El martes de la semana pasada, el juez Guillermo Ramírez decretó la reapertura de la investigación contra ejecutivos de Capitaria (ex Forex Chile), iniciada en 2016, por eventuales delitos de estafa reiterada y lavado de activos en perjuicio de los usuarios de la plataforma Metatrader4 para operar con contratos por diferencia en el mercado forex.

Un contrato por diferencia (CFD por su sigla en inglés) apuesta al precio de un activo (acciones, índices, monedas, bonos, entre otros) en una plataforma online donde quien compra o vende no es tenedor de ese activo, entonces se estipula que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor actual de ese activo y el momento de término del contrato (si la diferencia es negativa, entonces el comprador pagará al vendedor).

Una serie de querellas fueron presentadas en contra de Capitaria apuntando a un elemento clave del negocio de CFD de la empresa de trading e inversiones: su plataforma, donde Capitaria puede ser contraparte de transacciones, por lo que ella podría ganar cuando los inversores pierden.

Por eso, la principal diligencia por la que el juez del 4º Juzgado de Garantía de Santiago otorgó un plazo de 120 días más para investigar es un peritaje que determinará si la plataforma en cuestión es manipulable por parte de quienes ofrecen sus servicios, para perjudicar a los usuarios.A la abogada de cuatro de las presuntas víctimas, Bárbara Salinas, le llama la atención que a la investigación contra Capitaria (que en aquella época se llamaba Forex Chile y cambió de nombre) se le haya dado un trato distinto al de “otros casos similares”, como el de IM Forex y el de Rodríguez & Asociados, en que sus socios terminaron en prisión preventiva.

“Esto lo tratan de pasar como (una estructura) piramidal, pero no tiene nada que ver, es un negocio legítimo que se hace en todo el mundo”, replica el abogado Juan Domingo Acosta, defensor de dos de los socios de Capitaria, Andrés Rojas y Cristóbal Forno, quienes se cuentan entre los imputados.

Salinas lamenta que esta causa en particular no haya sido asumida por la Fiscalía de Alta Complejidad, que hasta hace algunos meses era encabezada por los ahora ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, no obstante tratarse de “hechos que son muy similares y con vinculaciones directas con los otros casos que ellos investigaban”, dice. De hecho, solicitó al fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, que derivara la investigación hacia esa unidad especializada, pero éste decidió mantenerla en manos del fiscal Roberto Contreras.

En junio pasado, el fiscal Contreras solicitó al tribunal que fijara audiencia para comunicar el cierre de la investigación y no perseverar. “Yo no lo podía creer, si hacía dos años que en la fiscalía sostenían que había delito”, dice Salinas.

Acosta, en cambio, considera que la reapertura no es más que un mero trámite. “La colega pidió 22 diligencias y le aprobaron solo dos; una es el famoso peritaje, que se va a hacer, y es obvio que después el fiscal va a volver a cerrar la investigación y no perseverará en ella”, afirma con convicción el abogado. “Más que tranquilo, estoy tranquilísimo”, sostiene.

Investing Capital (IC) era una compañía que ofrecía a sus usuarios (entre ellos los clientes de Salinas) operar en el mercado del forex a través de la plataforma Metatrader4, que a su vez le era facilitada por otra firma, Capital FX, una empresa broker que facilitaba esta plataforma para que sus clientes hicieran sus apuestas de trading y que cerró en julio de 2016. Su proveedor de liquidez era Capitaria.

En la práctica, según la abogada, era Capitaria la que actuaba como contraparte de las operaciones de los clientes de IC, lo que implicaba que si ellos ganaban, Capitaria perdía, y viceversa.

“Mis clientes operaban y cuando iban acumulando ganancias, el sistema se caía, y luego aparecía que tenían puras pérdidas”, explica Salinas. “Lo central aquí es determinar con el peritaje si los usuarios accedían o no a la transacción en línea con los mercados reales en el extranjero, en tiempo real”, advierte.