La publicación del informe del INDH ha vuelto a relevar la crisis en el sistema de protección de la infancia vulnerada. Luego de ello, el Ministerio de Salud ha dado a conocer una propuesta de estatuto que bien pudiera haberse anticipado al inicio de esta crisis y haber resuelto, por ejemplo, la forma de financiar los cambios que pretende y cómo hacerlo estableciendo estándares claros que, salvo los de infraestructura, no parecen consignarse de manera explícita.

Garantizar el máximo de salud física y mental no deja en ningún caso de ser responsabilidad del ministerio, aunque declare que corresponde a las residencias. La responsabilidad no es en absoluto delegable y el Estado deberá establecer la forma en que, junto con proveer los recursos necesarios, hará exigible a los prestadores el cumplimiento de ello.

El reglamento propuesto carece de los elementos que aseguren su cumplimiento y exigibilidad. No dimensionar el financiamiento requerido puede agudizar la crisis en los procesos de licitación que apenas han adjudicado un tercio de las plazas existentes, poniendo en serio riesgo la disponibilidad en, a lo menos, 1.500 plazas en el sistema de protección. Por ello, junto con establecer requerimientos que signifiquen un mayor bienestar directo para los niños, se deben contemplar nuevas formas de financiamiento que superen la lógica de la subvención y apunten a financiar proyectos contra resultados y no contra meros egresos administrativos. Lo importante es ser capaz, a través de procesos de reunificación familiar, de detener las vulneraciones que llevaron a la internación del niño y evitar que reingrese al poco tiempo de haber egresado.

El informe del INDH da cuenta de la persistencia de graves vulneraciones de derechos que están presente en informes anteriores de otras entidades. Por ello, es necesario que contemple un registro comparativo que no se incorpora. Tampoco presenta en detalle el resultado de las acciones judiciales o administrativas, lo que permitiría hacer seguimiento en particular de los casos de mayor gravedad denunciados. Es importante que en sucesivos informes se considere en el muestreo a las residencias colaboradoras, que no son parte de la red de Sename, y que han sido reportadas en otras instancias. Se requiere contar con un análisis que descarte o evidencie si este grupo presenta las mismas deficiencias.

Por último, cobra relevancia algo que no queda consignado de manera explícita en el informe y es que cada niño tenga la posibilidad de contar con representación jurídica autónoma y de calidad. Hoy, el sistema provee de un abogado a un 25% de los niños y sin independencia del Estado, lo que afecta sus acciones frente al mismo cuando es éste el vulnerador de derechos. Avanzar en este desafío hará exigible mucho de las que hoy sólo son declaraciones sin un sustento efectivo.

Se ha producido un interregno interesante que ha detenido el tiempo y lo ha acelerado en el mismo momento. Las cosas, los problemas y los conflictos esperan al próximo Gobierno como en el juego aquel de “un dos tres, momia es”. A pesar de las vacaciones, el Gobierno en preparación se encuentra decididamente instalado en la anticipación de su autoridad, mientras el Gobierno que se va, persevera alargando su presente en lo que se ha denominado pomposa y despectivamente “el legado”. Este es el momento cinematográfico en que el entorno se mueve en cámara lentísima y el protagonista puede tocar las cosas y ver la relojería interna de su movimiento. Es el momento único en el que se dispone de todo el tiempo del mundo y se pueden sopesar los valores de la inercia y los riesgos de cambio en la trayectoria que llevan las cosas.

Este tiempo infinito no es mayor a la demora de un papel que se desliza entre los dedos y cae hasta tocar el suelo. En este lapso soleado el país se inclinará hacia un rumbo determinado en las relaciones internacionales y en la convivencia interna. Insistiremos en los tonos crecientemente beligerantes y varoniles del ministro Heraldo Muñoz, o enfatizaremos en la paciencia y en la amistad como claves para apoyar al pueblo venezolano y para atravesar nuestro largo porvenir con Bolivia.

En todos los ámbitos la oposición enfática entre la dureza y la amabilidad tendrá consecuencias de largo alcance para el país. En este sentido, los debates sobre los derechos ciudadanos no deben ser eludidos. Al país le hace bien ventilar las disyuntivas que enfrenta. En especial, necesitamos entender la medida precisa en que los derechos sociales configuran el entorno virtuoso y necesario para el crecimiento de la economía.

Puede ser que el sentido común económico desconfíe de las organizaciones sociales y de las derivaciones políticas de una cultura pro ciudadana. El sistema político incluye a las personas través de la representación pero los excluye de otras formas de hacerse presente en la sociedad y en la política. Se trata de formas participativas que dan sentido a las reformas al Estado y que se han hecho necesarias por la mayor complejidad de la sociedad.

En todos los países desarrollados está sólidamente establecido lo que aquí se mira con desconfianza y con desdén. La presunción mítica de la soberanía del consumidor se entiende como esencial en el modelo de una economía de mercado, y a nadie se le ocurre considerarla un dato menor en la ecuación de la modernidad. En la velocidad que adquiere la mirada reposada, no hay amenazas que vengan de la gente y la economía se ocupa de las buenas relaciones de productores y consumidores, decreadores y espectadores. Asistimos a un traslado femenino de la virilidad. A ese sentimiento pertenece la fortaleza por venir de nuestro país.