Los meses finales del gobierno de la Unidad Popular estuvieron marcados por una agudización del conflicto político y social, en un ambiente caracterizado por la creciente movilización y descomposición de las confianzas entre el oficialismo y la oposición. Un largo camino de la democracia chilena estaba llegando a su fin: a la violencia física y verbal se sumaban los cuestionamientos de la oposición. Un momento especialmente problemático para la Unidad Popular llegó el 22 de agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República”. Al menos tres razones explican la relevancia del pronunciamiento de la mayoría de los diputados.

En primer lugar, mostró que los democratacristianos votaron en bloque a favor del Acuerdo, confirmando el fracaso del diálogo entre la Unidad Popular y la DC. Si bien la oposición, principalmente de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional, no contaba con los votos suficientes para acusar constitucionalmente al Presidente Allende y destituirlo, una amplia mayoría de 81 diputados contra 47 se manifestó a favor de la declaración, lo que ponía al Poder Ejecutivo en abierta contradicción con el Poder Legislativo, como había ocurrido otras veces en la historia de Chile. Esto era doblemente significativo, considerando que el propio Congreso Nacional había elegido a Salvador Allende como Presidente en 1970.

Además, el Acuerdo esgrimía argumentos que cuestionaban la legitimidad democrática del gobierno de Allende. Aunque reconocía que este había accedido legítimamente a la Presidencia, en cuanto “fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno al Estatuto de Garantías Democráticas”, declaró que era un hecho que el gobierno “desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece”. Si bien a la “vía chilena al socialismo” de la Unidad Popular se le había exigido el cumplimiento de garantías democráticas y constitucionales, el Acuerdo de agosto de 1973 manifestó que el gobierno había hecho de la violación a la Constitución y la ley “un sistema permanente de conducta”, distinguiendo, en la práctica, la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio. Además, enumeraba una larga lista de violaciones a preceptos constitucionales por parte de la administración de Allende, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el ejercicio del derecho de reunión, la libertad de enseñanza y otros, que se expresaban en detenciones y encarcelamientos ilegales, clausura de diarios, expropiaciones arbitrarias, formación de grupos armados bajo el amparo del gobierno y tolerancia de la flagelación y la tortura. Para Joan Garcés, asesor personal del Presidente, con el Acuerdo del 22 de agosto “se clausuraba el ciclo iniciado en octubre de 1970”, cuando el PDC condicionó la elección de Allende a la firma del Estatuto de Garantías Democráticas.

Por último, el Acuerdo de la Cámara de Diputados tuvo un efecto inmediato en el ritmo de la política chilena, en cuanto fue interpretado como un llamado al golpe de Estado. El documento interpelaba a los cuatro ministros uniformados —de Hacienda, Defensa, Obras Públicas y Transportes, Tierras y Colonización— a “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”. En caso contrario, “comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros”. Allende reaccionó enérgicamente y el 24 de agosto declaró que “pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil”. Junto con esto, el Presidente Allende manifestaba una discrepancia conceptual con los diputados, sosteniendo que “nunca antes ha habido en Chile un gobierno más democrático que el que me honro en presidir”.

El Acuerdo de la Cámara de Diputados, junto a la renuncia de Carlos Prats a la comandancia en jefe del Ejército el 23 de agosto, fueron los dos factores decisivos en la definición del nuevo escenario político que enfrentaba Allende en las semanas previas al 11 de septiembre de 1973.