Durante la tarde de ayer los pasillos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile estaban casi vacíos. Eran pocos los estudiantes al interior del edificio que fue tomado el 27 de abril, y que ayer —después de 74 días de toma feminista— se decidió devolverlo y poner fin a la ocupación. La resolución se tomó en una asamblea masiva, explicó la vocera Emilia Schneider, luego de acordar con las autoridades universitarias darle garantías académicas a Sofía Brito, quien denunció a Carlos Carmona por acoso sexual y laboral, y restringir las actividades académicas de ese profesor este segundo semestre y el primero de 2019.

En la práctica, cuando finalice la suspensión por tres meses, el 28 de agosto, Carmona no podrá realizar clases en pregrado, pero sí actividades de extensión, investigación y posgrado, como explicó esta mañana la vocera Isidora Parra en radio Pauta, quien aseguró que seguirán movilizadas apenas se retomen las clases.

La situación de Carmona no ha dejado indiferente a la comunidad docente del plantel. Por eso, al cierre de esta edición, académicas de la Red Amanda Labarca entregaban una carta a las autoridades de la facultad —firmada por 104 docentes— exigiendo la renuncia del profesor. En la actividad también participaron alumnas, entre ellas Sofía Brito. Pero además, acompañarían a las estudiantes en la entrega del edificio, a las 5 de la tarde.

Sin embargo, aún no hay claridad sobre cómo se reanudarán las clases. Parra explicó que llegaron al consenso de “tener sólo una prueba; poder botar un ramo, obligatorio u optativo; y tener ramos sin asistencia (...) Desde la vicerrectoría de asuntos académicos nos dijeron que íbamos a tener clases”.

Ahora la tarea será rearticular la facultad, que estará en manos del futuro decano de Derecho, el que será elegido el próximo 2 de agosto, de entre cuatro candidatos.

En el balance de pro y contras de la toma, el académico Pablo Ruiz Tagle, dice: “No puedo decir que de la toma haya salido algo positivo. A mi juicio, todas las tomas son un micro golpe de Estado universitario. De donde sí puede salir algo positivo es de la demanda feminista, la demanda contraria al acoso”.

Según Ruiz Tagle a partir del movimiento feminista “se pueden hacer progresos cambiando las normas y procedimientos que en la universidad son muy inadecuados, porque se aplica el estatuto administrativo, pero la toma no es el mecanismo para producir estos cambios”.

Algo similar opina el académico Jean Pierre Matus (quien mañana inscribirá su candidatura): “Uno podría decir que el movimiento sirvió, pero tengo la impresión de que el perfeccionamiento de los reglamentos se podrían haber hecho sin una toma de 74 días”. Además, explica que la ocupación afectó, además de la continuidad de las clases, en “la pérdida de cierta armonía en la comunidad universitaria, porque buena parte de los profesores están desmotivados y desmoralizados por no poder hacer su trabajo”.

El académico Roberto Nahum dice que esta toma dejó “una doble consecuencia: la tolerancia cero al acoso sexual y/o laboral; y generar una actitud que, en principio, evitaría volver a paralizar las clases de esta manera”. Nahum aseguró que “la pérdida del semestre es una idea que se ha tratado de poner sobre la mesa, pero no es efectiva”, y recordó las manifestaciones y tomas de 2011 que partieron en junio y culminaron en noviembre de ese año: “No se perdió semestre alguno. Se hicieron clases hasta el 5 de febrero, los exámenes se tomaron en marzo y abril, y se recuperó todo”.

Para la candidata Maricruz Gómez de la Torre, la toma como forma de protesta “no es lo más óptimo para un proyecto educacional, por lo que se pudo haber terminado mucho tiempo atrás si la solución se hubiese dado antes”. Y afirma que “las autoridades son las que tienen el mando y la responsabilidad. Debieron haber hecho un sumario rápido y haber sido más sensibles frente al tema”.

Respecto de la situación de Carmona, Gómez de la Torre lamenta que el profesor no renuncie y asegura que el caso ha afectado al cuerpo docente: “Hay división interna. Muchos profesores consideran que debe volver, y borrón y cuenta nueva. Otros, entre los que me incluyo, creen que no cumple con los estándares éticos de un profesor de la universidad”.

Punto en que Matus difiere, ya que afirma que “no corresponde que otros colegas ni la institución le exija su renuncia”. Y añade: “No creo que se le pueda llamar división. Son diferencias de opinión pero después de pasado el conflicto, todos seguiremos trabajando por la institución”.