Desde minutas informativas sobre el litigio en La Haya por la demanda marítima boliviana hasta informes sobre los procesos electorales en América Latina de este año. También servicios comunicacionales y de apoyo legislativo condensados en un legajo o apenas un par de hojas. Ese es el contenido de los 116 informes de respaldo registrados en el sitio web de de transparencia del Senado —y que han hecho públicos hasta ahora sólo 17 de los 43 senadores en ejercicio— sobre las asesorías externas contratadas con recursos públicos.

En dicha plataforma se aprecia que cinco senadores: Alfonso de Urresti, Isabel Allende, Luz Ebensperger, Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro, son quienes concentran más de dos tercios (80) de los informes, elaborados por un reducido número de asesores.

Según lo definido por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, los senadores disponen de un aporte mensual de $3.323.753 para pagar servicios de asesoría externa.

El tema estuvo el año pasado en el debate público después de que se informara que un asesor del senador Alejandro Guillier, el abogado Omar Beltrán, había “copiado y pegado” contenidos del sitio web del Senado para hacer dos informes que fueron pagados con este ítem. El hecho motivó también al Ministerio Público a requerir las asesorías de todos los senadores desde el año 2011 en adelante, lo que fue rechazado por el Senado.

En respuesta, los comités del Senado, por iniciativa de su presidente Carlos Montes (PS), decidieron hacer públicas las asesorías, pero sólo las de este año y no hacia atrás. Hoy la web tiene disponibles 117 informes elaborados por 18 personas naturales y cinco personas jurídicas.

De acuerdo a esa información, el senador PS Alfonso de Urresti contrató a Javier Sánchez Reyes para proporcionarle “asesoría comunicacional, ambiental y legislativa” en los meses de marzo, abril y mayo. Los 23 informes dan cuenta de minutas de prensa, proyectos de acuerdo, oficios para pedir información, propuestas de indicaciones. Todo ello fue remunerado con $10.268.568.

Su colega de bancada Isabel Allende registra 2 trabajos del abogado Alexandre Sánchez y otros 13 del abogado Rafael Ferrada, que incluyen minutas legislativas, discursos y oficios a autoridades. Al primero se le pagó $1.472.902 en marzo y al segundo $7.810.000 por abril y mayo.

La senadora UDI por Tarapacá, Luz Ebensperger, contrató 9 informes legislativos a Maximiliano Ravest y otros 6 a Patricio Cuevas, por los que se les canceló $4.200.000 a cada uno.

El senador DC por Coquimbo Jorge Pizarro, en cambio, contrató servicios del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), entidad ligada a militantes DC, con 14 informes sobre apoyo en comisiones, minutas temáticas y agenda pública (incluyendo una reseña del litigio en La Haya con Bolivia), todo a un costo de $10 millones en tres meses.

El senador PPD por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, subió a la web 13 informes de asesorías cuya autora es Leslie Sánchez Lobos, la mitad de las cuales corresponden a minutas sobre infancia y protección de la niñez. La prestación de dichos servicios por tres meses costó $6.300.000.

Más de un minuto estuvo esta mañana el Presidente Sebastián Piñera revolviendo los papeles del proyecto de integridad pública, cuando debía darlo a conocer en una ceremonia en el salón Montt Varas de La Moneda. Ante la incomodidad de los asistentes, el Mandatario finalmente dijo: “¿Quién metió la mano en los papeles? Si no es mi mujer, es el diablo…”.

Acompañado por los ministros del Interior, Justicia, Segpres y la Segegob, Piñera presentó la iniciativa que modifica siete cuerpos legales e incorpora 34 nuevas normas, para fortalecer la valoración del mérito personal y la idoneidad de quienes ingresan al sector público.

Además, considera mecanismos de solución de conflictos de intereses al ingreso, durante el ejercicio y al dejar los cargos. Ello, avanzando hacia los estándares de los países OCDE y también con recomendaciones de la Comisión Engel.

“El sentido de este proyecto es decirle sí al mérito, al compromiso y a la responsabilidad en la función pública. Y queremos decirle no a la corrupción, al abuso y a la incompetencia en el servicio público”, afirmó Piñera en su discurso, y remarcó que éste es el primer proyecto, ya que hay “una agenda de probidad y transparencia”, con la que se busca un cambio cultural.

El ministro Segpres, Gonzalo Blumel, precisó que el documento ingresará hoy al Congreso y que “la celeridad en estas materias a veces no es buena consejera. Estas reformas hay que pensarlas y legislarlas bien”.

