A las 10 de la mañana de hoy se inició la audiencia en la que la Fiscalía, en acuerdo con las defensas, intentará un juicio abreviado por delitos tributarios reiterados en contra de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Carlos Délano Abbott, dejando a un lado la imputación por soborno y el cohecho por el cual se había formalizado también al ex subsecretario de minería, Pablo Wagner.

La jornada comenzó cerca de las 9 de la mañana siendo Délano el primero en llegar al Octavo Juzgado de Garantía, ubicado en el Centro de Justicia. Relajadamente conversaba del Mundial del fútbol, en el subterráneo con sus abogados. Relajo que dista de lo ocurrido la primera vez que pisó el edificio de Pedro Montt, a comienzos de 2015, cuando el caso estaba a cargo del ex fiscal nacional Sabas Chahuán y el ex jefe de Alta Complejidad, Carlos Gajardo.

Después de esa audiencia los llamados “Carlos” y Wagner quedaron en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber y solo recobraron la libertad 46 días después.

Casi bordeando la hora de inicio de la audiencia llegó Lavín, seguido por pocos pasos del fiscal regional oriente, Manuel Guerra.

A las 10:05 se dio inicio a la audiencia. El fiscal Guerra dijo que durante esta instancia renormalizaría a los tres mencionados y daría curso al juicio abreviado.

En la reformalización el fiscal regional eliminó el delito de soborno que pesaba desde 2015 en contra de Délano y Lavín, y el de cohecho por el cual se le habían comunicado cargos a Wagner.

En el caso de los dueños de Penta solo quedaron formalizados como autores de presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios que no se prestaron para burlar impuestos. Consignado en al Artículo 97, número 4, se imputó en calidad de consumado y reiterado.

La Fiscalía detalló que las boletas y facturas se usaron para beneficiar a familiares, ejecutivos y “algunos para financiamiento en cubierto de campañas políticas”.

Detalló también que las presentaciones de estos documentos para rebajar a título de gastos, desembolsos que no eran tales, ocurrió entre 2009 y 2014.

Guerra incluyó entre los hechos lo ocurrido con los Forward, instrumentos financieros a través de los cuales se compraron y vendieron dólares, pero con documentos manipulados en sus fechas de celebración y liquidación. Así, pudieron rebajar gastos por supuestos malos negocios. Los contratos por las pérdidas ficticias, sumaron más de $300 millones.

De acuerdo a la Fiscalía el delito imputable a esta situación corresponde al mismo Artículo 94 número 4, de las bolestas falsas.

En cuanto a Pablo Wagner —quien trabajó en distintas sociedades de Penta entre 1998 y 2010 a través de asesorías y participación en directorios—, la Fiscalía recalificó los dineros que el holding le entregó después de que asumiera como subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera (marzo de 2010), como “incremento patrimonial indebido”. Así, se le eliminó el delito de cohecho, abriendo la posibilidad, al igual que con Délano y Lavín, de ir a juicio abreviado.

En este punto el fiscal enfatizó que los $42 millones que en total se le hizo llegar a Wagner a razón de $3 millones bimensuales, durante dos años, se explicaba pues “en forma previa a su ingreso al gobierno se dio el modo que se le pagara lo que se le debía”, por las funciones antiguas que ejecutó en el holding. Esto porque, según sostenía, “en el nuevo cargo los ingresos se verían mermados”, dijo el fiscal.

Guerra señaló, además, que fue Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta, quien falleció en febrero de 2017, quien “decidió entregar este apoyo económico indebido”.

Al cierre de esta edición aún no se le daba la palabra al Consejo Defensa del Estado (CDE), organismo que, se prevé, se opondrá al juicio abreviado.