"Hoy promulgamos una normativa que plasma una nueva forma de pensar y de asumir la seguridad", fue el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet, en febrero de 2015, cuando promulgó la nueva ley de control de armas que, entre otros aspectos, obliga a los tribunales a aplicar penas de cárcel efectiva, sin beneficios, a quienes son sorprendidos con artefactos o armamento que no estén inscritos. Esto, independiente de que tenga irreprochable conducta anterior o cumpla otros requisitos que le permitan acceder a penas sustitutivas.

Lo que no esperaba la Mandataria era que los casos de imputados por esta ley fueran revisados por el Tribunal Constitucional (TC) de la misma forma que se ha hecho con la Ley Emilia. Esta última permite a los jueces otorgar un año de cárcel, sin derecho a beneficio, a la persona que conduciendo bajo los efectos del alcohol mate o hiera gravemente a otra persona.

En el caso de la ley de armas las penas pueden ser mayores que las de la Ley Emilia (entre 3 y 5 años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad). Por ello desde enero de 2016 los ministros del TC están revisando requerimientos en los que se impugna un artículo: los imputados alegan que infringe la ley de beneficios (18.216), que rige para todos los sentenciados de cualquier delito que, cumpliendo ciertas condiciones pueden optar a una pena que no sea de cárcel efectiva.

Según el ex fiscal y abogado del estudio FAR y Cia., Vinko Fodich, y quien ha defendido varias causas de este tipo , "lo que hemos dicho, y el TC así lo ha declarado, es que ese artículo de la ley que dice que no hay pena sustitutiva, es inconstitucional porque atenta ante la igualdad ante la ley".

Entre 2016 y hasta el 5 de octubre 2017 ingresaron 389 requerimientos al TC relacionadas con esta ley. De ese total, 345 fueron presentados en 2017 y 44 en 2016.

La mayoría de estas causas sigue en trámite y a la fecha hay 68 resoluciones del TC que favorables a acusados por tribunales penales. El número va en aumento, ya que de estas últimas sentencias 27 se emitieron en 2016 y 41 en lo que va de este año. Esto se traduce en que los jueces de tribunales orales pueden considerar al aplicar una condena la ley de los beneficios.

Para Fodich la ley de armas hace una diferencia arbitraria respecto a condenados por delitos más graves. "Un narcotraficante, si tiene los requisitos para optar a un beneficio, tiene la opción de cumplir su pena sin estar sometido a un régimen carcelario tradicional. Lo mismo ocurre con un pedófilo, un abusador sexual o un violador que sí tienen derechos a penas sustitutivas. En cambio, con la ley de armas no se puede acceder a estos".

El primer caso fue en enero de 2016 y corresponde a un formalizado en Vicuña por porte ilegal de arma de fuego y que arriesgaba una pena de tres años y un día de cárcel. El defensor fue Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal, y quien ha alegado la mayoría de estas causas en el TC. Según Fierro este correspondía a "una persona que estaba cazando en el campo y que en un control policial le pidieron los antecedentes del arma, que era una escopeta, y que por no tener los papeles fue detenido".

Una situación que, advierte, se repite en zonas rurales ya que la caza es común. Agregó que con estas sentencias "lo que está señalando el TC es que la ley es contraria a la Constitución y a los principios de proporcionalidad e igualdad".

El senador Felipe Harboe (PPD), quien integró la Comisión Mixta que despachó esta ley, la defiende: "El porte ilegal de arma de fuego es un delito grave. Está comprobado que la mayor tenencia o liberalidad de esta práctica en manos de particulares, legales o ilegales, genera mayor nivel de violencia, enfrentamiento y delincuencia. Por eso la sanción".

Para Fodich los parlamentarios "no están tomando en cuenta este tipo de arbitrariedades porque se legisla en caliente. Dicen: esto es muy grave y aprueban. Pero en este caso hay 20 delitos más graves a los que se puede acceder a beneficios y se pierde la igualdad ante la ley".

Harboe explicó que el fin de la ley es reforzar las regulaciones y que es difícil prever situaciones como las de la Ley Emilia y control de armas. "Lamentablemente el TC tiene facultades para echar abajo este tipo de normas. No es que lo haga antes de que empiecen a regir, sino cuando la ley está vigente. Además, se ha aplicado sólo en los casos en que las defensas han recurrido al TC, pero hay otros en que el acusado está cumpliendo condena, por lo tanto se aplican en un caso particular", dijo el senador.

Añadió que en marzo pasado se reunieron miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado con representantes del TC y que "a partir de eso se han ido modificando algunos de los fallos".

En tanto, en octubre del año pasado el diputado Daniel Farcas (PPD) ingresó una nueva modificación en la ley que busca regular la compra y uso de armas a fogueo, balines, rifles a postones y de aire comprimido. Esta iniciativa continúa en trámite en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.