Cinco son los temas prioritarios que se investigan en Estados Unidos al momento de indagar los antecedentes de los potenciales candidatos a ocupar cargos de alto nivel político, según el análisis de tres abogados de la firma Covington & Burling LLP, expertos en “vetting process”, un método que se viene aplicando desde hace más de 30 años en la política norteamericana.

Robert Kelner, Robert Lenhard y Derek Lawlor publicaron —en noviembre de 2016, durante la campaña presidencial— una columna en “Law 360”, planteando que si bien los procedimientos de selección pueden diferir de un gobierno a otro, hay cinco líneas que siempre se investigan y se les pregunta directamente a los postulantes mediante largos cuestionarios, en donde se incluyen preguntas sobre si pagó por sexo, si tiene acusaciones de acoso o si alguna vez contrató a ilegales.

Y mencionan los temas tributarios (pago de impuestos, cotizaciones de empleados domésticos e, incluso, donaciones), financieros, de conflicto de intereses y judiciales (se incluyen deudas por pensiones alimenticias, violencia doméstica, abuso de drogas y acoso sexual o racial). Además agregan entre los requisitos los antecedentes médicos del postulante, de modo de comprobar que la persona “pueda soportar los rigores físicos del servicio”. Incluso, cuando se trata de puestos que implican muchos viajes, no sólo se pregunta por afecciones propias, sino también por la de sus cónyuges o parejas.

Aquí participan la Oficina de Asesoría de la Casa Blanca, la Oficina de Personal Presidencial, el FBI , el IRS (símil del Servicio de Impuestos Internos) y la Oficina de Ética, que revisan registros públicos, tributarios, publicaciones en redes sociales y en otras plataformas de internet. Y cuando el cargo requiere la ratificación del Senado, se realiza una nueva revisión de un comité especial de esa cámara.

Para el cientista político Patricio Navia, Chile debiera caminar hacia el sistema norteamericano, que está más estandarizado: “Sería un mejor modelo que el que tenemos, porque no basta con chequear antecedentes y Dicom. Hay que entregar un cuestionario con preguntas específicas y tener un comité que las pueda revisar sin que se filtren las respuestas, porque si se filtran, nadie las va a querer contestar”.

Pese a lo minucioso de ese chequeo de datos, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, advierte que “incluso los que tiene sistemas más reglados para buscar a los altos oficiales de gobierno han fallado, por lo tanto, no existen los modelos infalibles”.

De hecho, durante el primer año de mandato, Donald Trump ha tenido que sortear constantes cuestionamientos por la llamada trama rusa (presunta colusión con Rusia durante las elecciones de 2016), además de acusaciones por acoso sexual. Y hace unos días, el senador demócrata por Minnesota y ex comediante Al Franken anunció que renunciará a raíz de media docena de acusaciones por el mismo tema.

Precht valora que Chile haya comenzado a trabajar en esta materia desde 2009, cuando “se fue creando un procedimiento que tiene como componente la búsqueda de información en fuentes públicas y, por otro lado, el hacerles preguntas a los potenciales candidatos”.

La gran diferencia, plantea, es que en el caso chileno no se incluyen datos de la vida íntima de las personas.

Sí le parece aconsejable incluir datos de salud. “En el área de la transparencia siempre hemos abogado para que respecto de las altas autoridades se conozcan sus antecedentes médicos más relevantes”, pero aclara que por ser un tema sensible, debiera ser entregado en forma voluntaria por los aspirantes al cargo.

“Lo ideal es prevenir para no sufrir importantes cuestionamientos y que se puedan instalar con mayor facilidad, porque eso hace que el Estado funcione mejor”, agrega.

El proceso de verificación de datos se aplica en Estados Unidos tanto a nivel federal como estatal en diversas materias, incluidos inmigrantes.

En el ámbito político, el mecanismo lleva más de 30 años, pero desde los 90 comenzó a llamarse “vetting process”. Concepto que proviene de “vet” (veterinario) y alude al minucioso examen a que eran sometidos antes de las competencias los caballos de carrera, se explica en un artículo de Slate, revista digital estadounidense.

El método se aplica tanto en caso de cargos de elección popular (para determinar quién será el vicepresidente), como también para reclutar a los que liderarán las secretarías de Estado.

En el primero caso, son los partidos Demócrata y Republicano los encargados del procedimiento y para ello se suele recurrir a la colaboración de estudios de abogados.

Por el lado demócrata uno, de los que más ha participado es Jim Johnson, que condujo las búsquedas de compañeros de lista de Walter Mondale (1984) y John Kerry (2004), mientras que por los republicanos, aparece Arthur B. Culvahouse Jr., quien asesoró a Donald Trump (2016) y a John McCain (2008).

