Entre el 14 de febrero de 1879, momento en que se verifica la ocupación militar chilena de la ciudad boliviana de Antofagasta, y hasta las declaraciones formales de guerra al Perú y Bolivia hechas públicas el 5 de abril de ese mismo año, la Armada de Chile estuvo circunscrita al traslado marítimo y a la cobertura naval para la protección de las tropas del ejército destinadas a asegurar la posesión efectiva de la provincia litoral altiplánica entre los paralelos 23° y 24°, conforme el principal objetivo político que dictaminó el gobierno —además del amparo de los intereses chilenos en la zona—, y que desde el 1 de marzo, cuando la República de Bolivia declara la guerra a Chile, procedería al apoyo operativo para la conquista de los territorios situados más al norte del paralelo 23° hasta el río Loa, por entonces frontera boliviana con el Perú.

Así, la Escuadra Nacional se consagraba en esa etapa inicial del conflicto a la imprescindible tarea de proporcionarles movilidad y resguardo a las fuerzas expedicionarias terrestres con la certeza de que operaba en aguas libres de alguna amenaza de buques enemigos, pues Bolivia no contaba con una marina de guerra. Nos expondrá después el Comandante en Jefe de la escuadra de Chile, contralmirante Juan Williams Rebolledo:

"Como Bolivia no contaba con elementos marítimos, el gobierno consagró toda su atención al ejército. Se creía, y con fundamento, que con los blindados tenía más de lo necesario para atender a las exigencias de una guerra terrestre".

Sin embargo, al sumarse Perú al conflicto, y con ello la aparición de un poder naval adversario en el Teatro de la Guerra, quedó en evidencia que la principal decisión estratégica, y antesala de cualquier operación futura que fuera decisiva para vencer, se relacionaba con tomar el "control del mar", entendido éste como el dominio relativo de las líneas de comunicaciones marítimas (LL.CC.MM.), es decir, de las rutas de navegación o "carreteras náuticas" de buques de guerra, transportes militares y navíos mercantes.

Y es que, según los criterios tradicionales de la estrategia marítima y naval de la época, aunque el "control del mar" nunca pudiera ser absoluto, debía progresar en la búsqueda de la suficiente hegemonía en el océano para atacar y destruir, o bien neutralizar a la flota enemiga; escoltar los transportes militares con recomendables grados de seguridad; interceptar el tráfico mercantil del adversario hasta anularlo si era posible, a su vez que garantizar la tranquila circulación del cabotaje marítimo propio, todo lo cual debía conseguirse a través de dos prevenciones cardinales: 1°, el bloqueo de los centros de comercialización del contrincante, y 2°, de alcance primordial, la aniquilación de su poder naval en una batalla decisiva.

De hecho era la clásica doctrina vigente en la Armada Británica, escuela de la Armada de Chile desde Thomas A. Cochrane e imperante al comenzar las hostilidades en 1879, de manera que no resulta extraño reconocer la influencia que esta estrategia tuvo en el plan original dispuesto por el gobierno en Santiago cuando propuso al Comandante de la Escuadra, contralmirante Juan Williams Rebolledo, que la flota nacional incursionara hasta el fondeadero naval en el puerto peruano de El Callao con el objeto de destruir a la Marina de Guerra de ese país en su base principal, siguiendo el modelo según el cual una victoria definitiva y aplastante permitiría el libre empleo del mar para los fines futuros de la campaña militar.

Con esta lógica en mente, se formularon las disposiciones del Gobierno enviadas al jefe de la Escuadra chilena el 3 de abril, a dos días de decretarse la apertura oficial de las hostilidades:

"Se sabe ya en Lima declaración de guerra. Usted procurará destruir o inhabilitar la escuadra peruana, impedir fortificaciones de Iquique, aprehender transportes y bloquear puertos, y proceder en todo con amplias facultades".

Esta comunicación complementaba el telegrama confidencial, despachado el 31 de marzo por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alejandro Fierro al coronel Emilio Sotomayor, comandante de las tropas del Ejército de Operaciones en Antofagasta, para que indicara al máximo jefe naval que la flota debía estar lista a zarpar con proa hacia El Callao tan pronto llegara el recién nombrado asesor y secretario general de la Escuadra y del Ejército Rafael Sotomayor Baeza, quien debía comunicar en persona los planes gubernamentales al contralmirante Williams Rebolledo.

"Escuadra esté lista para zarpar Callao a la llegada de don Rafael Sotomayor. Estará allí mañana con poderes e instrucciones. Impida que telégrafo comunique Perú u otra parte la salida de la Escuadra. Anúncieme partida y día probable en que llegará Callao".

El 2 de abril llega otro cable dirigido al propio asesor presidencial y secretario general, ya sito en esa ciudad, indicando que la guerra sería proclamada, culminando con la frase: "Procedan como en campaña". La planificación preveía que el día 5 de abril de 1879 fuera simultánea la declaración de guerra con la destrucción de la flota peruana en El Callao. Una vez logrado este primer objetivo de abatir a la escuadra enemiga, sobrevendría la invasión de Tarapacá con una división de 4.000 a 5.000 hombres que penetraría esa zona a través de Iquique.

