En tres horas de funcionamiento, sólo cinco personas llegaron hasta la ventanilla de atención de público del 34° Juzgado del Crimen de Santiago. Se trata del último “dinosaurio” de la justicia penal antigua que funciona en el país y que podría cerrar sus puertas a fin de año, si la Corte de Apelaciones de Santiago aprueba el plan de cierre que la jueza (s) Natalia Lillo ingresó para su aprobación hace dos meses.

El escaso público que llega hasta Pedro Montt 1583 —donde está el edificio de tres pisos que lo alberga— es un síntoma de esta etapa de clausura. De hecho, sólo se ocupa el tercer piso: en el segundo las oficinas están cerradas y hay sillas apiladas. Abajo, en tanto, están los calabozos que siguen funcionando en la medida que un recluso es requerido por la magistrada.

Según cifras del Poder Judicial, este tribunal sólo tiene 120 causas ingresadas, es decir casos abiertos que siguen siendo investigados o fallados por el juez titular (las causas no se cierran hasta la notificación total de los involucrados).

La mayoría de las causas son por denuncias de abuso sexual y delitos tributarios cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de procedimiento penal —entre 2000 y 2005, y que se tradujo en la implementación de las fiscalías, defensorías, juzgados de garantía y juicios orales— que llegan por denuncia directa, por incompetencia de otro tribunal o porque hay órdenes de detención pendientes que se retoman.

Sólo quedan tres causas en sumario y otras dos en plenario (se está notificando la sentencia); procesos que llegan vía exhortos porque se tramitaban en regiones (889); regularizaciones del prontuario porque se cumplió la sentencia, o el acusado fue absuelto y casos de embargos o deudas (1.788). También se revisan las prescripciones de penas, contraórdenes de aprehensión y alzamientos de arraigo (18.533) que son el mayor número de trámites que quedan por cerrar y que pueden resolverse vía sistema digital.

El tribunal como tal nació en los años 90, por una reestructuración judicial para ampliar la capacidad de trabajo de ese entonces, pero la práctica de coser las fojas de expedientes a mano, el realizar careos entre víctimas y victimarios, y la fluida relación entre los funcionarios con reos o procesados, es centenaria. Por ello las historias abundan, sobre todo si las relatan dos de los funcionarios históricos de la justicia antigua, que además llevan 12 años trabajando en el 34 Juzgado del Crimen.

“Siempre quise a mis presos”

José Araya (62) ingresó al sistema en agosto de 1981, mientras que Silvia Morales (60) comenzó en noviembre del año siguiente. Ambos son titulares (de planta) y trabajan juntos en una pequeña oficina al lado de la sala de audiencia. “El último caso grande que vimos fue por fraude, había más de 200 involucrados (entre sentenciados, absueltos y querellantes). Salió la sentencia en julio de 2017 y era por un grupo de personas que estafaba a otros. Esa causa llegó a tener 50 tomos. Todavía estamos notificando gente”, cuenta Silvia.

En la medida que recuerdan causas que los marcaron van recitando roles de memoria. “Eso es porque uno iniciaba el cuaderno y lo terminaba, cosiendo foja por foja. Los casos son como hijos de uno”, agrega José.

Silvia recuerda que el robo a la casa de la familia Comandari (en 1991) la marcó: “Uno de los delincuentes era un argentino. Regio, estupendo, si parecía modelo. Pero tenía mucho resentimiento social. Esa vez hice el careo con la Comandari y el argentino. Ella gritaba, ‘este con carita de ángel, este fue el que robó'. Cuando le tocó al chico, hubo silencio, y él dijo: ‘Sí, yo fui. Nadie más que yo'. Escuché eso y me recorrió un aire helado por el cuerpo, una sensación terrible por ver a una persona que se doblega ante la evidencia. Sentí pena. Después él me contó que robaba por necesidad”.

Agrega: “Yo ceo que la mayoría de los presos antiguos no hacía las cosas por maldad, eran otros tiempos, siempre le tuve cariño a mis presos. Pero a los de ahora, prefiero que los encarcelen a todos. Son todos malos”.

Araya agrega: “Antes los delincuentes tenían códigos que respetaban. Si los pillaban, asumían su delito y no mentían”.

La mayoría de los funcionarios debieran ser reubicados en los Juzgados de Garantía: “Espero poder trabajar en la justicia nueva, antes de jubilarme espero aprender cómo funciona el sistema. No me quiero ir de acá sin saber cómo es”, dice Araya.

José y Silvia son los funcionarios más antiguos del tribunal.

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A un total de 40 aumentaron las hectáreas arrasadas en el incendio forestal “La Rudilla”, que afecta la comuna de Cartagena desde la tarde de ayer domingo. La Intendencia de Valparaíso mantiene vigente desde ayer la alerta roja en la zona.

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) señaló que el siniestro en la comuna balneario se compone de pastizal, matorral y eucalipto y que presenta actividad con fumarolas al interior del perímetro, que se desarrolla de manera lenta y se propaga hacia el oeste.

Actualmente la Conaf tiene destinadas cuatro brigadas para controlar el fuego en las hectáreas afectadas, que incluyen dos helicópteros y cuerpos de Bomberos de localidades como Cartagena, San Antonio, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca.

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Un hombre de 35 años fue golpeado con un fierro en la cabeza en la localidad de Yumbel, en la región del Bío Bío, luego de que su agresor le pidiera un cigarro y éste no se lo diera.

El atacante, de 45 años, golpeó a su víctima en tres ocasiones con un fierro de aproximadamente un metro, según la versión de la pareja del hombre agredido.Éste cayó inconsciente al suelo en la calle Los Alerces, donde los equipos de emergencia acudieron para prestar primeros auxilios.

La víctima se encuentra con riesgo vital en el Hospital Base de Los Ángeles, luego de que carabineros efectuaran su traslado del sector Yumbel Estación, donde ocurrió el incidente.

Se desconoce el nivel de parentesco o relación entre ambas personas.

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