En la industria del factoring, en privado, lo definen como una práctica generalizada en las grandes empresas chilenas que falta regular, por lo que podría incluirse en el proyecto de Ley de Pago a 30 días que se tramita ahora en el Congreso.

El ‘pronto pago' o factoring propio que tienen compañías como Telefónica o los retailers (Falabella, Cencosud y Ripley) para sus propios proveedores, es criticado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), quienes acusan que valida e incluso incentiva el pago de las facturas a más de 30 días. Esto, porque permite que la misma empresa que paga un producto a 60 o 90 días, ofrezca disminuir ese tiempo, pero con un descuento.

Y, pese a que de aprobarse el Pago a 30 Días podría disminuir el uso de este sistema, la implementación gradual (los primeros dos años se pagará a 60 días) y la posibilidad de adelantar los pagos incluso a los 30 días, pueden mantenerlo.

Desde las pymes, la industria del factoring y expertos, no creen que se deba prohibir, pero advierten que debería regularse para prevenir abusos. Para esto, exigen más transparencia, fiscalización y control de tasas. “Lo ideal es que la empresa pague a tiempo a sus proveedores, que no financie el capital de trabajo con el pago atrasado de las facturas”, dice Jorge Hermann, de Hermann Consultores.

Pese a que dice que no se debería prohibir, porque iría en contra de la libertad de emprender, advierte que debería regularse. Propone dos formas de transparentar el negocio. Uno, crear un registro de factoring (tanto independiente como de grandes empresas) en la Superintendencia de Bancos. “Para corregir el grado de informalidad del mercado”, explica. Y dos, que la Comisión del Mercado Financiero oficie para que las empresas con ‘pronto pago' informen de esta actividad.

“Transparentar es la mejor forma de incentivar que las empresas que hoy lo hacen de forma soterrada, piensen dos veces en tener un factoring”, explica Hermann. Además, con la información, los proveedores podrían cotizar.

Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, una plataforma que une inversionistas con pymes, agrega que las empresas deberían declarar en sus estados financieros los criterios para el servicio de ‘pronto pago'.

La idea de transparentar la industria ya rondaría en el Ministerio de Economía, donde se estaría analizando un registro único nacional de factoring. Con esto, además, Impuestos Internos podría fiscalizar más fácilmente.

Y una mejor fiscalización, dice Bosler, prevendría malas prácticas. Pese a que el factoring de grandes empresas está bajo la normativa de libre competencia, es difícil que un proveedor denuncie a su propio cliente: “Le estaría pegando en la mano que le da de comer”.

En la industria del factoring creen que debe haber una regulación más específica. Bosler dice que una opción puede ser poner un límite a las tasas que cobren los ‘pronto pago' de grandes empresas, siguiendo las del mercado abierto. “Se discutió en el proyecto original de Pago Oportuno colocar una especie de benchmark. Es decir, que si un pagador se transa en el mercado de facturas, por ejemplo, a 0,4%, el pronto pago no debería superar esa tasa”, explica.

Andrés Prats, fundador de Fynpal, una plataforma que permite a las empresas comparar y cotizar financiamiento, propone otras medidas. Primero, que el comprador ofrezca alternativas de factoring de entidades no relacionadas. Segundo, que en caso de atraso, el interés sea pagado por el comprador. Y, tercero, que los pagarés sean digitales, para reducir el costo de acceder a financiamiento que tienen las pymes.

“El sistema necesita transparencia”, dice Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. “La ley de pago a 30 días es vital y viene a ordenar el proceso en las empresas”, dice. Y Hermann agrega que la nueva ley debería disminuir el pronto pago. “El sistema adelanta facturas que normalmente son a 60 o 90 días. Que se obligue a pagar a 30 días, debería disminuir su uso”, explica.