Mónica Zalaquett y Felipe Salaberry están desvinculándose de sus empresas inscritas en el registro de lobby, para asumir ella como subsecretaria de Turismo y él como el nuevo Subdere.

En lugar de promover intereses particulares de terceros ante autoridades, se transformarán en los “sujetos pasivos” de aquellas acciones.

Mónica Zalaquett adelanta que tras su nombramiento inició el proceso de venta de su participación en “Triangular Integración Estratégica Spa”, que formó junto a su hermano Pablo en abril de 2014.

“Desde que fui designada, no tengo relación con los clientes de la empresa”, dice. Y optó por transparentar la lista de clientes, que incluye a Entel, Citelum, Easton Outlet Mall, Grupo Eulen, Fundación Belén 2000, Club Palestino y Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo al registro de Infolobby, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, ella participó en 23 audiencias: cinco con alcaldes, ocho con diputados, dos con gobernadores, tres con subsecretarios, cuatro con jefes de servicios y una con el ministro Nicolás Eyzaguirre (cuando estaba al mando de la Secretaría General de la Presidencia), a quien le presentó a la directiva de la comunidad palestina. El resto de las reuniones fueron sobre intereses de la Sociedad de Investigación Biomédica JSD Limitada, Entel, la Federación Palestina y la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas.

Se suman otras nueve audiencias en el Senado para promover temas de Entel, de la comunidad Palestina, y de la Asociación Gremial de Procesadores y Productores de Algas Marinas. Por esta última gestionó una audiencia con la senadora Carolina Goic (DC) en septiembre de 2015 para plantear observaciones al proyecto de ley de repoblamiento y cultivo de algas.

En su carta de presentación en la web de su empresa “F&S Consultores” —constituida el 8 de marzo de 2014—, el ex diputado Felipe Salaberry destaca sus 12 años en la Cámara y su paso por las comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Trabajo. Agrega que puede contribuir a “influir en los efectos esperados de una regulación determinada”.

“F&S Consultores” aparece inscrita en los registros de lobistas del Senado y la Cámara desde diciembre de 2014. Pero según el catálogo de Infolobby, la web administrada por el Consejo para la Transparencia no registra participación en audiencias”.

Al principio era una EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada). Pero el 2 de diciembre de 2014, se incorporó José Miguel Durana —quien asumirá el 11 de marzo como senador por Arica por la UDI— y se transformó en “F&S consultores Limitada”.

Cuando se inició la discusión de la reforma laboral en diciembre de 2014 —y aprobada en abril de 2016— a Salaberry se lo vio en el Parlamento. Los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Tucapel Jiménez (PPD) lo recuerdan, pero ambos afirman que no trataron asuntos laborales con él.

Si bien a Salaberry se le solicitó el nombre de sus clientes, optó por no hacerlo, aunque aclaró otras dudas mediante mensajes por escrito:

—Si F&S no ha realizado acciones de lobby, ¿con qué fin fue inscrita en el registro en 2014?

—Es una actividad legítima y legal, que para ser realizada requiere la inscripción en un registro. Sin embargo, este servicio específico no ha sido requerido a esta consultora. Cuando un cliente requiere exponer su opinión en un proyecto, se representa a sí mismo, sin intermediarios, y la consultora se limita a tramitar la respectiva audiencia de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.

—¿Se desligará de su participación en la empresa?

—Total y absolutamente. Es más, la sociedad será disuelta. Y, por supuesto, antes de asumir el cargo para el que fui designado por el Presidente Piñera, cargo al que me dedicaré “24/7” a servirlo.

—¿Nos puede decir quiénes solicitaron servicios de F & S, más allá de que no haya hecho lobby por ellos?

—En mi declaración de intereses declararé todo lo que corresponda de acuerdo a la ley.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, plantea que si bien no existe obligación de que quienes asuman revelen sus clientes “es algo que se recomienda y es un vacío”.

Plantea que “los lobistas no debiesen poder entrar a lugares donde han ejercido esa labor o a entes fiscalizadores. Es parte de lo que se debiese regular en una ley de puerta giratoria”.

Destaca que Chile Transparente promueve “que la inhabilidad de ingresar a la administración del Estado a lobistas que hayan ejercido labores ante el mismo servicio público al que postulan debiese ampliarse de 1 año a 2”.

Con una sesión destinada a conocer la contienda de competencia entre la Contraloría y el Poder Judicial, por una causa relacionada con la Dirección General de Aeronáutica Civil reiniciará el Senado sus actividades después de las vacaciones. Será su última semana de sesiones antes del cambio de gobierno del 11 de marzo, en que también abandonan sus puestos los parlamentarios no reelegidos y entran los nuevos.

El ente contralor reclama que le corresponde resolver sobre el régimen previsional de los funcionarios de la DGAC, quienes aspiran a depender de Capredena y no de las AFP, con el fin de obtener mejores jubilaciones.

Durante la semana también se discutirá un proyecto que busca compatibilizar el uso de las bicicletas y demás vehículos “ciclos” con los otros medios de transporte, bajando, por ejemplo, la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en la ciudad a los 50 km/h, que regía hasta 2002.

Los honorables también tratarán la iniciativa de la Presidenta de “unificar la regulación de los feriados regionales, estableciendo un procedimiento para su declaración”.

La idea es que todas las regiones puedan tener un día libre al año para conmemorar algún hecho local.

Los legisladores tratarán una modificación al estatuto docente, que regla el despido de los profesores por razones de salud.

En el mensaje presidencial se detalla que es incompatible con la ley que los educadores puedan ser removidos cuando presentan licencias médicas por más de seis meses, al sólo arbitrio del alcalde o del sostenedor, que, en general, “no son especialistas cualificados” para decidir aquello.

Pero por sobre todo, cuestiona que se pueda despedir sin indemnización. “Cualquier despido que no sea por responsabilidad o actos del propio trabajador, debe obedecer a una justa causa y ser indemnizado”, sentencia el escrito.

Asimismo se verá un proyecto de ley del senador Alejandro Navarro, que pretende eliminar la pena de cárcel a quienes ejerzan la radiodifusión sin licencia.