No sólo es la colectividad que más recursos públicos ha recibido este año ($314.437.806). También lidera las transferencias estatales desde que entró en vigencia la ley de financiamiento de partidos políticos. Desde 2016 a enero de este año, la UDI incorporó a sus arcas $2.811 millones en aportes a través del Servel.

Dado que se trata de dinero fiscal, la ley obliga a los partidos a publicar una serie de antecedentes en sus portales de Transparencia. Con esa exigencia, las colectividades, por ejemplo, deben informar una lista de “transferencias” de fondos a personas jurídicas y naturales y, paralelamente, una segunda nómina de “contrataciones sobre 20 UTM” ($950.760 de hoy). En algunos casos, los pagos se informan dos veces en ambos listados.

Sobre la base de estos datos, La Segunda inició una revisión de gastos de los partidos que serán publicados en un serie de notas. La primera de ellas: la UDI.

Entre 2017 y marzo de este año, el gremialismo informó contratos sobre 20 UTM con cerca de 60 personas jurídicas y naturales, por un total de $584,7 millones. En el top ten de mayores pagos (ver ranking) hay dos liquidaciones por préstamos contraídos en 2016, con el BCI y Banco de Chile, durante la crisis financiera que vivió la UDI tras el caso Penta.

Natural Phone Sociedad Anónima encabeza la lista de empresas que prestaron servicios al conglomerado, con seis pagos de $5.950.000 y dos de $8.925.000 entre enero y junio de 2017; es decir, totalizó $53.550.000. La firma se hizo cargo de la campaña telefónica que implicó llamar a una base de casi 70 mil contactos de militantes y simpatizantes. Esto, en el marco del proceso de refichaje que el año pasado debieron enfrentar los partidos para seguir existiendo legalmente y así poder recibir financiamiento del Servel.

La compañía se dedica a sistemas informáticos, traspaso de voz, datos e imagen, call center y comercio electrónico, entre otras labores, fue constituida en 2005 por Sociedad de Inversiones Visión SA —de propiedad de Irma Cáceres y Víctor Manuel Salas— y Web Voice Comunicaciones Ltda. Esta última fue creada por Carlos Salamanca, Jorge Jorrat Wigand y Alberto Barrera Vergara; los dos últimos ligados al PS.

Aunque en los registros del Conservador de Bienes Raíces (CBR) y del Diario Oficial solo figura el documento que da cuenta de la fundación de Web Voice Comunicaciones —sin movimientos societarios posteriores— Barrera y Jorrat aseguran que vendieron su participación. “En 2005 junto a unos amigos creé una empresa. Y en esa empresa nos asociamos con un experto para que fuese el motor de la generación de lo que teníamos de la idea central de la empresa, que era generación de publicidad a partir de la utilización de software y principalmente llamadas telefónicas. En 2007, en el caso mío porque me fui a EE.UU., la participación de nuestra sociedad se la vendimos a Carlos Valenzuela. Y él ha seguido manteniendo esa empresa de 2007 en adelante bajo su responsabilidad. Y dos, en mi rol de empresario y dado a que estoy en Chile le vendo a quien me compre”, sostiene Barrera. Jorrat también señaló que dejó de ser socio en 2007.

“Compré la empresa en 2007. Los papeles están en la notaría, pero no en el conservador; no se publicaron por error del abogado. Esta empresa presta servicios a otras instituciones e incluso fuera de Chile”, explicó Carlos Valenzuela.

De todos modos, en paralelo, una nota al margen incluida en el documento de constitución de Natural Phone, da cuenta que el 31 de julio de 2017 el directorio de la sociedad revocó los poderes conferidos con anterioridad a Jorrat y designó como gerente general a Carlos Valenzuela.

Hasta marzo de este año, Jorrat fue director de la Enami. Antes, entre 2002 y 2011, fue miembro de la comisión patrimonio del PS, que supervisaba las inversiones de esa colectividad.

Barrera, en tanto, fue asesor del Ministerio del Interior hasta marzo de este año. Es cercano a Camilo Escalona, fue asesor de Osvaldo Andrade en el Ministerio del Trabajo y fue encargado territorial del comando de Bachelet en 2005.

La segunda compañía con mayores contratos con la UDI, registrados en los últimos tres años, es Comunicaciones Connectiva Spa, con un total de $45.000.000 a través de 30 pagos de $1.500.000 entre 2017 y marzo de este año por asesorías comunicacionales.

La firma fue constituida, en 2014 por Gonzalo Cornejo Chávez —ex alcalde de Recoleta, ex colaborador de Pablo Longueira y hoy asesor de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei—, Alejandro Miranda Muñoz y Lily Zúñiga, ex jefa de prensa UDI, que en 2016 se autodenunció ante la Fiscalía por haber extendido boletas con cargo a las asesorías parlamentarias sin haber efectuado los servicios.

Según el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, este año la sociedad modificó su propiedad con la salida de sus socios originales. Ahora está en manos de Saúl Obando Arjel, ex periodista del Ministerio de Economía durante la titularidad de Longueira. “La transferí y vendí hace tres años; a mediados de 2015”, relató Cornejo, quien hoy asesora en materia comunicacional a distintos clientes, entre ellos a Matthei.