Más de 80 proyectos inmobiliarios que suman US$3 mil millones de inversión están inmersos en problemas legales o vinculados a permisos en el Gran Santiago, de acuerdo a un catastro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Iniciativas como Vespucio 345, el Edificio Botero de Ñuñoa y Oasis Riesco en la ex Villa San Luis son desarrollos que buscan validar los permisos de edificación entregados por las direcciones de obras municipales (DOM) de sus respectivas comunas u otras autorizaciones que les asegure culminar con sus obras.

Pero según la CChC, que este viernes tuvo su Encuentro Anual de la Industria Inmobiliaria, los conflictos se originan, por ejemplo, porque las DOM revierten sus propias autorizaciones. O porque la Contraloría tiene interpretaciones que obstaculizan el avance, como ocurrió con Las Majadas de Pirque en mayo pasado, cuando el ente fiscalizador liderado por Jorge Bermúdez puso en duda su permiso por estar en un terreno rural.

Según Bernardo Echeverría, presidente del Grupo de Trabajo Certeza Jurídica de la CChC, la conflictividad no sólo afecta a los privados con un alza en los costos de los proyectos, sino a todo el proceso comercial, incluyendo la recepción y entrega a los clientes.

“Estos permisos, que ahora son cuestionados, son la piedra angular de la actividad. Con este permiso se va al banco a tomar deuda para financiar la obra, pero también se inician las promesas de compraventa”, comenta el experto.

Sergio Correa, gerente del Área Terrenos de Colliers, plantea que la manera que tienen las inmobiliarias de reducir sus riesgos es con la aprobación de Anteproyectos y Permisos de Edificación, ojalá antes de la inversión inicial de un proyecto que es la compra del terreno.

“Si no existe certeza jurídica por la anulación de permisos por parte de las DOM o la Contraloría, la consecuencia lógica es que la banca sea más exigente con las inmobiliarias. Esto, necesariamente traerá alza en los precios para que los proyectos sigan siendo rentables”, advierte.

Sin planes reguladores

Las incertezas que provocan las decisiones de organismos como las DOM o la Contraloría se suman a las que provocan las propias autoridades comunales, que no han generado planes reguladores apropiados para que las inmobiliarias puedan adecuarse.

De acuerdo con cifras gremiales, para satisfacer a una población del orden de las siete millones de personas (como la de la capital), la magnitud de construcción de la región debe ser de 100 unidades diarias, cifra que difícilmente se puede cumplir, “más aún con planes reguladores sin actualizar o inexistentes”, dice Echeverría.

“Sin ir más lejos, en el último tiempo se han producido 35 congelamientos de estos instrumentos”, complementa Cristián Armas, gerente general del grupo inmobiliario Empresas Armas.

Roberto Bascuñán, gerente general de la inmobiliaria Norte Verde, coincide: “Si continúa esta tendencia, se disminuirá la inversión en la industria, incluso en sectores de inversionistas”, agrega.

Pero también hay problemas con los planes reguladores que sí existen o que se están reformando. “La opinión pública ha llevado a las autoridades a interpretar las normas vigentes en un sentido cada vez más restrictivo”, dice Reinaldo Gleisner, del área Brokerage de Colliers. “Los planes reguladores se están diseñando más con criterios políticos que urbanos”, acota Sergio Carrasco, de la misma consultora, para quien es necesario actualizar la Ley General de Urbanismo y Construcción y su respectiva Ordenanza, que datan de 1975 y que cuenta con 400 circulares de carácter totalmente interpretativo.