Culvahouse fue quien testeó a Sara Palin para la vicepresidencia en 2008, quien terminó envuelta en una serie de escándalos tras saberse que su hija de 17 años estaba embarazada y que su marido tenía, desde hace 22 años, una condena por conducir en estado de ebriedad. Al final, el entonces candidato presidencial John McCain reconoció que la decisión de nombrarla fue de él, pese a que los asesores le advirtieron de los datos del embarazo y la condena, según consignó CNN en septiembre de 2008.

Tal como en su primer gobierno, Sebastián Piñera decidió dejar en manos de un equipo político y técnico la responsabilidad de depurar el listado de colaboradores con el que asumirá el próximo 11 de marzo.

Una de las diferencias es que esta vez el centro de operaciones estará en la Fundación Avanza Chile y no en manos de los directivos de los tres principales centros de estudios que reclutaron ministeriables en el verano de 2010 (nota secundaria).

Sin embargo, otra gran diferencia es el nuevo contexto político y legal que regula los conflictos de interés.

El propio Andrés Chadwick, en una entrevista en “El Mercurio”, el domingo pasado, dijo que es “un punto que se tiene muy presente” y que “debe operar para efectos de evitar cualquier situación que pueda originar un problema de transparencia, de probidad, de inhabilidades”. Chadwick (UDI), junto a Gonzalo Blumel (Evópoli) y Cecilia Pérez (RN), es uno de los integrantes del equipo que revisará las nóminas que recibirá el Mandatario electo el próximo 2 de enero de parte de los partidos de Chile Vamos.

En una labor más operativa también estarán otros profesionales de Avanza Chile, como el abogado y ex administrador electoral de Piñera Juan Francisco Galli (RN); el director de estudios Carlos Ríos y la ex asesora de la Segpres, Isabel Plá (UDI), entre otros.

Y en una primera etapa operarán, al menos, tres filtros: el boletín comercial (Dicom), antecedentes penales (condenas e investigaciones) y posibles conflictos de interés.

“Mientras más chequeos, mejor”, señala Blumel, quien adelanta que el proceso de revisión de antecedentes de las potenciales autoridades lo harán “con el máximo rigor y con la mayor responsabilidad posible. Es parte de cómo ha venido evolucionando el país de poner cada vez estándares más altos y exigentes”.

Aprendizaje

En el anterior gobierno de Piñera, los conflictos de interés fueron un flanco abierto en forma permanente.

Los vínculos empresariales, problemas financieros personales y posturas políticamente incorrectas provocaron, por ejemplo, en un principio la caída de jefes provinciales. José Miguel Stegmeier, no alcanzó ni siquiera a ejercer como gobernador del Biobío a causa de un vínculo con la ex Colonia Dignidad. Un año después, en 2011, el ex intendente Fernando Echeverría duró tres días como ministro de Energía al tener participación en empresas del rubro energético.

Otro caso fue el de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería. Pero las irregularidades con Penta, durante el gobierno de Piñera, sólo fueron reveladas por la investigación judicial, en 2014, dos años después de haber dejado el cargo.

Sin embargo, los cuestionamientos por conflicto de interés también dañaron a Piñera por su participación LAN y en Blanco y Negro, concesionaria controladora de Colo Colo. Esta última participación le generó críticas a raíz de la salida de Marcelo Bielsa de la selección, coincidiendo con el inicio un ciclo de baja popularidad en sondeos de opinión como Cadem y Adimark. Un proceso de caída similar al que vivió Michelle Bachelet tras conocerse los negocios inmobiliarios de su nuera Natalia Compagnon, a través de Caval.

A juicio de Pablo Rodríguez, del Instituto Libertad, “hoy los estándares son más exigentes que antes. El objetivo principal es evitar errores políticos, errores no forzados que condicionen la agenda de enero, febrero, en la cual el gobierno electo tenga que estar dando explicaciones”.

María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, señala que se requiere “una verificación de antecedentes un poquito más rigurosa”. “Se parte de la base de que las personas tienen competencias, pero también se esperaría que no hayan ejercido en lugares que pudieran entrar en conflicto de interés con el cargo”, dice. Plantea que “si bien en nuestro país impera la presunción de inocencia, sería ideal que no sean personas que tengan juicios pendientes por temas de corrupción”.

Paulina Ibarra, de Fundación Multitudes, cree que “no se pueden repetir situaciones como las de su primer gobierno. El proceso tiene que ser impecable y lo más transparente posible”.

Los presidentes de Chile Vamos también se declararon notificados de este nuevo escenario. Ayer en una entrevista conjunta en La Tercera, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) dijo que los integrantes del nuevo gabinete “tienen que ser personas, con antecedentes intachables. Que no generen un escándalo al día siguiente”, mientras que Cristián Monckeberg (RN) agregó que “una de las razones que explican nuestra estrepitosa derrota después de cuatro años, es a lo mejor que no existía experiencia en cuanto a la conformación de un gobierno”.