Con estos principios en boga, no resulta sorprendente el punto de vista asumido por Williams Rebolledo que, fundado en sus "amplias facultades", aunque contrario a las órdenes perentorias del Poder Ejecutivo, optó por priorizar el bloqueo de Iquique por ser el enclave de la exportación salitrera y la fuente indispensable de ingresos financieros del esfuerzo bélico peruano, en el convencimiento de que ese asedio económico obligaría la salida a altamar de la flota enemiga para librar una batalla determinante donde pudiera ganar la supremacía naval.

El propio comandante nos aclara su opinión:

1°. La convicción que entonces abrigábamos todos de que hostilizados los puertos del Perú y agredida la parte más importante de su litoral, éste haría efectiva sus altaneras amenazas. Nadie habrá olvidado que el Perú hacía alarde de su poder naval y que sus gobernantes aseguraban que desde el primer momento "barrerían nuestras naves del Pacífico". Después de estas arrogantes declaraciones y de otras no menos públicas y acentuadas, parecía natural que trataran de reivindicar su territorio o enviaran su escuadra —tan fuerte como la de Chile— a batir nuestras naves que les inspiraban tan soberano desdén. [...]

2°. La esperanza de un pronto desembarco de nuestras tropas en Iquique o sus inmediaciones. La presencia de la escuadra era indispensable para secundar al ejército en cualquier operación militar que emprendiera.

3°. La conveniencia de embarazar y destruir las dos principales fuentes de entrada —el salitre y el guano— con que contaba el enemigo, a fin de limitar en lo posible sus recursos. Abatido el crédito del Perú en el extranjero, reinando ya una desconfianza absoluta y un completo desconcierto en el interior, a pesar de la vocinglería de su prensa; mermadas considerablemente sus rentas de Aduana, es indudable que la medida adoptada [de bloquear a Iquique] estaba llamada a producir excelentes resultados.

"Y si estas razones de conveniencia o de estrategia no hubieran sido suficientes para justificar la medida, lo habría sido indudablemente una ante la cual toda observación era inútil: la absoluta imposibilidad de emprender inmediatamente un ataque sobre El Callao".

En el discernimiento del comandante Williams Rebolledo era preferible destruir "los medios de embarque" (botes, lanchas e instalaciones de carguío) y acosar todas las caletas y poblaciones del litoral peruano para provocar la batalla decisiva en altamar, antes que lanzar un asalto a la escuadra enemiga protegida en su reducto fortificado de El Callao, donde no sólo exponía sus naves a las bien armadas defensas del puerto, sino que lo consideraba imposible mientras no contara con los suministros adecuados de carbón, víveres y pertrechos.

Y entre tanto, determinó emplear la máxima severidad de la guerra mediante el bombardeo, si era menester, de los centros de comercio salitrero y de entrada de abastecimientos del ejército aliado acantonado en Tarapacá. Al respecto, su veredicto es tajante:

"Por mi parte, me había trazado un plan de operaciones y estaba dispuesto a seguirlo hasta el fin; luego, si en la realización de mis propósitos encontraba resistencias y de ellas resultaban daños y desgracias sólo podían imputarse a la conducta que observaba el enemigo.

"Como principio, yo acepto y hago la guerra en la forma que se me hace o pretendo hacerla. [...] ... el pueblo del Perú, y acaso una parte del nuestro, han olvidado en la presente contienda que una guerra es tanto o más humanitaria, cuanto más cruenta es, y que es sólo haciendo sentir todos los rigores de ella a los beligerantes, que se llega pronto a la paz. [...]

"Con estos movimientos [destrucción de medios de embarque en puertos y caletas] emprendidos para ofender y provocar al enemigo a un combate naval... concluye el mes de abril de 1879, primero de la guerra".

Como fuere, las posturas respondían a la consigna única de la "batalla decisiva", ya que existía la convicción de la importancia del previo control del mar para ejecutar operaciones ulteriores, puesto que si era evidente que la derrota decisiva de la escuadra peruana no implicaba ganar la guerra, sería parte sustancial del proceso que permitiría abrir las operaciones sobre territorio del Perú, donde sí podría decidirse la suerte de la conflagración. El Presidente Aníbal Pinto, por medio de una carta enviada en marzo al ministro de Guerra coronel Cornelio Saavedra, ratificaba estos conceptos:

"La guerra con el Perú, en el caso de que éste se decidiera a ponerse del lado de Bolivia, será marítima mientras nosotros no vayamos a buscarlos. [...] Por mar no podrían venir mientras no destruyan nuestra Escuadra y en el caso de que lo consiguieran, lo primero que deberíamos hacer era retirarnos de Antofagasta. Sin marina no podríamos sostenernos allí. Para concluir con las fuerzas que tenemos en el litoral no necesitarían enviar un ejército: les bastaría bloquear los puertos e impedir la entrada de víveres. [...] Cada día me persuado más. La primera campaña con el Perú será marítima. Vencedores nosotros en el mar, el campo de batalla será el Perú".

