Como “graves y complejos” calificó ayer el ministro (s) del Interior, Mahmud Aleuy, la denuncia del fiscal de Temuco en contra de Carabineros, quien acusó un montaje en la llamada “Operación Huracán”, al haber supuestas pruebas “inventadas” en contra de comuneros mapuches, de los cuales ocho fueron detenidos, incluyendo al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La denuncia abrió una pugna entre Carabineros y el Ministerio Público, luego de que la primera institución se defendiera diciendo que todas las pesquisas realizadas estuvieron en el marco de la ley.

Aleuy pidió “no hacer juicios apresurados sobre esta situación, o prejuicios. En segundo lugar, hay que mantener los canales judiciales que establece la ley. Tercero, vamos a solicitar el máximo de celeridad en el esclarecimiento de esto”.

El ministro (s) añadió que “si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda”.

Aleuy se mantuvo neutral ante la pugna de las instituciones. “Yo no me estoy quedando con ninguna versión, nosotros lo que vamos a solicitar es que la investigación que se está llevando adelante sea con el máximo de celeridad posible. Quiero aclarar que el Gobierno no toma palco en ninguna de la situaciones judiciales”.

Y agregó: “Si es que se llega a probar alguna de las cosas que hoy están en investigación, naturalmente que la institución afectada va a sufrir un grave daño”.

Luego de que Carabineros impidiera el allanamiento de la PDI en Temuco —que se realizó ayer a petición de la Fiscalía en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y el Laboratorio de Criminalística (Labocar)— la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, pidió mayor colaboración.

“Para nosotros es fundamental que se esclarezca a la brevedad, y para eso requerimos la colaboración de todos los involucrados. Los temas son de la máxima gravedad”, dijo.

Además, la vocera abordó el cierre de la “Operación Huracán”, luego de que la Fiscalía así lo pidiera, pese a que esto fuera desestimado por Carabineros, y dijo que la causa podría reabrirse.

“La adulteración de evidencia constituye delito. Y eso no significa que la Fiscalía avale algo porque la institución en la petición que ingresó al órgano juridiccional solamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación”, dijo Herrera.

Y agregó: “No está diciendo que no haya delito o que no haya participación. Está diciendo solamente que en la medida que cuente con antecedentes que no estén contaminados, podríamos seguir adelante, pero esos antecedentes hasta ahora no existen”.

Herrera concluyó: “Es perfectamente posible que se reabra si es que contamos con antecedentes no contaminados”.

Sobre la indefinición del Ejecutivo, la experta en seguridad de la Universidad de Chile Alejandra Mohor dice que “en términos específicos, al Ejecutivo no le corresponde pronunciarse ante procedimientos judiciales”.

Y agrega: “No obstante, lo que tenemos es una reiteración de conductas cuestionables de parte de Carabineros, las cuales debieran merecer una respuesta más contundente de parte del Ejecutivo. No en lo específico, sino que en qué medida Carabineros necesita una reestructuración, repensar la institución”.

Desde la fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski opina que “como este tema está en plena investigación, no podemos todavía encontrar culpables. El Gobierno tiene que tener imparcialidad porque puede ser la Fiscalía o Carabineros los que metieron las manos en las pruebas. El Gobierno está en la forma correcta”.

A las 7:45 de ayer comenzó en el Salón de Consejo del Palacio de La Moneda un nuevo consejo de gabinete liderado por la Presidenta Michelle Bachelet.

Allí, la Mandataria se reunió con todos sus ministros, a quienes les hizo un llamado sobre el traspaso de mando que se producirá el 11 de marzo cuando el Presidente electo, Sebastián Piñera, asuma el poder.

“Lo que la Presidenta nos ha señalado es que lo importante es que esto sea un traspaso transparente, ordenado, de cara a la ciudadanía”, dijo la vocera de Gobierno, Paula Narváez.

En esa línea, por estas semanas comenzarán reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los secretarios de Estado que asumirán el próximo gobierno.

“El traspaso formal a los nuevos ministros será el día jueves 1 de marzo. Los ministros se reunirán con sus contrapartes y se hará el traspaso formal y oficial de las distintas carteras”, dijo Narváez.

Y agregó: “Eso no significa que en los días previos no puedan existir contactos de tipo informal, siempre con el ánimo de dar continuidad a las funciones del Estado”.

La ministra además informó sobre la creación de una página web —coordinada por la Secretaría General de la Presidencia— en la que se dará a conocer información sobre el traspaso de mando.

“Eso es una demostración más de la continuidad, de que las distintas funciones que los ministerios llevan adelante siempre se desarrollan pensando en el bien superior”, dijo Narváez.

Durante el encuentro la Presidenta además les hizo un llamado a los ministros a que “nuestra obligación de Estado y nuestro compromiso con los ciudadanos es gobernar hasta el último día, y así lo haremos”.