En la investigación por los fraudes en el Ejército se le caracteriza como aplicada y meticulosa. “Una inteligencia operativa”, coinciden abogados que conocen a la ministra Romy Rutherford.

Tras tomar el caso en febrero de 2017 —de manos del ministro Omar Astudillo— se instruyó en la estructura del Ejército y decodificó un sin número de siglas para saber exactamente dónde y cómo pedir los documentos que necesitaba.

De su forma de trabajo, ha llamado la atención es la cantidad de antecedentes que incorpora en los procesamientos que ha dictado para acreditar la participación de un imputado. Todos tienen más de 50 páginas. “Eso yo nunca lo había visto”, dice el defensor de un militar.

Y pese a explayarse, es celosa de la reserva: Tras una filtración a la prensa pidió a la fiscalía abrir una investigación.

Su estilo recién se hace conocido, a pesar de que antes también investigó grandes causas, como fue la de lavado de dinero del clan Mazza. Su mayor experiencia ha sido como relatora de la Corte de Apelaciones y de la Suprema: ha estado en ese rol 18 de los 23 años que lleva en el Poder Judicial.

Ahora, tras sus últimas resoluciones, se tomó la agenda al procesar por fraude al fisco en el uso de pasajes y viáticos al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general John Griffiths, arista que nació de la investigación por mal uso de los fondos de la ley reservada del Cobre.

Hoy cuando los militares entran a su despacho a declarar, ella escucha sus versiones y defensas, observante, hasta que empieza a exhibir documentos y pedir explicaciones. “Del ´no sabía', muchos pasan al ‘ahora me acordé'”, cuentan fuentes cercanas a la investigación.

“Antes de interrogar a alguien tiene todo perfectamente claro. Sabe lo que quiere sacar de un testigo o de un imputado”, dice un abogado del caso.

Recibió la causa en febrero de 2017, de manos del ministro Omar Astudillo. Ya cuenta con 21 aristas abiertas y decenas de militares investigados.

La indagatoria ha calado tan hondo que el ministro de Defensa, Alberto Espina, estudia con lupa la conformación del nuevo Alto Mando, intentando prever qué otros militares podían saltar en la causa que tramita esta jueza.

Sus labios son tan finos que pintados parecen dos líneas paralelas debajo de una nariz delgada y ojos celestes perfectamente delineados. Es menuda y atlética, y casi siempre se le ve con falda a media pierna, chaqueta ajustada y unos tacones espigados que la empinan hasta el metro 60. Sus dientes están blanquísimos y sus manos largas, impecables.

Estudió en el Colegio Mariano. La carrera de Derecho la hizo en la Gabriela Mistral, algo inusual en los ministros de corte, que en su mayoría egresaron de universidades tradicionales. Alguna vez ella confidenció a un cercano que por puntaje podría haber entrado a la U. de Chile, pero el año anterior (1987) hubo una larga toma contra el rector José Luis Federici: su padre no quiso matricularla ahí.

Ingresó en 1996 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde 2003 fue jueza del Segundo Juzgado del Crimen. El 2007 comenzó a relatar en la sala civil de la Suprema. Integrando la Corte de Apelaciones, ya como ministra, en junio de 2016 votó a favor de la prisión preventiva del ex senador Jaime Orpis en Corpesca. También ha fallado en contra de dar libertades a militares de Punta Peuco. “En general, es dura para dar las libertades”, dicen quienes la conocen.

Hoy, en su investigación del fraude en el Ejército, su estilo ha intimidado a algunos militares, cuenta un abogado del caso. En ese contexto, ella ha recibido mensajes: en plenas declaraciones, varios de los interrogados le han recomendado “tener cuidado” y le han dicho que aún hay gente que usa los “antiguos métodos” de la dictadura. Pese al tenor de los mensajes, ella no lo consideró una amenaza directa. De todas formas, por prevención se le asignó protección especial y, mientras sigue investigando temas sensibles, dos carabineros la custodian todo el día.

En el Gobierno confirman que en los últimos días el ministro de Defensa Alberto Espina y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, han estado en permanente contacto haciendo chequeos para conformar la nómina del próximo alto mando de esa rama uniformada. El ministro dijo la semana pasada que le había pedido al jefe castrense una “lista limpia” con nombres que no estuvieran asociados a malas prácticas, irregularidades y eventuales delitos como los que investiga la jueza Rutherford.

El nuevo alto mando debe ser aprobado por el Presidente Piñera la próxima semana, antes de que el jueves 9 de noviembre sesione la junta de generales donde el comandante en jefe dará a conocer la lista de oficiales que pasarán a retiro, las nuevas destinaciones y quienes ascenderán a la cúpula del Ejército.