones por malos cálculos en las asignaciones especiales, algo así como la “Función Crítica” que hay en otros servicios.

Esto había implicado que el año auditado el Sernageomin pagara a 300 funcionarios $322 millones que no correspondían. De ellos, dos jefaturas habían recibido $13 millones extras cada uno, entre ellos la abogada Doris Roa. La Contraloría entonces anunciaba que pediría el reintegro de los $322 millones, a no ser que dieran una buena respuesta o las personas pagaran dentro de 60 días.

El Sernageomin entregó sus descargos insistiendo que los cálculos estaban bien hechos, pero el jefe de la Contraloría Metropolitana, Víctor Henríquez, consideró que no y elaboró el Informe Final manteniendo la orden de reintegrar.

El 4 de octubre, Henríquez despachó el documento a la Unidad Revisora de Informes (URI) —con “dependencia directa” del contralor general, Jorge Bermúdez, de acuerdo al documento que crea esa instancia— para sus observaciones. Agregó que se trataba de un informe de complejidad “alta”.

Esa unidad sólo puede decidir modificaciones formales y las decisiones de fondo, si se realiza o no una acción derivada, requieren la aprobación del contralor.

Entre el 4 y el 6 de octubre, la URI lo revisó e informó a Henríquez los cambios que debía efectuar, él los realizó y subió de nuevo el documento para su aprobación definitiva. El informe de nuevo bajó a sus manos, y el 12 de octubre Contraloría Regional Metropolitana despachó al Sernageomin, que lo recibió el día 13.

La abogada Doris Roa trabajaba como jefa jurídica del Sernageomin desde el 2014. Su nombre aparecía en el preinforme y el documento que Henríquez derivó a la unidad del gabinete de Bermúdez. En ambos se leía su nombre completo y detallaba que su “exceso de remuneraciones” el año 2016 en ese servicio había sido de $13 millones. En ambos también ordenaba el reintegro de los fondos por parte de los 300 funcionarios que estaban en esa situación.

En el Informe Final (N°516), sin embargo, no se pide reintegro de fondos. Firmado por el jefe de la Contraloría Metropolitana, sólo hace ver al Sernageomin que “deberá, en lo sucesivo, rectificar el proceso de determinación de las remuneraciones, sin utilizar en la base de cálculo la Asignación de Modernización”.

En el Informe Final, que la Contraloría subió a su página web el 13 de octubre, no se dice una palabra de reintegros y tampoco sale en él el nombre de Doris Roa.

El puesto de fiscal de la Contraloría General de la República, cuarta autoridad de esa institución y de exclusiva confianza de Bermúdez, estaba vacante desde hacía dos meses. El 17 de octubre se llenó: la abogada Doris Roa fue designada por el contralor Bermúdez y ese mismo día ella asumió en el cargo.

La renuncia al Sernageomin, Doris Roa la presentó el día anterior.

De no haberse descartado la propuesta de reintegro de fondos, Roa habría quedado registrada con una anotación de “cargos pecuniarios” en el Sistema de Personal de la Administración del Estado (Siaper).

En su rol de fiscal de la Contraloría General de la República, la abogada está encargada de perseguir ante el juez de cuentas la recuperación de los dineros objetados por el organismo.

En su antiguo cargo de jefa jurídica del Sernageomin ella debió, entre otras cosas, responder jurídicamente las objeciones que ese organismo realizaba a su repartición.

A través de la unidad de Comunicaciones, la Contraloría General de la República consignó lo siguiente:

1. Que “la Contraloría Regional Metropolitana no ha solicitado en informe final alguno la restitución de remuneraciones, sino que ha ordenado que, desde la fecha del informe, Sernageomin aplique la nueva metodología… El Contralor Regional Metropolitano le remitió a la Unidad Revisora de Informes el proyecto de Informe Final con fecha 4 de octubre de 2017. Esta Unidad lo devuelve el 6 de octubre del mismo año. Con fecha 12 de octubre de 2017 el Contralor Regional Metropolitano se lo envía nuevamente a la Unidad Revisora de Informes, la que devuelve sin observaciones el mismo día, siendo notificado al servicio el 13 de octubre del 2017. En consecuencia, el único pronunciamiento válido de la Contraloría es el que consta en el informe final”.

2. Los efectos de esta nueva interpretación fueron impugnados a través de un recurso de protección por parte de los funcionarios, el que actualmente se encuentra pendiente ante los Tribunales.

3. Se puede asegurar que dicho informe no pasó por los asesores del Gabinete ni por el Contralor General, de hecho, la bitácora del documento así lo constata.

Al respecto este artículo dice, justamente, que el Informe Final no contiene la orden de reintegrar, pero que todos los documentos anteriores sí la consideraban. No hay claridad aún de quién ordenó las modificaciones, pero ellas se realizaron no antes del 6 de octubre. Doris Roa asumió 11 días después.