El bitcoin se depreciaba hoy más de un 7% a US$10.567 en la bolsa Bitstamp de Luxemburgo, en un rápido cambio de tendencia debido a la preocupación de los inversores en torno a un mayor control por parte de los reguladores.

Dueño de una personalidad de rasgos muy marcados, Eduardo Bitrán Colodro, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, se apresta a poner fin a una batalla arbitral con SQM que lleva cuatro años.

Esta tarde, a las 17 horas, en la oficina del árbitro Héctor Humeres se firmará un nuevo contrato que contempla que ni Julio Ponce Lerou, el controlador de SQM, ni su familia —hermanos e hijos— tengan presencia en el directorio hasta 2030 y que se deshaga el pacto de actuación conjunta con Kowa que le daba la mayoría. A cambio, SQM podrá aumentar su cuota de explotación de litio en 180 mil toneladas hasta 2030.

A pesar de ser uno de los que estuvo sentado en un lado de la mesa no se caracteriza por un estilo tan negociador. “Tiene un carácter muy obstinado que, a veces, es bueno y, a veces, malo. En este caso fue bueno. En otros puede ser un desgaste de energía que no conduce mucho a resultados”, lo describe el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien es el superior de Bitrán y muy cercano a él.

“Es firme en sus convicciones, yo pensé que no le iba a ir bien, pero me equivoqué. Se afirma en ciertos principios y los mantiene. Alguien puede decir que es muy duro, pero lo logró. En este caso, llegó a un acuerdo muy satisfactorio para el Estado”, asegura Felipe Sandoval, vicepresidente ejecutivo de Corfo mientras Bitrán era el gerente general.

Ingeniero civil de la U. de Chile, doctor en Economía en la U. de Boston, 59 años, casado y padre de dos hijos, ha mostrado en su trayectoria pública un cuidado pocas veces visto por los recursos del Estado. “Está formado en el Ministerio de Hacienda y su mentalidad es que el Estado debe salir siempre bien parado desde el punto de vista de los recursos”, afirma Sandoval, director de Camanchaca.

Un ejemplo es el impasse de las cárceles concesionadas y el consorcio liderado por Besalco, que se adjudicó dos grupos —cinco cárceles— y demandó al Estado por mayores costos. En los casos de La Serena, Rancagua y Alto Hospicio era por un 150% más del valor original. En el otro, Antofagasta y Concepción (Grupo 2), ocurrió algo similar, ante lo cual Bitrán como ministro de Obras Públicas optó por poner término anticipado a la concesión.

Fue muy duro con Herman Chadwick, el presidente de Copsa, quien lo acusó de paralizar las concesiones mientras estuvo a la cabeza del MOP (2006-2008). “Me parece un descaro de Chadwick aprovechar la tragedia (el incendio de la cárcel de San Miguel) para beneficiar intereses corporativos mezquinos”.

Pelos en la lengua no tiene. A Ponce Lerou le endosó en Radio Duna “cierta cultura de la impunidad”, porque le hizo creer a la Corfo que con su salida de la presidencia de SQM la situación iba a cambiar. “Este socio no nos gusta, y cada vez menos”, agregó. Su deseo era que Ponce “ venda, y rápido”.

“Eso era algo más forzado, porque el señor Ponce tiene derecho a ser empresario”, respondió Rodríguez Grossi ante nuestra consulta.

Bitrán posee otra característica: independencia económica. No necesita un empleo del Estado para mantenerse. Su madre Eca Colodro era una de las accionistas, con un 10,69%, de las farmacias Salco, que se fusionó con Brand. Y cuando se vendió la cadena a Empresas Juan Yarur, en 2007, Eduardo Bitrán y sus tres hermanos recibieron US$2,4 millones después de impuestos cada uno.

Bitrán fue director de la cadena en reemplazo de su padre Gabriel Bitrán.

En su labor privada también fue director de Ripley y Transelec y director ejecutivo de la Fundación Chile (1997-2006). Y como representante del Estado en las mesas de Emos, Enami, Sercotec y Ciren.

Negoció la venta de Colbún, en 1997, al grupo Matte después de que se declaró desierta la licitación porque ningún interesado presentó una oferta por sobre el precio mínimo.

En esta nueva etapa de su vida el acuerdo que firmará con SQM esta tarde permitirá que el Estado reciba entre US$4.500 y US$7.000 millones adicionales a los que paga por concepto de arrendamiento del Salar de Atacama de donde extrae el litio, llegando a pagar una tasa de 40% cuando el precio de la tonelada de litio supere los US$10 mil.