La Fiscalía Nacional Económica (FNE) seguirá sacando ronchas con sus estudios de mercado. Cuando aún están frescas sus acusaciones de falta de competencia entre las notarías, la entidad anunció hoy que su nuevo foco de investigación será el mercado de los textos escolares.

“Existen espacios, tanto en el mercado estatal como privado de textos escolares, que no se encuentran funcionando correctamente desde el punto de vista de la competencia”, recalca la hipótesis inicial planteada por la división de Estudios de la FNE. El organismo ya analizó los mercados de rentas vitalicias, notarios y tiene en marcha una investigación sobre medicamentos.

“Creemos firmemente que nuestra acción puede tener un impacto social bastante profundo, porque no es trivial el precio, el contenido y la calidad que tengan los textos escolares”, recalcó el fiscal (s) Mario Ybar. “Vimos que tanto el Estado como las familias destinan un elevado monto de su presupuesto a este ítem de la lista escolar y observamos altos niveles de concentración entre los proveedores”, agregó.

Entre las definiciones preliminares, la FNE sostuvo que el segmento estatal de textos escolares corresponde al 90% del mercado en número de unidades por año, mientras que el segmento privado (familias de colegios particulares pagados) absorbe el 10% restante.

Aunque son justamente las familias con hijos en escuelas privadas la que más desembolsan por cada libro. Como ejemplo, cita la compra de un texto de Lenguaje y Comunicación de 3° Básico de una editorial que no menciona, por el que el Estado pagó $877 por unidad, mientras que su símil en el mercado privado fue vendido por la misma editorial en $36.900, es decir, 42 veces más.

El organismo antimonopolios enumeró seis razones que justifican la elaboración de este estudio, cuyo primer borrador promete divulgar en marzo próximo.

1. Son un gasto relevante. Sumando las licitaciones públicas y las compras de privados, el gasto total anual en textos escolares es de US$116 millones anuales. De ese monto, el 55% (US$64 millones) lo representan las compras de las familias. El presupuesto estatal para libros suma anualmente unos US$52 millones.

En promedio, los padres pueden pagar $160 mil en textos escolares por cada hijo al año, lo que representa aproximadamente el 73% de la lista escolar.

2. Es un mercado “altamente concentrado”. La FNE indagó en las últimas tres licitaciones públicas y determinó que dos editoriales, las españolas SM Chile y Santillana, son las que concentran el 88% de las adjudicaciones. El resto lo tienen otras dos compañías de origen local: Cal y Canto, y Crecer Pensando.

“El mercado privado también exhibe un alto índice de concentración, siendo las mismas dos editoriales aquellas que tienen mayor participación en el período que comprende los años 2007 al 2010”, aunque no entregó detalles.

3. Posible presencia de rentas “supracompetitivas” en el segmento privado. Los datos preliminares de la FNE detectan diferencias de precio relevantes entre las licitaciones públicas y la compra directa de los hogares. Estos últimos pagan en promedio 29 veces más. “El diferencial de precios sugeriría un alto margen en el caso del mercado privado, lo que reflejaría falta de competencia”.

4. Problema de agencia en el segmento privado. Se refiere a que las autoridades escolares —directores o jefes de departamentos— son quienes escogen los textos que utilizan los alumnos, pero el problema se produce porque no son ellos quienes finalmente los pagan.

5. Barreras de entrada en licitaciones públicas. La fiscalía explicó que todas las editoriales que compiten deben presentar el contenido completo del texto al que postulan, pero esto “favorece en apariencia a la editorial que ya se adjudicó el mismo texto en una licitación anterior, puesto que ya tiene una base preexistente sobre la cual trabajar”.

Además, dice que el promedio de competidores por cada licitación fue de tres y en más del 45% de las licitaciones se presentaron dos o sólo un competidor.

6. Problemas con el diseño de las licitaciones. Para la FNE, el diseño actual de las licitaciones “se distancia” de las buenas prácticas. Afirma que no existirían plazos adecuados para realizar las ofertas, porque en las últimas dos licitaciones el plazo total fue de 60 días, y que tampoco son muy claros los requisitos para participar. “El problema se relaciona con los requerimientos de entrada, que podrían resultar ambiguos”, afirma.