El fallo dividido de la Tercera Sala de la Corte Suprema que reconoció el carácter indefinido de los funcionarios públicos a contrata, planteó nuevas interrogantes a lo que va a hacer el nuevo gobierno de Sebastián Piñera en caso de que se incline por una renovación de las plantas gubernamentales. De hecho, junto con destacar el cambio de paradigma que significa la resolución, dos juristas expertos en Derecho Administrativo recuerdan que los tribunales ya tienen una línea también en el caso de los cargos a honorarios, el último escalafón de la administración.

Según el profesor de la U. de Chile Luis Cordero, “en los contratados a honorarios la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha venido sosteniendo, en los dos últimos años, que una persona a honorarios que tiene regularidad y dependencia en rigor tiene un contrato de trabajo y, por tanto, el Estado debe cumplir sus obligaciones previsionales e indemnización”.

El abogado no sólo tiene a mano cinco fallos —dos de Contraloría y tres de la Suprema— que favorecen a los funcionarios a contrata. También tiene otros donde las personas a honorarios tienen buen pronóstico. “En los casos de los contratos a honorarios como contrato de trabajo encubierto prácticamente, el Estado está perdiendo casi todos los juicios”. Y recuerda que “los honorarios se han tratado de regularizar pasándolos a contrata”.

En tanto, el profesor de las universidades Católica de Santiago y Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, sostiene que “hay bastante jurisprudencia en materia laboral donde se les han reconocido derechos y también la posibilidad de ser indemnizados, cosa que no había ocurrido con anterioridad. La propia Contraloría entiende que su desvinculación también requiere de un acto expreso”. A ello, añade que “esto viene a ser un elemento más que llama a revisar el régimen de los funcionarios públicos”.

De hecho, para ambos especialistas el fallo de la Suprema conocido ayer significa un salto, porque ahora el tribunal se reserva el derecho de evaluar las razones que se dan para sacar a un contrata.

¿Habrá una avalancha de recursos en caso de que el nuevo gobierno quiera cambiar planteas? Según dice Luis Cordero, “efectivamente y buena parte de la jurisprudencia es consecuencia de los cambios de administración”. Eduardo Cordero añade que “es un fenómeno que viene desde el 2010. Cuando se han producido cambios de gobierno ha sucedido que el que llega quiere incorporar a sus equipos. Se ha desvinculado a los que están en una situación más precaria —honorarios y contrata— y la Contraloría, la Corte Suprema y los juzgados laborales han desarrollado una jurisprudencia para proteger a estos funcionarios”.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio detuvo hoy en Cartagena a un hombre de 59 años que debía $ 25 millones en pensión alimenticia.

Según explicó a radio Biobío el comisario Joaquín Seguel, sujeto daba instrucciones a vecinos, amigos y miembros de su familia para evitar ser encontrado y ser llevado a la justicia.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de Familia de San Antonio.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la creación de una comisión investigadora para pesquisar las irregularidades que habrían cometido funcionarios de Inteligencia de Carabineros en la Operación Huracán, caso que hoy indaga el fiscal Carlos Palma.

Fueron dos las peticiones para la creación de instancia: una provino desde parlamentarios pertenecientes al oficialismo y otra de Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática, por lo que la Cámara resolvió la fusión de ambas iniciativas.

La instancia tendrá 20 días para investigar.