En un fallo que puede marcar un antes y un después en la historia de las administradoras de fondos de pensiones, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de reclamación que presentó la Superintendencia de Pensiones contra el Consejo para la Transparencia y que la obliga a liberar los informes diarios de inversiones de los fondos de pensiones desde 2002 hasta 2016. Todo, a raíz de la petición del ciudadano Esteban Rodríguez González al ente fiscalizador, que rechazó en agosto de 2017 su solicitud.

De paso, el tribunal le dio una dura reprimenda al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, por su decisión de negarse a entregar la información pedida.

En la causa, se comprobó que los sujetos afectados por la divulgación de esa eventual información secreta eran los propios fondos de pensiones —que no reclamaron ante el tribunal de alzada— y no la Superintendencia de Pensiones y que además esta última entregó información incorrecta al tribunal, señalando que para procesar la solicitud de transparencia debía destinar 1.500 horas hombre, pese a que en la realidad eran algo más de 70 horas.

De esta forma, la Corte junto con dar la razón al Consejo para la Transparencia, en cuanto a que la superintendencia debía informar las notas explicativas solicitadas, señaló que el secreto y carácter estratégico de ellas, por su eventual valor económico y comercial, invocado por Macías y las propias AFP no era tal, por la simple razón de que las notas aludidas eran simple información accesoria del denominado “balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio” de los fondos de pensiones, el cual es público y permite, entre otros, determinar el valor cuota de cada fondo.

Además, la corte argumentó que a la superintendencia no le correspondía reclamar a nombre de terceros privados la decisión del Consejo para la Transparencia y mucho menos destinar “recursos fiscales” para interponer esa acción judicial.

Consultada respecto a este fallo, el ente fiscalizador dijo: “La decisión de la Superintendencia de Pensiones es la de no presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema por considerar que no se cumplen los criterios que lo justifican y, por tanto, daremos cumplimiento al fallo”, entregando en tiempo y forma la información solicitada por el ciudadano Esteban Rodríguez .

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, comentó que “no procedía que fuera la superintendencia la que planteara la afectación de las AFP, pero en relación a las horas hombre a destinar (y un eventual entorpecimiento de sus funciones por el volumen de información solicitada), acá en el Consejo nunca fue alegado, pero sí en la corte y aparentemente ese argumento de la superintendencia no tendría fundamento”.

En ese sentido, agregó que “es delicado que los elementos que se señalaron para no generar esos volúmenes de información no correspondan a la realidad”. Y respecto al uso de recursos públicos para defender a las AFP, “es un juicio que debe ser hecho por el público y por quienes deben rendir cuentas a los órganos del Estado, y creo que la estrategia que se siguió acá (por parte de la superintendencia) no fue la mejor y representa una dura reprimenda por parte de la Corte de Apelaciones y la misma que nosotros señalamos en su momento”.

De hecho, señaló que si el ente fiscalizador no entrega la información requerida en un plazo de 10 días (ejecutoriado el fallo), los funcionarios públicos involucrados arriesgan medidas disciplinarias que parten en el 20% de sus salarios.

El ex diputado y presidente de la DC, Fuad Chahín, que en su carácter de abogado representó al ciudadano Esteban Rodríguez, dijo “que la primera gran irregularidad es que aquí apareció la superintendencia defendiendo a las administradoras e invocando causales que sólo podían plantear las AFP. Y segundo, es que la superintendencia no tuvo ningún pudor en mentir descaradamente para intentar proteger los intereses de las AFP. Después de esto, lo que corresponde es que el superintendente renuncie al cargo de inmediato e incluso se ordenen sumarios por parte de la Contraloría”.

De hecho, Chahín advirtió que este fallo puede generar consecuencias insospechadas para la industria de AFP, ya que al liberar esta información “por primera vez destapamos la olla, para ver si las AFP no son sólo un cartel, sino que además conocer si están bien configurados los valores cuota, ya que creemos que se están sacando platas de los afiliados para desviarlas a las utilidades de las AFP”.

El fundador y gerente general de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, de hecho, junto con celebrar la decisión de la Corte de Apelaciones, pues él en 2014 había perdido en esa instancia una solicitud de información similar, indicó que los datos que se van a liberar de los fondos de pensiones, entre otros, van a permitir determinar si fue efectiva la pérdida de 20% que enfrentaron las carteras de los afiliados tras estallar la crisis subprime en 2008 y no se trató de una acción coordinada de la industria y la autoridad de la época, “para proteger a una de las administradoras que había perdido recursos muy por sobre el promedio del sector y afrontaba la quiebra por sus malas decisiones de inversión”.