“Se rechaza la solicitud y se da a lugar a la comunicación de no perseverar”. Con esa frase el juez Federico Gutiérrez, del Juzgado de Garantía de Temuco, dio por cerrada la “arista madre” de la “Operación Huracán”, donde se imputaban los delitos de asociación ilícita con carácter terrorista contra ocho comuneros mapuches, y de incendio con carácter terrorista contra dos de esos ochos detenidos.

Esto, en una audiencia que se realizó esta mañana y en la que se enfrentaron el fiscal Felipe González, junto a los cinco abogados defensores, con el representante del gobierno, Matías Moya. El magistrado rechazó la argumentación presentada por el abogado de Interior, que se refería a la solicitud de nuevas diligencias y cuestionamientos por no tener acceso completo a la carpeta del caso.

El Ministerio Público ha abierto siete investigaciones (una cerrada hoy) que se desprenden de los informes reservados N° 130 y N° 202, elaborados la unidad de Inteligencia de La Araucanía de Carabineros, y que revelan las pesquisas realizadas por la institución (por Ley de Inteligencia) para indagar la participación de estas personas en atentados incendiarios (ver infografía).

En su argumentación Moya aseguró que tras solicitar una copia de la carpeta de esta causa, se percató de que la fiscalía decretó secreto en cuatro oportunidades para evitar el conocimiento de algunas partes de dicha carpeta: “Hasta el día de hoy no contamos con acceso íntegro a los antecedentes a la investigación, ya que las copias entregadas después del cierre a esta parte, se encuentran incompletas”.

A esto se suma, dijo el abogado del gobierno, las 27 diligencias que el mismo persecutor solicitó a Carabineros y de las cuales sólo se realizaron tres: “Esas diligencias ¿cuándo dejaron de ser importantes?”, señaló Moya, quien también cuestionó la “calificación profesional y técnica del perito informático” del Ministerio Público, quien fue el que refutó las conclusiones de los informes de Carabineros.

Acusaciones que fueron inmediatamente refutadas por el fiscal González, quien calificó como “curioso que el gobierno muestre un interés manifiesto respecto de la investigación, que se diera cuenta de su importancia, después de que esta se encuentre cerrada y tomada la decisión de no perseverar”. Y cuestionó a Moya por pedir diligencias fuera del plazo, que culminaba el 24 de enero: “La investigación se cerró el 25 de enero habiendo transcurrido el plazo de investigación. El gobierno fue notificado (del cierre) por el tribunal el día 26, pero pasaron tres días —¡tres días!— para que la parte querellante se diera cuenta que no había pedido ninguna diligencia y que era necesario pedir nuevas”.

Agregó que “en ese mismo instante, ¡por primera vez en toda la investigación! Por primera vez, le pidieron copia a este fiscal. Durante cuatro meses ni siquiera se dio el trabajo de saber en qué estado estaba la investigación, de haberle consultado al fiscal los motivos por los cuales decretó el secreto, de haber insistido en la necesidad de liberar esa información para poder ejercer con plenitud sus derechos, sino que se da cuenta tres días después del cierre ¿Qué es eso?”.

El defensor público, Juan Pablo Alday, también contrarrestó la presentación de Moya. Y aseguró que en la carpeta investigativa hay dos pericias, una correspondiente a la ULDDECO (de 48 hojas) que establece que la mensajería de texto atribuida a dos comuneros no cumplen con el formato de mensaje de texto de WhatsApp o Telegram; y otra de un perito externo a las instituciones: “En la carpeta investigativa hay senda información que da cuenta de las anomalías en los mensajes de texto. Es patente la inactividad de la parte querellante durante el proceso”.

“Todo el mundo sabe que esto es falso de falsedad absoluta. Es lo más rasca que se conoce en la historia de la reforma procesal penal”, agregó el defensor de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, mientras que el abogado Mario Quezada insistió que “la copia que tenía el querellante fue la del control de detención y no pidió la otra carpeta, es decir, fue negligente”.

