El viernes pasado, en su visita a La Moneda, el titular del Senado, Carlos Montes, advirtió al Presidente Sebastián Piñera acerca de la necesidad de mejorar el trabajo de la Oficina de Presupuestos del Congreso, con el fin de equilibrar la información que maneja el Legislativo.

Se trata de una demanda pertinente. El nuevo presidente de la Cámara Alta ha sido pieza clave durante largos años de las comisiones de Hacienda, por lo que conoce bien las dificultades de legislar o aprobar presupuestos sin información. El caso del mal uso de los recursos de Carabineros —aprobados de forma genérica, como el mismo Montes reconoció— es un ejemplo de dichos riesgos. Algunos expertos, como la directora del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolffersdorff, han advertido también sobre una cultura de opacidad de parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que dificulta el escrutinio público de las cifras.

No se trata, por cierto, de la primera iniciativa en este sentido. A fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda y el Congreso firmaron un protocolo para avanzar en transparencia fiscal, el que planteaba, entre otros asuntos, la implementación de una Unidad de Asesoría Presupuestaria para ambas cámaras, basada en la experiencia de la Oficina Presupuestaria del Congreso en EE.UU. y Canadá, y con la asesoría de la OCDE y el Banco Mundial. En la misma línea se cuentan las propuestas de la Comisión de Modernización del Estado CEP, en noviembre de 2017; de Espacio Público, que planteó en 2016 la creación de una Dirección Parlamentaria de Análisis Técnico, y de los académicos convocados el año pasado por cuatro asociaciones gremiales, en el proyecto “Crecer Juntos”, para establecer un Centro de Análisis Presupuestario (CAP).

El Presidente, señaló Montes, se mostró comprensivo al llamado, pero advirtió que no hay espacio para incrementar el gasto en este ámbito. Efectivamente, resulta difícil justificar un aumento de recursos para el Congreso, toda vez que el Ejecutivo recientemente inyectó más de 2 mil millones de pesos, que no estaban contemplados, para financiar el aumento de parlamentarios. Sin embargo, parece evidente que leyes y regulaciones mal diseñadas pueden tener un costo económico mucho mayor, en el largo plazo, que lo que costaría mejorar la capacidad de análisis del Parlamento. Por lo demás, la propia Biblioteca del Congreso dispone de un presupuesto elevado (12 mil millones de pesos anuales) que podría ser reorientado, en parte, para esta tarea.

La importancia de mejorar la capacidad técnica del Legislativo, y cómo ello debería traducirse en regulaciones y políticas públicas de mejor calidad y al servicio de las personas, hace necesario que estos esfuerzos denoten una convicción institucional —traducida en presupuesto— y que no queden al arbitrio de la buena disposición del gobierno de turno.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

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Señor Director:

El Presidente Piñera dijo: “Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia. Por lo tanto, Chile no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes con ese país”. Si esto es así, ¿qué diablos estamos haciendo en La Haya?

Adolfo Paúl Latorre

Señor Director:

La estrategia de Bolivia en La Haya se reduce a lo siguiente “Miente, miente, que algo queda”.

Aníbal Vial de Amesti

Señor Director:

Que Chile acepte someterse a una corte internacional, y por ende acatar lo que ella resuelve sobre un tema de política exterior, es inconstitucional. La política exterior de Chile no la puede determinar un tribunal internacional, sino que es facultad privativa del Presidente de la República. Cosa distinta son las obligaciones internacionales. Negociar o no es una opción de política exterior, no una obligación.

Roberto Ávila Toledo

Señor Director:

El ex ministro De la Fuente calificó de “graves” y de “mal gusto” las declaraciones del ex ministro Campos, quien se negó a firmar el decreto que ordenaba el cierre del penal Punta Peuco. Al señor De la Fuente habría que recordarle que lo que resultó grave y de pésimo gusto fue haber pretendido dictar un decreto un domingo en la mañana, mientras en la sala del lado se preparaba un cambio de mando. Y peor aún resultó ver a una Presidenta de la República jugar a una (cruel) incertidumbre hasta último minuto en un tema delicado como éste (tuvo cuatro años para decretar el cierre). Uno hubiese esperado de quien ha ocupado altos cargos en prestigiosos organismos internacionales, y dos veces la Presidencia de la República, abandonase el poder acompañada de mayor sabiduría, y no dándose un gustito personal a costa de la unidad nacional.

Ignacio Garay P.

Señor Director:

De acuerdo a un estudio, hoy caminamos al doble de la velocidad que hace 50 años atrás. ¿Será que tanto apuro es la forma de arrancarnos del miedo a morir? ¡La omnipresencia de la muerte en su expresión más pura!

Sebastián Luengo T.

Señor Director:

En el marco del cambio de mando es interesante observar el poco aprecio hacia la política de la sociedad chilena actual. Y no es por nada. Uno de los grandes problemas de ésta es que hoy se desconoce su sentido. Política viene del griego politikos, que significa “para los ciudadanos”. Pero hoy para muchos, sin importar la orientación, se ha convertido en su peor enemigo, en un simple empleo, y es en ese preciso instante en que los objetivos o sueños de cambiar el país pasan a segundo plano, destruidos por el afán de subsistencia. Hoy, la esperanza del cambio está depositada en las nuevas generaciones. La llave para estas generaciones está en tomarle el peso a la solidaridad, un concepto que nos llama a la vocación de entender la sociedad como una gran comunidad donde somos responsables por el del lado. Es esta misma solidaridad la que actualmente es fundamental para cambiar la participación como hoy la conocemos.

Manuel Matte G.

Consejero Territorial Solidaridad

Señor Director:

Debido a la compra de una propiedad, me he visto afectado por intensas e innecesarias demoras por parte del banco. Averigüé que la tramitación de un hipotecario es hoy mucho más demorosa que antes debido a la externalización de servicios legales que han realizado los bancos, pues esas empresas externas operan masivamente, con mucha ineptitud y gran descoordinación de los ejecutivos bancarios. Antes, para estos efectos, cada banco disponía de abogados propios o de un estudio externo chico.

Considero que este grave deterioro en el servicio de créditos hipotecarios, que pretendió reducir costos a los bancos, no justifica el daño inmenso que sufre el cliente. Como ejemplo, la inscripción en el CBR que me fue rechazada por un poder faltante demoró más de un mes en ser retirada, corregida y reingresada, simple trámite que en manos de un particular se hace en un par de días. La compra a través de un hipotecario está demorando seis meses en vez de dos meses como antes. Es hora que la superintendencia tome cartas en el asunto.

Francisco Javier Bernales