Explicaciones del Ministerio Público. Eso es lo que pretenden escuchar los miembros de la comisión investigadora del caso fraude en Carabineros luego que se enteraran que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) les derivó en 2011 un reporte de operaciones sospechosas del coronel (r) Arnoldo Riveros, quien recibió depósitos por $ 48 millones en un año cuando su sueldo era de poco más de $1 millón.

Riveros es sindicado por el general (r) Flavio Echeverría (el presunto lider de la organización) como la persona que lo invitó a sumarse al grupo que montó una operación que a la fecha implica un perjuicio fiscal de más de $21 mil millones.

Según los antecedentes, el reporte fue derivado a la Fiscalía Centro Norte, en específico al entonces jefe de Alta Complejidad, José Morales Opazo, quien archivó la causa presuntamente por no haber podido configurar un delito de lavado de dinero.

Morales, al cierre de esta edición, respondió a "La Segunda" por escrito (ver recuadro) e indicó que los informes que recibió —donde se descartaban irregularidades— fueron firmados por personas que hoy son investigadas en el caso fraude en Carabineros.

Por eso en la próxima sesión del lunes, la comisión resolverá a qué representantes del Ministerio Público citará: si al fiscal nacional Jorge Abbott, al fiscal regional Centro Norte Andrés Montes o, directamente, al mismo Morales.

"Creo que resulta necesario conocer cuáles fueron la acciones que se realizaron a partir del informe que remitió la UAF, el año 2011, al Ministerio Público. Buscaremos el mejor mecanismo para poder acceder a esa información", precisó Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora Jaime Pilowsky (DC).

El parlamenario agregó que "la pregunta es qué pasó con este reporte que precisamente hablaba de situaciones anómalas de un funcionario hoy formalizado. De haberse investigado más a fondo esta denuncia, se podría haber descubierto antes este fraude".

Leonardo Soto (PS) plantea que "si el trabajo de investigación de los fiscales de la época hubiese sido todo lo acucioso, quizás este fraude se hubiese descubierto seis años atrás evitándose gran parte del perjuicio económico y daño a la institución que hoy estamos viendo. Es decir, hubo una falla del sistema de investigación judicial y nos interesa saber si esa falla se debe a razones estructurales o a negligencia funcionaria".

—¿Quién debe dar la explicación de parte de Ministerio Público?

—Vamos a pedir la citación de las autoridades que correspondan para que nos den una explicación institucional. El Ministerio Público debe aclarar si hubo algún tipo de negligencia o complacencia en la investigación del 2011 que finalmente contribuyó al hecho de que no se haya descubierto el fraude a pesar de todas las alertas que entregó la UAF".

El persecutor bajo la lupa es José Morales Opazo (43 años), quien en 2015 postuló al cargo de fiscal nacional que finalmente logro Jorge Abbott.

Egresado de la Universidad Central y diplomado en Derecho Penal de esa misma casa de estudios, fue el primero en conseguir una condena por lavado de dinero en octubre de 2007 en contra de Patricio Gálmez Brajovic quien operaba a través de una compañía bananera y a quien, entre otras cosas, se le requisaron cuatro lujosas casas en Pichidangui.

También investigó los casos La Polar, una acusación por paternidad en contra de Mario Kreutberger y el caso Farmacias (en donde propuso la salida alternativa de clases de ética para los ejecutivos imputados), el robo al camión Brink's utilizando fusiles de guerra en el Portal Edwards y aún prosigue, las diligencias por presuntas irregularidades en el puente Cau Cau.

Pero su trabajo no ha estado exento de críticas. En 2014 un informe de la OCDE cuestionó la indagación que hizo Morales en 2011 sobre el caso LAN, razón por la cual el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió reabrir la causa y nombró a otro persecutor: Andrés Montes. También fue removido del caso Cascada a petición de algunos de las partes, como Moneda AGF, que presentó un escrito donde lo acusaba de "falta de acuciosidad" y "omisiones de la investigación".

Uno de los que comparte esas apreciaciones es el abogado Mauricio Daza, quien ha coincidido varias veces con el fiscal Morales, algunas como defensor (caso Kodama) y en otras como querellante (Cascadas).

"En el caso Cascada, donde soy querellante, el largo periodo en que José Morales fue un tiempo perdido", dice Daza.

Respondió por escrito

Los argumentos del persecutor

Esta mañana contactamos al fiscal aludido, José Morales, quien por escrito —y vía comunicaciones de la Fiscalía Centro Norte— nos hizo llegar la siguiente respuesta:

"Durante el año 2011 estuve a cargo de una investigación, que fue encargada al órgano policial especializado, referida a posibles delitos vinculados con un proveedor y un ex funcionario de Carabineros de Chile.

"Se solicitaron antecedentes a diversos órganos del Estado, incluido Carabineros, no obteniendo evidencia que permitiera vincular esos hechos con otras investigaciones actualmente en curso, sino que, por el contrario, se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigados.

Los detalles de esta indagatoria serán informados internamente a las autoridades superiores del Ministerio Público, pero no me es posible referir al respecto debido al deber de reserva legal que afecta este tipo de casos".