El 13 de diciembre de 2016, la corredora Nevasa informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) —hoy Comisión para el Mercado Financiero— que su socio Carlos García-Huidobro se alejaba de la compañía tras 26 años. Su 7,86% pasó a manos del accionista mayoritario, Eduardo Muñoz Vivaldi (presidente de la firma), quien alcanzó el 87,21% de la sociedad, secundado por el empresario Carlos Marín Correa (parte de la familia que controlaba CGE), con un 7,86%, y el gerente general de la corredora, Ramiro Fernández, dueño del 4,93%.

Hasta ese momento, poco y nada se conocía de las razones de esta “separación de aguas”, aunque su génesis venía desde hace varios meses y algo de luces se evidenciaron cuando unas semanas antes Nevasa informó a la SVS que García-Huidobro dejaba de ser director de su AGF.

Los socios detectaron una pérdida importante en sus inversiones, todas administradas por García-Huidobro, y el traspaso de sus acciones fue para resarcir en parte esos daños, que versiones de prensa situaron entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.

Por entonces, el bullado fraude detectado en Aurus Capital copaba los titulares de prensa y los socios de Nevasa enfatizaron en que el daño había sido sólo sobre inversiones propias y no las de clientes. Pero la historia tuvo un vuelco a partir del 31 de agosto de 2017, cuando ingresó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de García-Huidobro “y de quienes resulten responsables, por los delitos de apropiación indebida, abuso de firma en blanco e infracción a la Ley de Valores”.

El querellante, Francisco Rivera, tío político de García-Huidobro, plantea que sufrió un perjuicio de al menos US$ 1,5 millones, cifra que podría elevarse, pues afirma que no ha tenido acceso a toda la información de sus inversiones.

Rivera cuenta que su relación con Nevasa partió en 2006. “Mi contrato establecía la obligación de que la empresa, a través del querellado, me hiciera las consultas previas con el fin de aprobar las operaciones”, describe en la querella. Pero la cercana relación familiar entre ambos hizo que García-Huidobro operara casi sin consultarle, dice.

Rivera describe que recibía depósitos de la empresa Glencore por sus servicios en la minera. Parte de esos fondos los destinaba a solventar gastos, y los saldos eran usados para inversión. Dice que para mover esas inversiones en el exterior, García-Huidobro gestionó la apertura de varias cuentas en Estados Unidos, Suiza y las Islas Vírgenes.

“En un momento dado, Carlos me dijo diversifícate y abrimos unas cuentas en Suiza. Después, en una conversación de pasillo, me dijo que había abierto una segunda cuenta a nombre mío, porque tenía que mover unas platas de él. Le dije que si no me metía en líos, lo hiciera”, describe como referencia de los movimientos que se realizaron sin su supervisión. Agrega que las aperturas en el exterior fueron gestionadas por sociedades ligadas a los socios de Nevasa, como World Arrow Limited en Islas Vírgenes.

Dice que a fines de 2015 advirtió las primeras irregularidades, al recibir una llamada de la corredora en que le informaban que el saldo de sus cuentas había sido afectado por la caída en insolvencia de Molycorp, donde tenía acciones. De ahí en adelante hizo distintas solicitudes de información, las que fueron atendidas parcialmente.

Así pudo detectar un sinnúmero de transacciones en las distintas cuentas, incluso dentro de un mismo día, lo que no calzaba con su perfil conservador. “Carlos efectuó inversiones principalmente en compra y venta de acciones sin consultarme previamente, muchas de las cuales eran innecesarias e imprudentes”, sostiene. Acusa que a mayor actividad en bolsa, más alta era la utilidad obtenida por Nevasa y la comisión de García-Huidobro.

Asimismo, dice que hubo abuso indiscriminado de una firma en blanco que dejó para autorizar alguna operación puntual, que fue usada en distintos documentos que adjunta en la querella. Al intentar lograr una mediación para resarcir el daño, no obtuvo respuesta, advierte.

La investigación está en manos de la fiscal Karin Naranjo, de la Fiscalía Oriente, quien ya ordenó peritajes y toma de declaraciones por la propia fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

“La querella busca que se investigue la existencia de los ilícitos y sus partícipes, y que la fiscal determine si avanza a la formalización. Distinto es que después se busque alguna salida para repararar el daño económico”, describe Alejandro Godoy, abogado del estudio Ortiz y Compañía (escindido en diciembre pasado del estudio Puga Ortiz).

En Nevasa, Eduardo Muñoz (también vicepresidente de la Bolsa de Santiago) enfatizó que “el señor Rivera nunca ha sido cliente de Nevasa y mal podemos estar relacionados con el tema”. Agregó que ya aportó antecedentes a la investigación.

No fue posible ubicar a Carlos García-Huidobro.