El ministro en visita, Mario Carroza, dictó sentencia contra los ex uniformados responsables de los 15 homicidios calificados ocurridos el 16 de octubre 1973, en el Regimiento Arica, tras el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena.

Entre los condenados se encuentra el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien cumplirá pena de tres años y un día de libertad vigilada en calidad de encubridor de estos crímenes. Es primera vez que una máxima autoridad del ejército es condenada por un caso de DD.HH. Cabe recordar que al general Augusto Pinochet si bien se le procesó, finalomente fue liberado de cargos por demencia.

El ministro ademas condenó como autor de estos hechos al entonces comandante del regimiento Arica de la Serena, el general retirado Ariosto Lapostol: Sentenció una pena de 15 años y un día de carcel.

Además, el fallo acogió la demanda civil presentada en el mismo proceso penal por las familias de las víctimas. El Fisco deberá desembolsar $190 millones a cónyuges, hijos y hermanos de los fusilados: Óscar Aedo, Marcos Barrantes, Mario Ramírez, Hipólito Cortés, Jorge Contreras, Roberto Guzmán, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Carlos Alcayaga, Jorge Osorio, José Araya, Óscar Cortés, Manuel Marcarian, Víctor Escobar y Jorge Peña.

Como cómplices y a cinco años y un día fueron condenados Pedro Espinoza Bravo, Juan Chiminelli Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González. Por la misma participación de Cheyre (es decir, como encubridores) quedaron condenados Hernán Valdevenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Mario Vargas Miguieles y Luis Araos Flores. Todos a tres años y un día, también en libertad vigilada.

Carroza absolvió a cuatro ex uniformados: Luis Polanco Gallardo, Hugo Leiva González, Mario Larenas Carmona y Luis Fernández Monjes.

El ex Comandante en Jefe del Ejército ha negado siempre la participación en estos hechos, por lo que se prevé prontas apelaciones de su parte.

En la acusación que Carroza dictó en abril del año pasado se establece que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército de la época, Augusto Pinochet, instruyó al general de Brigada Sergio Arellano Stark (fallecido) acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos a lo largo del país. El “aceleramiento” implicó un sinnúmero de ejecuciones, entre ellas las de La Serena.

El 16 de octubre de 1973, Arellano arribó a esa ciudad en un helicóptero “Puma” del Ejército de Chile, junto a un grupo de militares. Se reunió con el Primer Comandante del Regimiento de Artillería N°2 Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego. Tras hacerse los procesos militares contra presos políticos, se determinó a quiénes ejecutar. Y Lapostol, cuyo ayudante era Cheyre, envió un contingente del mismo regimiento que se trasladó hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiró de la prisión a las personas que luego fueron ejecutadas.

“Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”... “Unas violaciones que no justifica (el Ejército) y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”. Las frases de noviembre de 2004, contenidas en el documento «Ejército de Chile: el fin de una visión» publicado en La Tercera, no correspondían a un civil, sino que al entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, cargo en el que había sido nombrado el año 2001 por el Presidente Ricardo Lagos.

En la propia interpretación de Cheyre, sus dichos no fueron una petición de perdón, sino “reconocer que se trataba de una responsabilidad institucional”. Y marcaron una profunda distancia con la defensa que sus antecesores hacían del régimen de Pinochet. También, calaron en el mundo político a tal punto que fueron no sólo un signo de los cambios que vivía la rama castrense; también señales de su posterior reconversión profesional, y por la que llegó a ser tratado casi como un civil. De hecho, ya ese 2004, como general en ejercicio, fue elegido por la revista Cosas como “el hombre del año” y decía que buscaba que “el pasado” no fuera “un freno”.

Con su título en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998) y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (2002), ya sin uniforme (fue llamado a retiro en marzo de 2006, pasando por dos tragedias de Antuco y en la Antártica) era académico y columnista. En 2012 llegó a integrar el Consejo Directivo del Servicio Electoral, por cinco años, e incluso sus pares lo eligieron presidente en un momento. Tras ser procesado, renunció al organismo.

“En democracia la verdad y la justicia son imprescindibles. Lo más probable es que él apele a este fallo. Sin embargo, la condena en primera instancia no hace olvidar que él fue el primer general que reconoció la violación institucional de los DD.HH., en la dictadura cívico militar de derecha”, señaló esta mañana Francisco Vidal (PPD), ex ministro de Defensa. “Además de los múltiples gestos de reconciliación. Hay que quedarse con la parte positiva, y la parte positiva es el nunca más. Ese valor es parte de la historia de Chile y no se puede olvidar, no obstante que la justicia ha hecho su trabajo. Yo respaldo lo que él hizo en como comandante en jefe”. Añadió: “Obviamente que respeto el fallo de la justicia en materia de su participación en el regimiento Arica de La Serena. Yo separo: valoro el gesto del nunca más y valoro también la primera sentencia de los tribunales”.

“El rol que tuvo en ese momento histórico lo evalúo muy positivamente desde la perspectiva ciudadana, porque le cupo una responsabilidad muy notable”, destacó Jorge Burgos (DC), sobre el nunca más de Cheyre. “Fue importante desde la perspectiva política en el gobierno de Ricardo Lagos y también desde la militar. Sus tareas posteriores, como la del Servel, pueden ser importantes, pero no como ese momento histórico”.