Potenciar el uso de las nuevas plataformas tecnológicas para el transporte de pasajeros como Uber o Cabify, entre otras, es una de las recomendaciones centrales incluidas en el informe que la Comisión Nacional de Productividad (CNP) presentó la semana pasada al Gobierno.

Si bien buena parte de las propuestas apuntan a las regulaciones formales (cumplimiento de estándares de seguridad en los automóviles, contratación de seguros y la obligatoriedad de que el conductor tenga licencia profesional), las principales sugerencias apuntan a integrar dichas aplicaciones al sistema de transporte de la ciudad, facilitando su uso y fomentando la intermodalidad (opciones de combinación con otros medios).

Asimismo, y en línea con el debate que se ha ido generando en el resto de los países donde operan estos servicios, la comisión recomienda aplicar a estas plataformas el principio del “traslado del beneficio” para que tributen impuestos en Chile (primera categoría e IVA). Igualmente, se aconseja que los conductores tributen por los ingresos percibidos por alguna de las alternativas vigentes, como contribuyente de primera categoría (alternativamente renta presunta) o global complementario (boleta a honorarios). Según el CNP, el Estado habría recaudado cerca de 50 millones de dólares el año pasado si Uber pagara impuestos en el país.

Estas propuestas parecen estar lejos del foco de discusión del proyecto de ley (la llamada “Ley Uber”) que busca regularizar el sistema, aprobado en enero en la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y que deberá revisar el Senado. Dicha iniciativa se centra en la exigencia de un alto estándar para los vehículos; el pago del servicio sólo por medios electrónicos; la existencia de un registro público, y el cobro de un impuesto por kilómetro recorrido, correspondiente al uso del espacio vial. No parece evidente que el proyecto vaya en una dirección correcta. Regular un servicio como este a través de cuotas de mercado y restricciones a la oferta (propias de la licitación de taxis básicos de los años noventa) resulta insuficiente frente a un modelo tecnológico que cuestiona esos procedimientos burocráticos y que cambia las relaciones entre proveedores y clientes para hacerlas más cómodas y expeditas.

Tal como lo ha dicho el secretario ejecutivo del CNP, Alfie Ulloa, hasta el momento “la infraestructura y la institucionalidad del país no están a la altura de los desafíos que la revolución digital conlleva”. El debate parlamentario en curso debiera tomar en cuenta las recomendaciones de la comisión para contar cuanto antes con una ley moderna, que reconozca la existencia de estas plataformas, regule de manera efectiva sus servicios y garantice adecuados estándares legales y de seguridad.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

Dirección, redacción y talleres: Av. Santa María 5542.

Fono: 2330 1111 (mesa central) Servicio al cliente: 2242 1111

Ventas, suscripciones: 29562456 www.lasegunda.com

Señor Director:

En relación con la entrevista que se me hiciera, publicada el viernes recién pasado (p. 24), debo aclarar que no dije dudar de la “transparencia” del alcalde Joaquín Lavín en lo relativo a su proyecto de operación inmobiliaria, con viviendas sociales, lo que me parece interesante de explorar.

Mis recelos —ajenos al alcalde de Las Condes— vienen de que, en la experiencia internacional, esta línea de acción municipal se ha prestado para abusos, como fue el caso suizo que menciono en la entrevista. Si se aplica en Chile, lo que debe ser transparente es la selección de los beneficiados.

Miguel Laborde

Señor Director:

El Presidente Sebastián Piñera, al designar a su hermano Pablo como embajador en Argentina, ha actuado dentro de las atribuciones especiales conferidas por la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin transgredir, por tanto, las normas constitucionales ni legales que conforman la Carta Magna y la Ley N° 18.575. Además, el principio de probidad exigido a las autoridades ha sido respetado, aun cuando el cargo de embajador ante cualquier país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas no está sujeto a dicha exigencia, en razón de la función misma a desempeñar en el exterior.

Los principios, reglas y normas que contiene la Ley N° 18.575, conocida por el nombre de su contenido jurídico, no se aplican a los embajadores de Chile en países extranjeros porque, en razón de la naturaleza misma del cargo, no se les puede considerar autoridades de la administración del Estado ni funcionarios de la administración pública.

En este caso particular corresponde sólo considerar la Constitución Política, que en su artículo 32, N° 8, dispone que es atribución especial del Presidente “designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 7 precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella”.

Los méritos personales y profesionales de Pablo Piñera han sido suficientes para que su hermano Presidente lo nombrara embajador en Argentina, en la convicción de que mantendrá los lazos de amistad que siempre debieran existir entre ambos países.

Sara Navas Bustamante

Señor Director:

La palabra nepotismo es una de las difíciles de pronunciar; algunos pueden confundirse, y decir “tusunami” o “marepoto” no pasa más allá de ser un episodio anecdótico. Pero, en el caso de ésta, realizar las acciones que la definen conlleva una decisión y, a pesar que puede calificarse como pertinente, llegan a nuestra memoria ejemplos históricos: los “sobrinos” en la Iglesia católica del medioevo; los hermanos Bonaparte en la época napoleónica o, más recientes, los hermanos Castro en Cuba o el del hijo de la ex Presidenta. Claro está que la confusión entre la acepción de personas por motivos de piedad filial o por su verdadero mérito, como escribió Confucio, no da para bajarse de un avión.

Álvaro Lira

Señor Director:

Anoche Teletrece, con su reportaje “Quedaron cesantes y hoy deben comer de la basura”, nos vuelve a recordar que anualmente 1,62 millones de toneladas de alimentos que aún están aptos para el consumo humano terminan en la basura, o que el 35% de la comida que se prepara tiene el mismo destino. Cuando en nuestra sociedad el 70% de los trabajadores gana menos de 426 mil pesos mensuales, ello pone barreras a la hora de seguir una alimentación saludable.

La comida no sólo nutre, sino que desde tiempos remotos también ha sido un vehículo de unión social. Pero nuestro acelerado ritmo de vida nos ha llevado a considerar los alimentos como una mercancía desechable más, lo que ha generado desde problemas nutricionales hasta desperdicio de alimentos.

¿Por qué debería ser la comida tirada a la basura, cuando se puede compartir con aquellos que no se pueden permitir una comida adecuada cada día? El sentido común y la sensatez nos llaman a hacer algo mejor con la comida en lugar de botarla. Se trata de un tema de responsabilidad social, de acuerdo al cual todo el mundo, independiente de su nivel de vida, debe aprender a no botar y desperdiciar los alimentos.

Alejandra Ceballos

Fundación Desperdicio Cero