Una semana después de que la Sala Penal de la Corte Suprema dejara en libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos —resoluciones que tienen a este tribunal en la mira de la oposición para acusarlos constitucionalmente—, hoy en un nuevo fallo esos mismos ministros rechazaron en votación unánime el recurso de amparo presentado por Luis Felipe Polanco (62), piloto de la Caravana de la Muerte, porque tiene dos procesos pendientes en la justicia.

Se trata de los ministros Hugo Dolmestch (presidente), Carlos Kunsmuller y Manuel Antonio Valderrama, además de los abogados integrantes Antonio Barra y Ricardo Abuauad. Justamente los tres primeros jueces son en contra de quienes podría presentarse el libelo.

El abogado Barra, sin embargo, fue el único que se pronunció, a través de una prevención, en que rechazaba el amparo además por “la gravedad de los delitos de lesa humanidad por los cuales se encuentra condenado y procesado el amparado”.

El fallo de Polanco, cuya publicación coincide con el primer desafuero de Pinochet por la Caravana de la Muerte en la Suprema el 8 de agosto de 2000, deja en evidencia los distintos criterios que ha tenido la Sala Penal para conceder el beneficio, pero sobre todo en el último mes.

Por ejemplo, los siete casos que hoy son cuestionados no tenían causas pendientes. Pero la Suprema —con su integración actual— les concedió la libertad condicional considerando elementos objetivos, como el tiempo del cumplimiento de la pena o su comportamiento en la cárcel: asistir a talleres. Esto, pese a que en estos casos los informes psicosociales mostraban que tenían una débil conciencia del delito y no mostraban arrepentimiento.

Polanco recurrió a la justicia luego que en abril la Comisión de Libertad Condicional le denegó el beneficio: aunque estaba en la Lista 1 del Tribunal de Conducta de Punta Peuco (comportamiento sobresaliente), su informe psicosocial era negativo. Y pese a este último antecedente, el 17 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago —con el voto de los ministros Juan Cristóbal Mera, Jenny Book y el abogado integrante Ángel Cruchaga— había acogido su recurso de amparo, por lo que quedó ad portas de salir de la cárcel.

Tiene un amplio prontuario en casos de violaciones a los derechos humanos: en 2014 cumplió una condena a cinco de cárcel por la desaparición del matrimonio de Bernardo Lederman y María del Rosario Avalos y hoy cumple una pena de tres años por los crímenes de la Caravana en La Serena.

Las causas que hoy tiene pendientes son dos condenas en primera instancia por el crimen de Marta Ugarte y el caso de las 26 víctimas que dejó la Caravana de la Muerte por Calama.

Según el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, el criterio de la Sala Penal con Polanco (sólo en el punto de las causas pendientes) ya había sido aplicado en casos como el ex Dina Raúl Iturriaga Neumann, a quien el año pasado se le rechazó el beneficio.

Sin embargo, sobre los siete ex uniformados que fueron liberados, Caucoto estima que “la Corte cometió un error que debe ser rectificado en el futuro. El error es una cita inconclusa del Informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH) en el sentido de que no se les está exigiendo el arrepentimiento ni tampoco la colaboración en la investigación. Pero yo agregaría otra cosa: ¿cómo no va a ser importante la colaboración si en Punta Peuco y Colina es dónde está la verdad de los casos de los desaparecidos?”. Y añade: “Para que se aplique una quimioterapia es necesario tener el cáncer detectado. Y para una libertad condicional, se debe estar rehabilitado”.

El fallo de Polanco también provocó reacciones en parlamentarios de la oposición. “Me parece curioso, pero al mismo tiempo una suerte de llamado de atención de cambio de criterio. Probablemente tiene que ver con que hoy en el Congreso existimos muchas voces que hemos planteado un reparo jurídico en cuanto a que se ha roto la doctrina que la propia Corte Suprema había establecido —incluso con convenios internacionales— sobre las facultades y requisitos para otorgamientos para la libertad condicional. Puede ser una réplica esta nueva forma de adoptar una revocación, probablemente en el campo político más que en el campo estrictamente jurídico”, dijo hoy el diputado PS Juan Luis Castro.

En tanto, Tucapel Jiménez, diputado PPD, cree que “ellos (Corte Suprema) siguen con el mismo criterio, porque ahí si que no hubiese tenido ninguna explicación que le den libertad a alguien que sigue con un proceso pendiente. No creo que haya un cambio de criterio, ni nada”.

Ampliar la eventual acusación constitucional a dos ministros de la Corte de Apelaciones y estudiar el “historial” en materia de derechos humanos de los jueces que podrían verse afectados por la acción política de destitución, son dos medidas que estudia el Partido Socialista, según adelanta a La Segunda el diputado Leonardo Soto.

Las ideas serán presentas esta tarde o mañana, cuando por primera vez se reúnan los equipos de las bancadas de los partidos que propiciarán la acusación, la que, preliminarmente, sería dirigida en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, quienes como titulares de la Sala Penal de la Corte Suprema fallaron a favor de la libertad condicional de siete condenados por crímenes de lesa humanidad.

Soto, quien lidera el tema en su bancada, dice que espera que “a finales de esta semana definamos los aspectos centrales: contra quiénes irá dirigida la acusación, los fundamentos y los actos cuestionados. Como criterio general, apuntamos a la aplicación de una doctrina en la ejecución de penas —no en la etapa de juzgamiento y condena, donde existe una cierta conformidad— que no distingue entre el delito común y el de genocidio o lesa humanidad, por lo que no utilizan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”.

“Son expresión de eso, a propósito de los dos últimos grupos de liberados, los tres miembros titulares de la 2ª Sala Penal de la Corte Suprema que participaron de ello. A los tres titulares, algunos agregan los dos ministros de la Corte de Apelaciones que estuvieron a favor de la libertad (en primera instancia) y que fueron votos de minoría: los ministros Juan Antonio Poblete y Jaime Balmaceda”, añade.

“También adelanto que analizaremos otras conductas en materia de doctrinas sobre las decisiones en derechos humanos de los ministros, como también sus conductas personales. Hay elementos que pueden fortalecer la acusación y otros que la pueden debilitar”.

—O sea, que en virtud de esos antecedentes ¿algunos ministros podrían zafar de la acusación?

—Eventualmente. No se puede afirmar ni descartar algo. Los encargados de las bancadas se reunirán hoy o mañana… esperamos un trabajo conjunto con el PC, el Frente Amplio, los radicales, el PPD, el PS y la DC. La DC dijo que iba a estudiar el tema y le vamos a extender una gentil invitación.