El resultado del informe emitido la semana pasada por el abogado Tomas Andrews, veedor de la propuesta de pago que entregó Alberto Chang para intentar evitar su quiebra personal, era ya sospechado por los acreedores: los ofrecimientos hechos por el fundador de Arcano, formalizado en ausencia por una estafa de US$ 100 millones, carecían de validez.

Andrews —quien evaluó la propuesta— tuvo varios elementos en consideración para concluir esto, y básicamente todos apuntan a la falta de colaboración de Chang. Según cuenta, cuando a fines de marzo ambos se entrevistaron en Malta y aún no salía el fallo de la justicia de esa isla que luego rechazaría en primera instancia su extradición, "parecía más preocupado del tema penal que de darle viabilidad concreta a esta reorganización".

Fueron tres días de trabajo entre Andrews, Chang y sus respectivos abogados. Se juntaron jornada completa en el departamento de Chang en Malta (quien estaba en esos momentos con arresto domiciliario), y, salvo una cartola del Banco Chile, "no entregó ningún papel que acreditara sus mallas societarias, ni información tributaria ni contable. Tampoco nos informó documentadamente de los saldos actualizados de sus cuentas corrientes", cuenta el abogado.

"Todo fue muy referencial. Se excusó en que a Malta se llevó lo puesto, que todos los antecedentes los manejaba su gente de confianza y que hoy todo estaba incautado por el Ministerio Público", agregó.

—Entonces, le habló en el aire...

—Sí.

—¿Cree que mintió?

—No es que haya mentido, no contó toda la verdad de sus activos o nos contó verdades a medias.

Cita, por ejemplo, el caso de Snapchat: "Él ofrecía una cantidad de acciones (un millón), pero la totalidad de la sociedad que a través de un vehículo de inversión tenía ese porcentaje no correspondía totalmente a él. Eso estaba compartido con otros socios. En realidad de su propiedad eran sólo 110 mil.

En cuanto a las propiedades en Estados Unidos, Andrews cuenta que ellas no estaban a nombre de Chang, sino que de sociedades en que él tiene participación "y no sabemos si ahí también puede haber otros socios porque él no entregó las escrituras".

"Y de Open English —agrega— no teníamos nada más que los comentarios del propio Chang".

En la entrevista con Chang —que es una obligación legal en estos procesos—, Andrews también tomó conocimiento de que él no contaba ni contrataría abogados que pudieran litigar en el extranjero a su nombre. "En una reorganización necesita que los bienes que se dice que se dispone puedan ser vendidos y con ese dinero pagarles a los inversionistas. El problema es que el liquidador tiene que ir a pleitear a todos lados. Hay que nombrar abogados que inicien los procedimientos administrativos y judiciales para que esos bienes queden a disposición del interventor. Si no te dotan de esos recursos, que tendrían que haber venido de Chang porque él es quien estaba proponiendo la reorganización, no hay cómo hacerlo", explica.

Incluso, cuenta que una vez que la SEC no le levantó cargos penales, Chang dejó de pagarle a la abogada que había contratado en EE.UU.

"Si Chang hubiese querido que esta reorganización funcionara y se cumpliera, tendría que habernos dotado de mayores recursos económicos para iniciar juicios legales en distintas jurisdicciones y poder traer los bienes a Chile".

En su periplo de búsqueda de información, Tomás Andrews viajó a Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Londres, e Isla de Man, entre otros lugares. También a Estados Unidos, donde revisó el expediente del Tribunal Federal que contenía las propiedades, acciones y cuentas que tenía Chang en ese país que y se encuentran congelados.

Se reunió con la liquidadora de la SEC, quien le informó que una vez rematados esos bienes se debían pagar primero los costos judiciales y luego a los estafados que invirtieron en Estados Unidos. "Ella veía muy difícil que quedara un saldo a favor de los acreedores en Chile", cuenta. Dice que en todo caso están en una negociación que permita no dilatar el pleito con el consecuente aumento de los costos.

La ministra de Vivienda, Paulina Saball, estima que la pugna entre los alcaldes de Vitacura y Las Condes por qué hacer en el terreno de 4,5 hectáreas que la segunda comuna posee en el sector de Tabancura tiene que ser resuelta entre Raúl Torrealba y Joaquín Lavín. "No nos corresponde como ministerio en ningún caso abanderizarnos por una u otra posición, sabiendo que ambos bienes —el desarrollo de proyectos de viviendas y el desarrollo de áreas públicas de buen estándar— son cosas que hoy nos interesa garantizar", dijo la ministra.

La disputa se originó cuando el alcalde de Vitacura, a pedido de los vecinos, decidió cambiar el plano regulador de un terreno en Las Hualtatas, en el borde sur del río Mapocho, de modo que sólo se puedan hacer áreas verdes continuando el parque Bicentenario. El predio es de Las Condes desde 1991, cuando el sector sirvió para crear la comuna de Vitacura. Ahí Lavín quiere construir 560 departamentos sociales para personas de Colón Oriente.

"Es muy importante que las familias puedan acceder a una vivienda bien localizada, con un buen equipamiento en las comunas donde originalmente viven, y también, que las ciudades se desarrollen armónicamente respectos de áreas verdes", dijo. Añadió que "no me corresponde a mí ni le corresponde al Ministerio de Vivienda pronunciarnos por una u otra, más cuando nuestro seremi también ha sido llamado para opinar desde el punto de vista de la norma".