“Me parece muy bien que se retome la agenda de transparencia y que haya en esto una política de continuidad y una visión de Estado, que va más allá de de las fronteras partidistas”, dijo tras la ceremonia el ex ministro Segpres José Antonio Viera-Gallo (PS), quien regresó al directorio de Chile Transparente. En cuanto a la agenda más amplia, adelantó que destaca “que se revise la ley de acceso a la información pública y que al Consejo para la Transparencia se le entregue la tuición de los bancos de datos personales, del sector público y privado”.

La iniciativa regula la contratación de parientes del Presidente, ministros de Estado y otras altas autoridades, estableciendo el deber de solicitar informe al Servicio Civil respecto de su idoneidad.

También se termina la exclusión vigente, que permite a los ministros hacer esas contrataciones bajo su dependencia, en su misma cartera.

“El hecho de ser pariente no debiera ser algo que juegue en contra, pero tampoco algo que juegue a favor”, dijo Piñera.

Las altas autoridades deberán incorporar en su declaración de intereses y patrimonio si existen parientes en algún órgano del Estado. Y se dispone que el cónyuge, conviviente civil o algún pariente, por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, exprese tal situación en la declaración jurada que debe firmar antes de ingresar al sector público.

“Lo que buscamos es el esfuerzo y no el pituto o el amiguismo”, recalcó Piñera.

En relación al Parlamento, también se establece una prohibición en el caso de personas ligadas entre sí —matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco, por consanguinidad hasta el tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado— con senadores, diputados, secretarios de ambas cámaras u otros funcionarios que tengan poder decisión respecto de dichas contrataciones.

El texto también prohíbe a los parlamentarios recibir remuneraciones u honorarios profesionales de fuentes distintas a la dieta, y sólo permite labores docentes con un máximo de 12 horas semanales.

En cuanto a las asignaciones parlamentarias, se propone su uso exclusivo en dicha función. Y se prohíbe utilizarlas para cualquier tipo de pago a cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un diputado o senador.

El tema relativo a los parlamentarios despertó preocupación en el Congreso. El pasado 21 de junio, tras una reunión con Blumel, los diputados Javier Macaya (UDI) y Karin Luck (RN) advirtieron un posible “desincentivo” para ingresar al servicio público ante estas medidas.

En la ceremonia de hoy llamó la atención que sólo hubiera seis legisladores presentes (tres Evópoli, dos la UDI y uno RN).

“(Su ausencia) debe ser porque tienen muchos familiares”, bromeó un diputado en privado.

Consultado por la aprensión de algunos legisladores, el diputado Andrés Molina (Evópoli), el impulsor de la regulación de parientes en el Estado, desdramatizó el tema. “En lo absoluto. Esto es muy importante”, dijo.

El texto prohíbe a los parlamentarios intervenir en la discusión en asuntos de interés personal (hoy sólo rige deber de abstención de la votación).

Y frente a la llamada puerta giratoria, se establecen normas para regular el post empleo de las autoridades. Por ejemplo, se prohíbe a los ex parlamentarios realizar lobby por un año a contar del cese en sus funciones, tal como adelantó La Segunda el pasado 13 de junio.

También se propone que los ex ministros de Estado, ex subsecretarios y ex jefes superiores de servicio no puedan prestar servicios a entidades privadas que hayan sido sujetos fiscalizados por las instituciones fiscalizadoras relacionadas con la respectiva cartera. Y se les impide realizar lobby o gestión de intereses por 12 meses, ante la misma institución en la que se desempeñaron.

“Conozco muchos casos que la gente vende sus servicios, no en su calidad profesional o capacidades, sino que en base a sus contactos”, señaló el Mandatario.

Para los ex funcionarios de instituciones fiscalizadoras, hasta tercer nivel jerárquico, se dispone el mismo plazo de prohibición para prestar servicios a entidades sujetas a la fiscalización del organismo en que se desempeñaron. Y se les impide realizar lobby ante esa institución por ese periodo.

En cuanto a los abogados de servicios públicos, se plantea que ninguno que se retire de la administración centralizada o descentralizada del Estado pueda realizar presentaciones ante la Contraloría representando intereses de terceros, actuando como abogado, apoderado o representante, en contra de la o institución a la que pertenecía, en asuntos en que hubiere tenido conocimiento o intervención.

Asimismo, se establece como inhabilidad para ingresar a la Administración, el haber realizado lobby en el organismo al que pretenden ingresar, en los 12 meses antes de su nombramiento. Y no podrán desempeñarse como ministro, subsecretario o jefe de Servicio.

“Este proyecto busca ponerle término a las causas que causaron el distanciamiento de los ciudadanos al aparato público”, concluyó Piñera.