En el transcurso de estas preocupaciones, que ocupaban al Gobierno y al jefe naval chileno sin encontrar una resolución definitiva, el 12 de abril de 1879 se libra el primer duelo de la Guerra del Pacífico en el mar.

A la altura de la desembocadura del río Loa, frente a Punta Chipana, la corbeta nacional Magallanes, dirigida por el capitán de fragata Juan José Latorre, sostiene un tiroteo con dos naves adversarias sin mayores consecuencias. Eran la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo, ambas bajo el mando conjunto del Comandante General de la 2.a División Naval del Perú, capitán de navío Aurelio García y García. Durante este choque se revela la considerable capacidad profesional del comandante Latorre, anticipando el notorio protagonismo que tendría después en otras acciones, haciéndolo acreedor a ser actor central en la Batalla Naval de Angamos.

Conforme los planes de Williams Rebolledo, entre el 15 y 30 de abril son bombardeados los medios e infraestructuras de Huanillos, Pabellón de Pica, Pisagua, Mollendo y Mejillones del Norte. Este procedimiento se reiterará a fines de junio y principios de julio en los tres primeros nombrados.

Ninguno de estos ataques, incluida la prohibición de funcionamiento de las máquinas proveedoras de agua y del ferrocarril salitrero de Iquique, logra el efecto de obligar el duelo entre escuadras que ansiaba el jefe naval chileno según su plan, ya insinuado como un fracaso en la correspondencia de Aníbal Pinto con Rafael Sotomayor: "No creo probable —decía el Presidente— que la Escuadra peruana salga para buscar la nuestra. Se quedará en El Callao".

Contrario a lo que esperaba el contralmirante, la estrategia diseñada por él forjó una corriente de críticas crecientes entre los propios oficiales bloqueadores: "La noticia de la destrucción de los elementos de embarque y desembarque en Huanillos no ha sido bien recibida", dirá Arturo Prat, siendo intérprete de la impresión que se generalizaba en el seno de la escuadra y en la "opinión pública" chilena, aumentada por la inflexible voluntad del Presidente peruano y Supremo Director de la Guerra, general Mariano I. Prado, de no tomar alguna iniciativa donde peligrara su flota. Por encima de la presión ejercida por influyentes políticos, y hasta por numerosos grupos de iracundos protestantes frente al palacio de gobierno limeño, el Presidente Prado señalará:

"No conviene por ahora mandar uno, dos o tres buques. No hay esperanza de éxito y su pérdida sería muy sensible. ¿Queréis que mande a la Unión, Huáscar y Pilcomayo? Nuestra Escuadra no está en actitud de batirse. Sería muy posible su pérdida, y entonces me echaríais en cara mi falta de previsión".

El corresponsal de guerra del diario El Mercurio de Valparaíso, Eloy T. Caviedes, a bordo del blindado Blanco Encalada, luego de los bombardeos a Pisagua, escribía el 20 de abril en su diario personal:

"En cuanto a la escuadra peruana, ya parece cosa decidida que no vendrá, y es inútil estar dándole humazos para ver que abandone su guarida y venga a mantener esa tan decantada preponderancia en el Pacífico, tan cacareada y proclamada por ellos. De seguro que nos veremos en la obligación de ir a buscarlos allá y de encontrar sacatrapos bastantes poderosos para extraerlos".

Con las impaciencias en Chile, el mes de abril transcurrirá a un tranco considerado excesivamente lento entre la manifiesta inmovilización de la Escuadra chilena en la rada de Iquique, y las reticencias y precauciones del Presidente Prado para mover su poder naval.

Los objetivos estratégicos básicos e iniciales de los gobiernos del Perú y Bolivia al emprender las hostilidades contra Chile —a esas alturas formalmente "aliados", conforme dictaba el tratado secreto de 1873— pueden deducirse del artículo 1° de ese mismo pacto:

"Las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos; obligándose en los términos del presente tratado a defenderse contra toda agresión exterior bien sea de otro u otros estados independientes o de fuerza sin bandera que no obedezcan a ningún poder reconocido".

En resumen, y siguiendo la línea de ese mandato solemne, si el gobierno peruano presidido por el general Prado declaraba el ‘casus foederis' o fundamento que justificara determinar la plena aplicación del tratado —lo que hizo el 6 de abril de 1879 al decretar el estado de guerra con Chile—, entonces, los países aliados estaban obligados a expulsar militarmente a las tropas chilenas ocupantes del territorio boliviano, no sólo para garantizar "la independencia, soberanía e integridad" de Bolivia, sino igualmente la del mismo Perú, que no sólo había quedado comprometida a ‘futuro' cuando estampó su firma en ese tratado internacional, sino que también con riesgo inmediato desde aquel 6 de abril, momento en que se había alineado con los bolivianos acudiendo activamente con sus fuerzas armadas para darles apoyo en el conflicto armado contra Chile.

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