La tendencia son los espacios libres de trabajo

En el caso básico, el costo es de 12,83 UF

34,87 UF

como máximo,

el precio para habilitar una

oficina

Uno de los mayores costos que conlleva arrendar una oficina de alta gama es habilitarla: la arquitectura, el mobiliario y construcción de las plantas de los nuevos proyectos de oficinas implica un gasto que puede llegar hasta $1 millón el metro cuadrado, en el caso de los proyectos prime.

De acuerdo al índice Contract, elaborado por la empresa de arquitectura y diseño Contract Workplaces, el costo de adecuar una planta de trabajo puede costar desde 12,83 UF ($341.701 al precio de la UF de ayer) en su estándar más básico hasta 34,87 UF ($928.632) por m2 en el caso de las oficinas prime.

Por ejemplo, un piso de oficina en El Golf publicado en Portal Inmobiliario con un valor de compra por 31.191 UF y una superficie de 331 m2, habilitarlo cuesta en el caso más básico $114 millones, y en el rango prime, hasta $ 308 millones.

Plantas libres

Carolina Pérez, gerente general de Contract Workplaces Chile, detalla que esta estimación contempla implementos de alto estándar como paneles de madera nativa, pisos y enchapados de mármol, cortinas roller especiales, sistemas de aire acondicionados controlados vía celular y sistemas de iluminación.

Por ejemplo, Cencosud entregó un catálogo de soluciones espaciales y de materialidades a los futuros copropietarios de su Gran Torre Costanera, según consignó el DF. En el documento, informa que el costo referencial de acondicionar uno de sus pisos va desde las 17,5 UF hasta las 40 UF por metro cuadrado (más de lo que establece Contract Workplaces).

El gerente general de la consultora inmobiliaria NAI Sarrà, Jaime Sarrà, comenta que habitualmente los conjuntos de rascacielos arriendan o venden sus espacios “en gris”, lo que significa que la planta está completamente descubierta, con el hormigón al aire y sin terminaciones.

Esto implica que las empresas que deseen trasladarse a estos espacios estampen su estilo y diseño, diferenciándose con la arquitectura del lugar, la distribución de los espacios y creación de módulos de trabajo. Aunque la tendencia se inclina por crear zonas comunes o plantas libres donde colaboren diversas áreas de la empresa.

Su ubicación en el mapa

Desde NAI Sarrá explican que las oficinas prime están ubicadas en barrios consolidados como El Golf, Nueva Las Condes y Nueva Apoquindo.

“Son áreas donde se concentran firmas como los family office, corredores de bolsa, estudios de abogados y casas matrices de las empresas más grandes del país, que tienen buena conectividad, servicios cerca y una alta plusvalía”, dice Jaime Sarrà.

Sobre el costo de los arriendos por metro cuadrado para las oficinas de lujo, el valor ronda entre los 0,45 UF en el caso de Nueva Apoquindo —ubicado en la avenida del mismo nombre desde Escuela Militar hasta Avenida Las Condes— a las 0,58 UF en el barrio de El Golf.

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Cobros indebidos, mala calidad de servicio y claúsulas abusivas en sus contratos serían los principales problemas que llevaron a que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentara una demanda colectiva en contra de la empresa Bike Santiago, el sistema de arriendo automático de bicicletas que cubre una decena de comunas de la capital.

El servicio adoptó esta medida luego de rechazar las propuestas entregadas por la empresa en el marco de una mediación colectiva, pues, dijo el organismo, no cumplían con los estándares mínimos exigidos en cuanto a soluciones definitivas a los usuarios afectados.

Vale recordar que en enero del año pasado, el Sernac inició una mediación colectiva con Bike Santiago, tras recibir más de 700 reclamos de usuarios entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, la mayoría por eventuales duplicidades en el cobro de las mensualidades.

En lo que va de este año, el Sernac ha recibido 268 reclamos más, los que se sumarían a los 2.579 casos recepcionados durante los años anteriores.

El director nacional (s) del Sernac, Andrés Herrera, señaló que a través de esta demanda judicial pretenden que la justicia obligue a la empresa a eliminar las supuestas cláusulas abusivas de sus contratos de adhesión y, de ser necesario, se apliquen multas.

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