Mientras Enel Chile busca una fórmula para integrar a Enel Green Power (EGP), la filial de energía renovable de la italiana trabaja en resolver un conflicto legal que, según su contraparte, debería ser incorporado "como una contingencia" en los informes que valorizarán esa operación, llamada Elqui.

Se trata de un litigio que enfrenta hace más de un año a la minera Arbiodo —ex minera Las Mellizas—, propiedad de Sergio Weinstein, y a la eléctrica liderada por Francesco Starace.

El ex controlador de Andrómaco demandó por más de US$2 mil millones a la empresa de energía verde por instalar su parque eólico Taltal sobre pertenencias mineras acreditadas a su nombre, pues bloquearía la explotación de un yacimiento familiar rico en yodo, nitrato y que, según recientes estudios, cuenta con cristales solares que permitirían levantar un parque solar en la zona en conflicto.

EGP logró concretar el proyecto de Taltal amparándose en un convenio marco de colaboración para la promoción de proyectos con ERNC en terrenos fiscales con potencial, suscrito entre los ministerios de Energía y de Bienes Nacionales el 11 de julio de 2013.

Pero la demanda dice que "el yacimiento tiene certificación desde 2011 y no se ha podido explotar, porque se privilegió la construcción del parque. Eso, a pesar de que en Chile debe primar este tipo de servidumbres por ley, ya que somos un país minero".

El demandante añade que en 1997 comenzó a realizar prospecciones —etapa de exploración avanzada— que concluyeron que existían 258 millones de toneladas de mineral. Y en 2005, en razón del resultado de las exploraciones, comenzó a realizar la ingeniería conceptual.

"He conversado con ellos para ver si se pueden mover, pero no han querido y han hecho que mi proyecto sea inviable. Me imagino que en el proceso que están ahora, ellos le informarán a sus accionistas de esta contingencia legal que los enfrenta con mi empresa. Ellos no son precisamente la niña bonita", dice Weinstein.

Weinstein llegó a la propiedad de la minera de una manera muy compleja. Según explicó a la justicia, en febrero de 2008 "se produce un accidente aéreo en el que mueren Alejandra Perelman, mi ex cónyuge y madre de mis tres hijas; el señor Rafael Cañas, y otros dos menores. En tal accidente sólo sobreviven mis dos hijas mellizas. En ese contexto, mi hija mayor me pide que ayude a su abuelo materno —quien había perdido a su hija y a su socio en el accidente— evaluando la posibilidad de invertir en el negocio que seguía llevando adelante mi antiguo suegro", comenta. Añade que luego de evaluar la inversión, en septiembre de 2008 compró la mitad de los derechos de Arbiodo.

"Pensando, además, que involucrándome en un negocio con mi antiguo suegro, permitiría reconstituir en parte, las relaciones personales con lo que quedaba de la familia materna de mis hijas. En junio de 2011, don Patricio Perelman fallece, quedándome yo solo a cargo de seguir desarrollando Arbiodo", sostiene el empresario, quien recalca que no puede dar inicio a las faenas de explotación mientras esté en el terreno el proyecto de EGP.

A través de un escrito de su abogado Cristián Quinzio, Enel Green Power (EGP) dijo al 12º Juzgado Civil de Santiago que "las demandantes no tienen ni han tenido jamás derecho para hacer uso del sector del predio fiscal en el cual se emplaza el Parque Eólico Taltal, por cuanto no tienen constituida ninguna servidumbre que les permita tal uso, ni otro derecho, cualquiera sea su naturaleza, que le permita ocupar el predio".

Además la compañía eléctrica manifestó que, "la realización del proyecto minero de la actora (Arbiodo) sólo puede ser entendido como una mera expectativa, pues ésta no contaba con los elementos necesarios para dar ejecución al mismo".

Tras un año de tramitación, el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar el millonario proyecto del grupo FFV, ligado a Eduardo Fernández León y a la Inmobiliaria Club de Campo —relacionada a Leonidas Vial—, denominado Club de Campo Vitacura, que pretende levantar un megaproyecto residencial y comercial de US$ 184,3 millones.

Según la autoridad, la iniciativa cumple "con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental" y "ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes". El proyecto, que será votado en la Intendencia Metropolitana el próximo martes, busca construir y operar nueve edificios, dos de los cuales estarían destinados a albergar 560 oficinas y 32 locales comerciales. Los otros siete edificios contendrían 794 viviendas.

La obra se desarrollará en un terreno que tienen ambos socios en avenida Las Condes 12050, en el polígono conformado por las calles San Francisco de Asís, San Damián, Avenida Las Condes y la nueva Costanera Sur.

Durante la tramitación del proyecto, la inmobiliaria se comprometió a realizar prospecciones arqueológicas en la zona y entregar cualquier pieza al Consejo de Monumentos Nacionales.