Al cierre de esta edición la audiencia siguió con la discusión del sobreseimineto definitivo de los comuneros.

Entre Santiago y Temuco ha pasado estas dos semanas el jefe de Control y Orden Público de Carabineros en La Araucanía, general Marcelo Teuber (50), quien junto al general Gonzalo Blu —director de Inteligencia de Carabineros— son los únicos oficiales de alto rango interrogados en calidad de imputados en una de las aristas derivadas de la “Operación Huracán”. Esta última culminó en 2017 con ocho comuneros mapuches detenidos por su presunta participación en ataque a camiones, y luego con una disputa entre el Ministerio Público y la institución policial uniformada por posible manipulación de evidencia (mensajería de WhatsApp y Telegram).

La semana pasada, Teuber declaró ante el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por la indagatoria —declarada secreta— por el presunto delito de obstrucción a la investigación, donde también fueron interrogados el general Blu, el fiscal de La Araucanía Luis Arroyo y la abogada de esa misma fiscalía Mónica Palma, todos como imputados.

La arista nace por la denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco —la misma que investigó a los comuneros imputados en la “Operación Huracán”— al fiscal nacional, Jorge Abbott, por presuntas filtraciones de información desde la Fiscalía de Temuco a un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a Héctor Llaitul, vocero de la CAM y uno de los ocho mapuches detenidos en septiembre de 2017 (ver página 18).

Hasta el año pasado, Teuber era el oficial responsable de la UIOE, cuando esta unidad realizó de forma autónoma la investigación por Huracán vía Ley de Inteligencia. Se trata del mismo departamento al que pertenecen los ocho carabineros de Inteligencia, además del civil Alex Smith, creador del software que supuestamente interfirió los teléfonos de los imputados que hoy son investigados por la presunta entrega de pruebas falsas.

Tras su paso por la UIOE, Teuber fue ascendido en diciembre de 2017 de coronel a general; hoy es jefe de Control y Orden Público de la IX Zona.

Un aspecto que develó su carácter de mando fue el rol que cumplió el 26 de enero cuando la PDI intentó allanar la casa donde funcionaba la UIOE. Según publicó el domingo pasado “El Mercurio”, el general llegó al lugar y evitó el desarrollo de la diligencia.

Un ex superior de Teuber lo describe como “de bajo perfil, muy operativo, porque siempre tuvo cargos de mando. Se caracteriza por ser reglamentario y jerárquico, por lo que está bien considerado por sus jefaturas”. De hecho, entre 2015 y 2016 fue destinado en comisión de servicio a la Agregaduría de Carabineros en la embajada de Chile en Perú.

Teuber es oriundo de Puerto Montt, padre de tres hijos, dos mujeres y un hombre, quien también es oficial de Carabineros. Es experto en artes marciales, porque practicó el deporte desde joven.

Se vinculó con Inteligencia desde sus primeros ascensos. Ingresó a la Escuela de Oficiales en enero de 1986 y tres años después egresó como subteniente.

Fue jefe de la ex Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) —ahora Sipolcar— en Angol. De Dipolcar salió gran parte del actual alto mando, incluido Bruno Villalobos.

Al ascender a mayor fue comisario de Victoria en Malleco. Después de un breve paso por Coyhaique, en 2012 llegó a la zona metropolitana como comandante. Al año siguiente volvió a Malleco como prefecto. Por esa época fue denunciado en el informe del Instituto de Derechos Humanos por el uso de la fuerza en operativos de la institución en el fundo La Romana y Montenegro, y en la comunidad Temocuicui.

Luego de Perú (fines de 2016) encabezó la Inteligencia en Temuco y autorizó la cuestionada “Operación Huracán”. Un hecho que llamó la atención a la fiscalía fue que, tras las detenciones de los ocho comuneros, la UIOE no realizó más diligencias. De 27 pericias que solicitó el fiscal Felipe González —que tiene a cargo esta indagatoria— sólo se concretaron tres.