En medio de los cuestionamientos a las pensiones que entrega la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de la cual dependen el Ejército, la Armada y la Fuerza Área, el vicepresidente de la institución, Cristian Rojas, afirma que cada mes se entregan 5.900 pensiones de inutilidad de segunda categoría, las cuales varían entre los $85 mil y los $7 millones.

Rojas lo dice luego que se hicieron públicos los casos de profesionales que se bien jubilaron por Capredena por esta norma, siguen trabajando en tareas similares en otros sectores.

"La inutilidad de segunda clase, de acuerdo a lo que dice la ley, te deja en inferioridad fisiológica para ejercer funciones privadas o públicas, lo que no significa que te impida trabajar. No permite seguir en servicio activo, pero sí realizar otras funciones. ¿Cuáles? Todas aquellas que no dependan del mundo de las Fuerzas Armas o instituciones vinculadas al Ministerio de Defensa", añade.

—¿Cómo se decretan los montos de las pensiones que entrega Capredena?

—Este es un proceso que se inicia en las instituciones de las Fuerzas Armadas, porque ellas cuentan con la información de las remuneraciones y contrato. Esto se envía al Ministerio de Defensa y a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que hagan el cálculo de la pensión y elaboren la resolución. Posterior a eso, se va a la Contraloría General de la República para que ésta tome razón de la resolución. Una vez que esto sucede, Capredena procede al pago.

—Usted declaró en la Cámara dice que la asignación de las pensiones la hace la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

—Es en la oficina de pensiones de la Subsecretaría que se confecciona la resolución en base a la información que entregan las instituciones. Son las instituciones de Fuerzas Armadas las responsables de la información.

—Como institución, ¿no les llamó la atención el monto de estas pensiones?

—En el caso de los uniformados, se llama inutilidad porque les impide seguir en el servicio activo, cumpliendo funciones militares. La inutilidad la decreta la comisión médica de las Fuerzas Armadas, y es una facultad que posee única y exclusivamente cada una de las instituciones: ni el Ministerio, ni la Contraloría, ni Capredena tienen la posibilidad de observar, cuestionar o reparar en estas resoluciones, así como tampoco conocemos los diagnósticos.

—¿Es habitual pagar pensiones de grandes montos por inutilidad de segunda categoría?

—Es que la pensión está relacionada con la última remuneración. Si uno revisa las pensiones más altas corresponden a oficiales que poseen, en el servicio activo, las rentas más altas. Cuando se decreta la inutilidad, todas las asignaciones que no eran imponibles se vuelven parte de la pensión, eso la hace crecer considerablemente.

Rojas explica que, para calcular el monto de la pensión cuando se decreta una inutilidad, se consideran todas las asignaciones. "Depende del grado militar. Ahora, así como existen unas muy altas, también hay muy bajas. Como se conoció en Informe Especial, van desde una pensión cercana a los $7 millones (que es la más alta del sistema), pero la más baja es de $85 mil pesos para este tipo de inutilidad. Hay cerca de 600 pensiones de este tipo que están bajo la pensión básica solidaria, si uno hiciera la comparación con el mundo civil".

—¿Cuánto se paga en total por este tipo de pensiones?

—Mes a mes pagamos cerca de $5.500 millones, lo cual representa un 6,6% del total del gasto de pensiones mensuales.

—¿Cuál es el porcentaje de jubilados por inutilidad?

—Es el 5,5% del sistema completo, que son cerca de 5.900 pensiones de inutilidad de segunda clase. Las otras inutilidades que son la de primera y tercera clase son muy poquitas, son un poco más de 500 pensiones.

—¿Son usuales los casos como el de Patricio Ríos, ex comandante de la Fach, que aumentó su pensión original?

—Dentro del universo de este tipo de pensiones, aquellos que aumentan su pensión es un porcentaje considerable, pero no tengo la cifra exacta. Sin embargo, está la posibilidad de que la inutilidad se decrete en servicio activo, ya sea por enfermedad o por accidente, o una vez que las personas se retiran por año de servicio. En este caso, tienen hasta diez años para requerir la invalidez.

Patricia Rivera jubiló de Capredena

Jueza que recibe pensión tuvo dos operaciones a la columna

La jueza del 2° Juzgado de Familia de Santiago, Patricia Rivera (64), es uno de los casos de jubilación por inutilidad de segunda categoría: trabajó como abogada en Capdredena y desde hace 20 años recibe una pensión de $1.700.000.

Tras su retiro de Capredena en 1998 Rivera entró a trabajar al Poder Judicial en 2005 vía Academia Judicial.

Según averiguó La Segunda, su jubilación de Capredena fue después de dos operaciones a la columna.

Previo al dictamen de invalidez fue evaluada por la Comisión de Sanidad del Ejército. En el proceso, un integrante de dicha comisión cuestionó que se le aplicara la norma debido a que su profesión era de abogada. Sin embargo, la ley no excluye este el beneficio a abogados por lo que se consideró que cumplía los requisitos.

En 2013, la jueza Rivera fue parte de la Comisión Interinstitucional de Protección —o Comisión Jeldres—, una de las primeras que reveló irregularidades en centros del Sename junto a la jueza Mónica Jeldres.

Rivera fue una de las integrantes del equipo de profesionales del Poder Judicial que en junio inició su recorrido por hogares del Sename en 10 regiones, revisando 6.500 casos, y que se extendió hasta fines de noviembre de ese mismo año.

Antes de llegar a Santiago, en 2005, cuando entró al Poder Judicial, lo hizo como secretaria del Juzgado de Menores de Osorno mientras que en 2006 fue jueza suplente en el Juzgado de Familia de Valdivia.