El conflicto en el partido Ciudadanos amenaza con seguir escalando. Esta mañana en Radio infinita, Andrés Velasco, uno de los fundadores de la colectividad, planteó que en las polémicas elecciones internas “podría configurarse un caso de suplantación de identidad. Sabemos que ha habido casos en que alguien trató de votar y el sistema le dice «usted ya votó», eso es grave, ya no es una falta electoral”.

De acuerdo a la empresa E-Voting (encargada del sufragio electrónico) hubo anomalías en 374 votos (casi 30% de los reunidos). De ellos, 205 fueron emitidos desde cuatro computadores y otros 169 “por teléfono celular que resultaron ser de prepago, con chips comprados en masa y con números correlativos”, dijo Velasco, quien postuló a la presidencia de la tienda a María Ignacia Gómez, en la lista “Ciudadanos de a Pie”, versus Juan José Santa Cruz, de “Puertas Abiertas”.

Al ser consultado sobre la paradoja de que Ciudadanos —que nació como una solución a las malas prácticas de la política chilena— atraviese por esta situación, Velasco señaló: “Es realmente bien duro enfrentar esto. No quiero hablar respecto de quienes son responsables, porque eso tendrá que determinarlo el Tribunal Supremo (TS) después de una investigación (…). Es una situación muy dolorosa”.

Agregó que “es patente a estas alturas que hubo un grupo que apoyó a Sebastián Piñera y otro, en el que me encuentro yo, y creo que es mayoritario en el partido, que no estuvo por eso”.

En respuesta a los dichos de Velasco, Santa Cruz emplazó: “Que muestren los datos y hagan las denuncias al Tribunal Supremo. Esto es para el semanario de lo insólito: una lista acusa fraude, resuelve sola y desea secuestrar la elección. Si no se hace lo que ellos quieren no hay partido, la peor de las prácticas políticas”. Y sentenció: “Mataron la reputación de Ciudadanos”.

Añadió que “la gran imputación es que lo hicieron, en algunos casos, 10 personas en un mismo IP. Son incapaces de entender que no todas las casas tienen internet e inventan requisitos que no están en la ley”.

Esta mañana los miembros del TS se reunieron en Apoquindo 3472, oficina del presidente de la instancia, el ex SII Ricardo Escobar, con el fin de lograr una solución al impasse.

Esteban Ovalle, uno de los miembros del TS y quien se negó a abrir la urna electrónica, reconoció que lo ocurrido le genera una “frustración horrible”, pero que “no se puede validar votos irregulares”.

Nicolás Shea, también del TS, planteó que se podrían dejar fuera del conteo los 205 votos refutados, posibilidad que comparte con Ovalle y Ali Hamed. Pero dijo que para ello, requieren el respaldo de los otros miembros del TS: Escobar y Eugenio Evans.

No obstante, esa solución tampoco concita unanimidad: Claudio Quiroz, el tercer candidato a la presidencia, por “Democracia en Movimiento”, exigió la nulidad de los comicios.

Pero no es lo único que debe preocupar a la tienda: De los 20.235 militantes inscritos en el Servel sufragaron sólo 1.285, es decir, sólo el 6% de los afiliados. Una luz de alerta si se considera que para sobrevivir tras los magros resultados de las elecciones de 2017, el original Ciudadanos tuvo que fusionarse con Todos.

En marzo del 2014, el Partido Progresista, en un oficio firmado por Marco Enríquez-Ominami (ME-O), declaró como gasto ante el Servicio Electoral el arriendo de un jet privado, por $ 170 millones 800 mil, a través de dos facturas de la empresa de Cristián Warner, Cono Sur Research.

El Servel presentó observaciones a ambos documentos, sin embargo, Warner dijo que se realizaron servicios de publicidad para pagar al publicista brasileño Duda Mendoza por $ 165 millones. Es así como se justificaron los servicios y se autorizó el depósito de $ 457 millones a la cuenta corriente de ME-O por los gastos en su campaña.

La fiscal Ximena Chong, en la formalización, dijo hoy que Mendoza declaró que solo elaboró para la campaña un logo y un video en Sao Paulo que fue gratis. “Tales prestaciones no fueron realizadas por el señor Warner y solo una parte de aquella habría sido realizada por un publicista brasileño, habiéndose realizado transferencias de fondos recién en junio del año 2014 por un monto muy inferior al que fue recibido por concepto de la devolución por parte del Estado de gasto electoral realizado” dijo la fiscal a la salida del tribunal tras presentar cargos a ME-O por delitos tributarios y fraude de subvenciones (a Wagner se le imputó solo lo primero).

El abogado de ME-O, Cedric Bragados, cuestionó que ésta sea la única candidatura investigada, mientras que Enríquez-Ominami dijo sobre sus cargos que “se parte de supuestos erróneos”.