Es de armas tomar, matea y trabajadora. Dorothy Pérez, la subcontralora que no acepta la renuncia que le pidió el contralor general Jorge Bermúdez por pérdida de confianza, se formó en el rigor: estudió en escuela con número en El Quisco y de pequeña vendió humitas y diarios usados para ayudar a su madre, una profesora normalista de Angol.

Hoy está en el centro de la polémica, pues según una publicación de radio Bío Bío y subsecuentes versiones de prensa de esta mañana, Bermúdez no la querría en el cargo por supuestas responsabilidades administrativas en el fraude a Carabineros (ver recuadro). Como ex subjefa de la División de Auditorías, era superior de dos funcionarios formalizados que debieron fiscalizar los movimientos de los uniformados implicados y que presuntamente no lo habrían hecho por recibir coimas.

La primera pelea

Terminada la enseñanza media, Pérez estudió derecho en la Universidad de Chile. En su examen de grado obtuvo distinción máxima, en su memoria un 7,0 y en su práctica profesional fue premiada como “mejor postulante” y también fue evaluada con nota 7,0.

Su carrera comenzó en 1997 en la empresa privada y haciendo clases en distintas universidades. Fue en 2006 cuando ingresó a Contraloría como abogada informante en Magallanes, pasando por distintas reparticiones, hasta que en 2007 el ex contralor Ramiro Mendoza le dio un impulso al nombrarla como contralora regional en Valparaíso, la sede más importante después de Santiago.

Pero según fuentes de la institución, no destacó como se esperaba y volvió a Santiago en 2010 como subjefa de la División de Auditoría Administrativa, bajo el mando de María Isabel Carril.

Sin embargo, Mendoza, en la práctica, borró la subordinación jerárquica al dividir el funcionamiento del área entre las dos. Así Pérez logró independencia de su jefa y los roces comenzaron.

Quienes trabajaron con ellas recuerdan que hubo “pelambres” y varias peleas. Finalmente en 2013 Dorothy Pérez acusó a su jefa de acoso laboral ante la Asociación Chilena de Seguridad, organismo que dio curso a una investigación de clima laboral, el que concluyó sólo con recomendaciones para un mejor ambiente.

Tras varios meses de licencia médica, Pérez volvió a funciones, pero a un cargo menor: abogada jefa del cuarto comité de Empresas, dependiente de la División de Jurídica.

Al poco tiempo renunció y en marzo de 2014 se fue como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, donde congenió con el ministro Nicolás Eyzaguirre.

Mano derecha de Bermúdez

Con el actual contralor se habrían conocido en Valparaíso, donde Bermúdez hacía clases (UCV). Por ello, junto a Eyzaguirre fue promotora de su nombre para contralor general en 2015. En enero de 2016 pasó a ser su jefa de gabinete y nueve meses después era su subcontralora, el único cargo de todo el organismo que no es de exclusiva confianza del contralor, lo que implica que no puede ser removida a voluntad.

Bermúdez confiaba tanto en ella, que incluso la defendió en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el “paco Gate”. En la sesión del 15 de mayo de 2017 el diputado Hugo Gutiérrez dijo tener información de que “el general en retiro y oficial de Intendencia entre 2010 y 2015, señor Fabián López Paredes, aparentemente está casado con una importante funcionaria de la Contraloría General de la República, una subcontralora General… trabajó en Intendencia, servicio donde aparentemente se maquinaron estas defraudaciones”.

Bermúdez retrucó: “Eso no es así. La subcontralora, que es una funcionaria de mi confianza, está casada con un ex funcionario de Carabineros, que era un piloto, por tanto, nunca tuvo que ver con la Intendencia… jubiló con 20 años de servicio y con el grado de mayor”.

Cercanos a Dorothy Pérez creen hubo una suma de roces personales que justifican la nueva actitud de Bermúdez. Y citan la creación de “Contralorito”. Ella habría planteado que la caricatura, a través de la cual opina la Contraloría, le quita “peso republicano” a la institución.

También señalan que sospechan que Bermúdez estaría interesado en ascender a subcontralor al actual jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic —hermano del diputado del Frente Amplio Vlado Mirosevic—, abogado que trabajó en el Ministerio de Defensa en tiempos de Andrés Allamand y que continuó con Jorge Burgos quien luego se lo llevó al Ministerio del Interior.

Mirosevic, dicen, sería de su confianza y no ella. Recuerdan que su ex jefe, Ramiro Mendoza, había apoyado la candidatura para contralor de Enrique Rajevic. Ella la de Bermúdez, pero aún conserva una foto de Mendoza en su oficina.

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Un elemento de la investigación

Su cercanía con ex fiscalizador imputado en fraude

En la declaración que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, pretende tomarle a comienzos de la próxima semana a la subcontralora Pérez, en el marco de la investigación por el fraude en Carabineros, ella no sólo deberá referirse a su rol como subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría, cargo que ocupó entre 2010 y 2014 y en virtud del cual debía fiscalizar el uso de los recursos asignados a la institución uniformada.

Ocurre que un detalle ha llamado la atención del Ministerio Público: Dorothy Pérez tenía una cercanía profesional especial con uno de los funcionarios de la Contraloría que es investigado y está imputado en la investigación. Él es Juan Munieres, quien el año 2005 pasó a ser fiscalizador de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Ni Munieres ni Carlos Moreno, el otro ex funcionario de la Contraloría que es investigado en la causa, han sido aún formalizados por el fiscal Campos, pero a ambos el contralor Bermúdez les pidió la renuncia cuando, en abril de 2017, se supo que eran indagados por un eventual lazo con la organización criminal que existió en la Dirección de Finanzas de Carabineros, que habría permitido que no se detectara el fraude.

De acuerdo a los datos recabados por la fiscalía, la subcontralora ayudó a Munieres a ser trasladado cada vez que tuvo problemas en unidades donde se desempeñaba, confidenciaron fuentes de la investigación.

Él estuvo desde 2005 a 2007 como jefe de la unidad de defensa de la División de Auditoría Administrativa; de ahí hasta 2009, fue supervisor de la Administración General de Interior, Justicia y Defensa.

Realizó seis auditorías a Carabineros, desde 1990 hasta el 2016, dos de ellas a Intendencia de la institución.

Munieres y Carlos Moreno fueron vinculados al fraude en la causa penal por el teniente coronel (r) Patricio Morales, uno de los ex oficiales formalizados.

Cuando Juan Munieres fue en junio de 2017 a prestar declaración ante el fiscal Campos, guardó silencio en dos oportunidades.

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