Chile cerró esta mañana la primera semana de alegatos en La Haya, enfocándose en el proceso de Charaña (1975-1978).

Fue el abogado inglés Samuel Wordsworth el encargado de exponer sobre dichas negociaciones, que finalmente fracasaron por Bolivia, tal como lo adelantó ayer el agente chileno Claudio Grossman.

Sin embargo, a pesar de que el fallido acuerdo de Charaña ha sido usada por Bolivia para sustentar su demanda, paradójicamente también es una pieza clave de la estrategia chilena para comprobar que hubo buena fe de Chile para estudiar la solicitud de La Paz. Además constituye un techo frente a cualquier fallo adverso.

“Charaña es la demostración de la buena voluntad chilena y que termina justo en el minuto en que se estuvo dispuesto a hacer canje territorial, en ese momento es Bolivia la que lo rechaza y termina rompiendo relaciones diplomáticas” complementa el ex canciller Miguel Schweitzer, quien en todo caso asegura que “la parte medular de la defensa de Chile no está en el detalle de demostrar cómo cada una de las negociaciones invocadas por Bolivia no constituyen una obligación jurídica de negociar, sino demostrar que toda esta demanda es fabricada”.

El escritor y ex diplomático José Rodríguez Elizondo, autor del libro “De Charaña a La Haya”, destaca que “la idea de un corredor boliviano por Arica se discutió por primera vez entre los años 1949 y 1951 en el gobierno de Gabriel González Videla”.

Cuenta que “entre los años 1974 a 1979 Chile estuvo en un gran peligro de guerra con sus tres vecinos. En Chile se temía la HV3 (hipótesis de conflicto vecinal en tres frentes) y en 1974-1975, Pinochet optó por desglosar a Bolivia del eventual terceto, negociando con el gobernante boliviano Hugo Banzer sobre un corredor boliviano por Arica, con contrapartidas territoriales, de manera similar a la negociación anterior. Eso dio paso a las conversaciones de Charaña”.

Rodríguez Elizondo comenta que la finalidad de Pinochet fue de tipo estratégico defensivo: evitar que Chile fuera atacado en tres frentes, sacando a Bolivia del eventual terceto ofensivo. Banzer, por su parte, esperaba que Perú diera su consentimiento, obligatorio según el tratado chileno-peruano de 1929, pues Arica antes era peruana.

La idea de Pinochet, dice, “probablemente era ganar tiempo y así fue, porque estuvieron negociando durante el 75, 76 y en un momento se le pidió a Perú la anuencia, pero este país decidió aprovechar mejor sus posiciones en Arica e hizo una contraoferta: la administración trinacional de Arica. Y ahí se acabó la negociación, porque Bolivia no aceptó y además se retractó de las contrapartidas territoriales que antes había aceptado”.

Para el ex embajador Jaime Lagos Erazo, “en el caso de Charaña hubo un ofrecimiento concreto de soberanía, pero al final el asunto cayó por culpa de los propios bolivianos”. Añade que “echaron a Banzer los propios bolivianos que no estaban dispuestos a contraprestaciones territoriales y Perú propuso esta administración tripartita que era inaceptable. Fue responsabilidad peruana y boliviana”.

Ricardo Israel, abogado y analista internacional, también reconoce que Charaña “es importante en este juicio, porque es la oferta más formal que ha hecho Chile alguna vez a Bolivia. Es la mayor oferta formal que ha salido de parte de Chile”.

“Chile ha ido adaptándose a estos vaivenes de la argumentación de Bolivia, lo que no es fácil, porque si cambia el argumento también es necesario cambiar el contra argumento”, plantea Paulina Astroza, abogada y miembro del comité ejecutivo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción.

—¿Hasta qué punto afecta el juego en paralelo que hace Evo Morales, de decir que quieren recuperar Antofagasta mientras su equipo jurídico ni lo menciona en la Corte?

—Lo que dice Evo Morales es totalmente contrario a lo que dicen sus abogados en el tribunal. Chile puede invocar este tuit y la declaración del Presidente Evo Morales, porque es una declaración de un representante del Estado, nada menos que el Jefe de Estado, que en el Derecho Internacional es imputable al Estado. Chile puede perfectamente decirle a la Corte que pese a lo que ha dicho Bolivia en la Corte, lo que quieren son resultados y la prueba está en que el Presidente del Estado Plurinacional está diciendo que quiere Antofagasta.

—Se ha sacado mucho el acuerdo de Charaña. ¿Puede ser una pieza fundamental para acreditar los planteamientos de Chile?

—El caso de Charaña, cada parte lo va a interpretar, dependiendo de su propia defensa jurídica. Chile dice que no se llegó a un acuerdo, porque Bolivia no lo quiso, de modo que se trata de negociaciones fallidas y que la propuesta, al fallar las negociaciones, caducó. Y que por lo tanto no es una promesa que cobre vida propia y que hoy nos pueda exigir Bolivia.

En el escenario que la Corte estime que sí existió este compromiso de Chile de negociar una salida soberana al mar, Chile puede argumentar que cumplió, porque se sentó a negociar de buena fe con Bolivia, porque incluso ofreció un corredor que Bolivia no aceptó.

Es decir, si la Corte estimara que existió la obligación, Chile debe probar que la cumplió, y ahí podría tomar Charaña y decirle este es el ejemplo. Nosotros cumplimos, no aceptaron esto por lo que está extinguida la obligación. Esa es la importancia de Charaña.

—¿Qué dirección debe tomar Chile?

—Chile tiene que romper con el relato, esa lógica que está planteando Bolivia. Tiene que mostrar su interpretación de la historia, porque los bolivianos tomaron hechos para decirle a la Corte que ellos tienen la razón y no dijeron aquellas cosas que no les convenía. Chile tiene que dejar en evidencia que hay elementos que no se tomaron en cuenta, ni dijeron, ni que se hicieron presentes otras partes de los mismos documentos. Que es otro el contexto.